La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el sindicato La Bancaria donde determinó “la obligatoriedad de las cámaras de cumplir las cláusulas del acuerdo” salarial alcanzado a fines de noviembre. La implementación de la última parte de la paritaria, un anticipo del 10 por ciento a cuenta de la paritaria más un plus de 2000 pesos, había sido bloqueada la semana pasada por el Ministerio de Trabajo. La decisión se conoció el martes por la noche, el último día de la feria judicial, y ordenó al Poder Ejecutivo que no interfiera en el cumplimiento del acuerdo mientras el mismo se encuentre en “conocimiento judicial”. Desde la cartera laboral calificaron la medida como “totalmente carente de derecho” e indicaron que evalúan elevar un pedido de juicio político contra los jueces. La cautelar fue impulsada por los magistrados Enrique Arias Gibert y Graciela Marino mientras que Mario Fera firmó en disidencia. En paralelo, el gremio y las cámaras empresarias que reúnen a los bancos públicos, privados y extranjeros mantuvieron ayer una audiencia en Trabajo. No alcanzaron ningún acuerdo y desde el gremio que encabeza Sergio Palazzo amenazan con tomar medidas de fuerza si las entidades no cumplen con el acuerdo salarial. Aunque pagaron gran parte de los distintos ítems previstos, las entidades extranjeras nucleadas en ABA ni siquiera firmaron el acuerdo inicial.

La paritaria bancaria produce urticaria en la Casa Rosada. La apuesta oficial es evitar que los convenios colectivos relevantes incluyan pagos a cuenta de futuros aumentos, con los cuales se posterga la firma de un acuerdo definitivo. La Bancaria acordó con las cámaras Adeba y Abappra un puente salarial hasta abril que representa una mejora promedio del 24 por ciento. El acuerdo que fue supervisado por altos funcionarios del ministerio de Trabajo choca con el techo de 17 por ciento anual que pretende imponer la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, el texto fue validado, entre otros, por la banca pública con el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian. Ajenos a las distintas dinámicas y rentabilidades sectoriales o al retroceso en la capacidad de compra de los salarios durante 2016, las autoridades proponen incorporar una cláusula que dispare de manera automática el pago de una suma adicional si los aumentos de precios superan ese guarismo.

El fallo destaca que la primera parte del acuerdo tuvo principio de ejecución y que la conflictividad está vinculada a la falta de homologación de Trabajo. Con la medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordena la implementación del acuerdo bloqueado por la cartera de Jorge Triaca la paritaria bancaria quedó inmersa en la disputa de poder por el traspaso de la justicia nacional al ámbito porteño. En el fuero laboral existe  un extendido malestar  por los cambios implementados al sistema de riesgos de trabajo.

“La medida de la Justicia priva a cámaras que no firmaron el acuerdo su autonomía en la negociación. Vamos a esperar a ver qué deciden las cámaras. El ministerio de Justicia está analizando la posibilidad de iniciar el pedido de juicio político para quienes tomaron estas medidas”, lanzaban anoche fuentes de la cartera laboral que acusaban a Palazzo de una “maniobra política”. Entre los asesores del gremio está el legislador del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, y el diputado del Frente Renovador, Mauricio D’Alessandro. Pero además entre los asesores legales del gremio se encuentra Enrique Srteg, un histórico colaborador del padre del actual ministro.