R. llegó al hospital provincial José María Cullen de Santa Fe para recibir asistencia médica, en la madrugada del sábado 9 de febrero. Llegó con un cuadro de postparto y un feto muerto en una caja de zapatos. Fue sometida a un interrogatorio por los médicos. No los convencieron las respuestas de la chica de 27 años, que estaba en pleno posparto. Rápidamente, el médico José Sil la denunció en la comisaría 4° del barrio Roma de esa ciudad. Con la misma rapidez, el fiscal Rodrigo Iglesias derivó “el caso” a los fiscales Marcelo Nessier y Rosana Marcolín, por un tema de jurisdicción. El lunes, apenas tuvo el alta médica, R. quedó detenida. Tiene un hijo de cuatro años que vive con ella. La acusaron de “homicidio agravado por el vínculo” y le negaron la prisión domiciliaria porque la Fiscalía considera que “puede entorpecer la investigación” y “existe peligro de fuga”, debido a la alta pena en expectativa, la máxima del Código Penal. En su cruzada disciplinadora, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal no se conformaron con eso: alientan con sus informaciones el linchamiento mediático que la joven está sufriendo, con grupos antiderechos que hacen circular su foto. 

R. tuvo el evento obstétrico en su casa. En el hospital no la escucharon o no le creyeron. La joven estaba en una casaquinta que habían alquilado sus padres en Desvío Arijón, una localidad cercana a Santa Fe, pero vive en San Carlos Centro. Son dos pueblos del centro de Santa Fe, y por eso la familia de la joven concurrió al hospital santafesino. Para los fiscales, y los médicos, que R. ocultara su embarazo resulta incriminante. “La gravedad que denunciamos es la persecución y la criminalización a las mujeres que transitan eventos obstétricos, hay distintas situaciones pero esta justicia patriarcal tiene la idea en la cabeza de una pareja heterosexual que va a un sanatorio a tener un niño o una niña y que salen todos felices y contentos y esa no es la realidad que viven las mujeres”, señaló la abogada Lucila Puyol, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y de la Mesa Ni Una Menos Santa Fe. Y subrayó que “hay un montón de circunstancias relacionadas con cuestiones emotivas, psicológicas, con cuestiones fisiológicas, los fiscales están señalizando como una mala madre es porque ella no habría hecho un control de ese embarazo, pero esa situación puede tener un montón de razones, de vergüenza, de no querer contarle a los padres. Eso no la convierte en una asesina”. Esa acusación es la que promueven desde el MPA y amplifican desde las redes sociales los sectores que enseguida ubican en ese lugar a cualquier mujer que se aparte del mandato de la maternidad glorificada. 

Con la misma rapidez que actuó la fiscalía, el movimiento de mujeres de la ciudad de Santa Fe tomó el tema. “Recordamos a les profesionales de la salud la presunción de inocencia que establece el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se garantiza en nuestra Constitución”, expresó un comunicado de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. “Este derecho humano es aniquilado a diario por profesionales que pretenden amedrentar a las mujeres que acuden a centros de salud públicos en busca de ayuda, asistencia, trato digno y confidencialidad”, agregaron. 

Justamente, en la audiencia para determinar la prisión preventiva, el defensor público Sebastián Moleón subrayó que el médico denunciante había faltado a su deber de guardar el secreto profesional. “No había obligación de denunciarla, había obligación de guardar el secreto. Todo lo que se mencionó aquí tiene su vicio de origen”, señaló y pidió la libertad para su defendida. “Fue por un problema de salud y ¿cuál fue la respuesta?, la cárcel. Esto no es un caso penal, es un caso de salud”, añadió Moleón. En esa audiencia, Pegassano definió que la joven quedara presa por 45 días, pero abrió la puerta a una nueva audiencia en la que pueda revisarse la situación.

Entre las distintas violaciones graves a los derechos de R., Moleón subrayó que fue entrevistada varias veces –cuando todavía estaba en el hospital– sin saber que la estaban investigando. “A las pocas horas de solicitar atención médica, fue denunciada penalmente por el delito más grave previsto”, subrayó Moleón en diálogo con Las12. Existió violación a la garantía de defensa. “Una de esas intervenciones fue de un psicólogo de la Policía de Investigaciones, y tenía un fin investigativo claro, porque así que lo indicó un fiscal. Esa actividad se hizo al día siguiente de su internación y a ella recién el día 11 se le informa que la habían denunciado”, subrayó el defensor. 

En términos de la prueba que ofrece Fiscalía, Moleón cuestionó cómo se usaron los resultados de la autopsia. “No llegaron a la conclusión a la que dice la fiscalía que llegaron. No es totalmente claro que haya habido vida, porque para que haya un homicidio, tiene que haber nacido con vida”.

Profesionales de la salud, fiscales y jueces ignoraron el contexto. R. tuvo “un parto sin asistencia médica, con sufrimiento fetal. Estas circunstancias no se evaluaron directamente. La causa de la muerte que autopsia determina no indica qué mecánica está asociada a esa causa. Deben efectuarse estudios complementarios”. El propio defensor, en las audiencias, subrayó la falta de perspectiva de género en la actuación judicial. “Todas esas situaciones son usadas en su contra. Siempre se optó por la hipótesis más grave, en vez de analizar otras posibilidades que surgen del sentido común”, manifestó Moleón. Después de la audiencia, la familia decidió contratar abogados particulares.

Para la abogada de la Campaña, la actuación fiscal fue aviesa. “Ella parió a su hijo, posiblemente muerto o posiblemente se le cayó y eso hace que quede presa y sea acusada de un delito gravísimo, sin ninguna investigación, sin ningún debido proceso, tomando las palabras de ella y su familia para incriminarla”, describió Puyol, y repudió: “Eso es porque no hay perspectiva de género en el Poder Judicial, no lo hay en los médicos ni en la policía. Cuando decimos que queremos terminar con el patriarcado es todo eso, porque el patriarcado es un sistema jurídico, político y económico que nos oprime. Exigimos la libertad inmediata de R., y que continúe el proceso, pero con perspectiva de género y con ella en libertad”. 

Para la Campaña es grave también el hostigamiento público que están sufriendo R. y su familia. “Expresamos nuestro repudio por el linchamiento social y mediático que están propiciando los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, con la colaboración de periodistas que replican información sin perspectiva de género, brindando detalles con el único fin marketinero de alimentar el morbo de sus lectores”.  

Mientras tanto, R. está detenida, lejos de su hijo de 4 años. La joven, que estudia y trabaja, está presa por haber ido a pedir ayuda al hospital.