En la jornada de hoy tendrá lugar la segunda audiencia por el pedido de procedimiento preventivo de crisis (PPC) realizado por Coca-Cola Femsa ante la Secretaría de Trabajo para afrontar el achicamiento de su planta embotelladora del barrio porteño de Pompeya. “La planta está prácticamente parada porque no hay ventas. Pero no permitiremos despidos”, adelantaron desde el Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines, mientras que la rama de aguas y gaseosas del sindicato de Camioneros se declaró “en estado de alerta y movilización”. En la planta de Pompeya trabajan 600 personas, de un total de 3 mil empleadas por Coca-cola Femsa en Argentina.
“Coca-Cola Femsa Argentina atraviesa una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo”, anticipó la compañía. La primera reunión tripartita entre la empresa, los gremios y el Gobierno se realizó el miércoles, cuando los directivos de Coca-cola Femsa advirtieron “dificultades en el funcionamiento de atención en la bodega de la planta y en el turno de una de las líneas de producto”.
Por otro lado, ayer se celebró otra reunión por el pedido del procedimiento preventivo de crisis de parte de Fate, que todavía está bajo análisis. La empresa propiedad de Javier Madanes Quintanilla presentó un documento argumentando que diversas medidas de política económica explican la crisis de la compañía, tales como la caída del mercado interno, suba de costos, incremento del costo financiero y de las importaciones de neumáticos. El caso de PPC más resonante el año pasado fue el de Carrefour. El Gobierno dio el visto bueno a la multinacional francesa, lo cual le permitió avanzar en su plan de cierre de once sucursales, el despido de 300 personas y la concreción de un plan de retiros voluntarios mucho más amplio.
Según datos del Ministerio de la Producción que dirige Dante Sica, desde la asunción de Cambiemos se produjo un incremento de las solicitudes de procedimientos de preventivos de crisis. En 2016, se presentaron 55 casos, mientras que en 2017 ese número subió a 83 casos y en 2018, a 108. Los gremios advierten que se trata de un mecanismo por el cual las grandes empresas encuentran la grieta para aplicar reformas laborales en detrimento de los trabajadores.
