Desde Paraná
El intendente de Paraná, Sergio Varisco, quedó a un paso de enfrentar un proceso oral y público por haber supuestamente financiado actividades de comercio de estupefacientes, en beneficio de la organización que encabezaba Daniel Andrés Celis.
El fiscal federal Carlos García Escalada considera agotada la investigación y solicitó la remisión a juicio de la causa en la que también están imputados el concejal Pablo Hernández, la ex funcionaria y policía provincial Griselda Bordeira y el agente de tránsito Alan Nicolás Viola, señalados como nexos entre Varisco y Celis. Del mismo modo, están imputados otros familiares de Celis que integraban la organización narcocriminal y un ciudadano de nacionalidad peruana que oficiaba de nexo entre Celis y su proveedor.
El juez federal Leandro Ríos, que tiene a su cargo la investigación, cree que Varisco financió el relanzamiento de Tavi Celis en sus actividades de comercialización de cocaína mediante la entrega regular de dinero en efectivo y contratos simulados que el municipio tenía con allegados al jefe de la banda de narcotraficantes. El acuerdo también contemplaba la compra de cocaína a precio diferencial por parte de funcionarios municipales para su distribución en las ciudades de Paraná, Concordia y, eventualmente, Nogoyá en la campaña electoral para 2019.
La investigación se sostiene en gran parte por las escuchas telefónicas recogidas durante varios meses.
Un mensaje de texto recuperado del teléfono celular que tenía Celis en su lugar de detención arrojó el primer indicio de ese acuerdo político y fue el puntapié inicial de la investigación:
–Por fin una buena, arreglé con el intendente –le escribió el narcotraficante a su ex pareja, el 5 de septiembre de 2017.
El juez cree que Celis financiaba la comercialización de cocaína con fondos públicos que le garantizaba el intendente a partir de ese acuerdo –del que también participaban Hernández y Bordeira–, y con recursos propios generados por la venta de droga. Sin embargo, García Escalada decidió no sostener la imputación por peculado contra Varisco, es decir, la utilización de fondos públicos para un fin distinto para el que fue asignado.
Si bien no se detectaron comunicaciones directas entre Varisco y Celis, el juez asegura que una de las funciones de Luciana Lemos, la pareja del jefe narco, era mantener ese vínculo abierto en forma “permanente”, “fluida” y “secreta” a través de Hernández y Bordeira, en lo referido a los pagos de dinero y entregas de cocaína. Concretamente, menciona que los funcionarios habrían comprado droga el 1 de diciembre de 2017 y el 27 de abril de 2018 para su comercialización.
El jefe y organizador de la banda era Celis, que coordinaba las adquisiciones de la droga por teléfono desde su celda y luego la distribución y venta de la cocaína; también dirigía a sus asistentes y colaboradores e impartía órdenes relativas a la ejecución del acuerdo político con Varisco, como así también a la compra y traslado de la droga, el control de cantidad y calidad, resguardo, precios de venta y modalidades de pago.
Luciana Lemos, por su parte, tenía un rol central en la organización. Era el nexo de Celis con todos los eslabones, fundamentalmente, mantenía las comunicaciones entre Celis y Varisco, a través de Hernández y Bordeira, “en especial en lo referido a los pagos de dinero y entregas del tóxico que los mencionados funcionarios municipales adquirían”.
Los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Angel Cullen, defensores de Varisco, presentaron ayer un escrito en el cual rechazaron la remisión de la causa a juicio, solicitaron que se declare la nulidad del planteo fiscal y pidieron el sobreseimiento del intendente. En su alegación señalaron que “deviene en falsa y asaz arbitraria la imputación que se le hace a Varisco de que proporcionó periódicamente recursos económicos para la adquisición y comercialización de estupefacientes (...) porque aun en la hipótesis no probada de que se entregó plata, no se acreditó que esa plata fuera destinada al comercio de la droga y, a mayor abundamiento a favor de Varisco, de las escuchas surge claramente que el dinero se destinó, en parte, a honorarios de abogados, a Lemos y familia para su subsistencia, pero nunca a droga”, concluyeron los defensores del intendente.
El pedido de elevación de la causa a juicio encuentra a Varisco en plena recuperación de una operación de by-pass múltiple a la que fue sometido en la Fundación Favaloro y en la cuenta regresiva para el cierre de listas e inicio de la campaña electoral que lo tendrá como candidato para continuar al frente del municipio por cuatro años más.
