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Con Argentina, el FMI regresó como financista directo de Latinoamérica con el tradicional stand by, comenzado un nuevo ciclo en la región de préstamos condicionados. En esta semana que terminó, se sumó Ecuador con un crédito de 4200 millones de dólares, que se eleva a 10 mil millones con el aporte de otros organismos financieros internacionales. México y Colombia tienen una línea contingente, que se libera ante situaciones económicas críticas y que, por el momento, no se han gatillado. El FMI recupera de esa forma el papel de auditor de las políticas económicas en función de garantizar, fundamentalmente, el pago de intereses y capital de la deuda externa. En esa tarea, a la vez, condiciona a los países por dos vías: la financiera y la económica, definiendo acuerdos que brindan negocios a bancos (reforma previsional), mejoran la tasa de rentabilidad de las empresas (flexibilización laboral) y entregan áreas estatales privilegiadas a multinacionales de servicios estadounidenses y europeas (privatizaciones). El FMI tiene otro rol que no es muy considerado en los análisis habituales, que consiste en ser una pieza relevante en el ordenamiento de la cuestión geopolítica de Estados Unidos, como brazo económico de intervención en áreas que la potencia económica considera como estratégica para sus intereses.
Injerencia
El caso de Venezuela lo deja al descubierto, como en su momento fueron Irak y otros países árabes. El 2 de mayo pasado, el FMI emitió una declaración de censura a Venezuela por no haber implementado las medidas correctivas ni haber cumplido el Artículo VIII, Sección 5 de su Estatuto (suministrar datos como requiere el organismo). En estos días de mucha tensión y de abierta injerencia estadounidense en el proceso político interno venezolano, el titular de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente “encargado”, el diputado Juan Guaidó, adelantó que solicitará apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional, y de otros organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo.
Es una situación parecida a la que se registró en Irak, cuando Estados Unidos se lanzó a la guerra y promovió el derrocamiento de Saddam Hussein. Esto último sucedió en abril de 2003 y, al poco tiempo, el FMI aprobó un préstamo de 436 millones de dólares para Irak, el primero que otorgaba a ese país en su historia. El vínculo del país petrolero con el Fondo sigue hasta hoy, con un último crédito stand by pactado el 7 de julio de 2016, de tres años, por un monto total de 5340 millones de dólares.
En esa zona conflictiva y sensible a intereses geopolíticos de Estados Unidos, el Fondo también pactó líneas de créditos con Túnez, Marruecos, Egipto y Jordania. No es coincidencia que en esos países se estén aplicando planes de ajuste desde que estallara lo que se denomina “Primavera Árabe”, en 2011, revueltas políticas y sociales alentadas por Estados Unidos.
El acuerdo con Jordania asciende a 723 millones de dólares, con Egipto a 12.000 millones y con Túnez a 2900 millones. Marruecos ha recibido unos 15.000 millones de dólares en tres préstamos del FMI desde 2011, comprometiéndose a realizar el ajuste tradicional de reformar el sistema de jubilaciones, recortar subsidios y desregular el mercado.
Brazo financiero
La periodista Whiney Webb, del medio de comunicación web “MintPress News”, con sede en Minnesota, publicó el ilustrativo artículo “WikiLeaks revela el uso militar de los Estados Unidos del FMI y el Banco Mundial como armas no convencionales”. La filtración es el documento “Army Special Operations Forces Unconventional Warfare”, de septiembre 2008, que hoy, con la situación crítica de Venezuela, adquiere relevancia.
La cuenta de twitter de WikiLeaks destaca una sección de ese documento de 248 páginas, titulado “Instrumento financiero del poder nacional de los Estados Unidos y guerra no convencional” (ver facsímiles). En ese texto se señala que el gobierno de los Estados Unidos aplica “políticas financieras unilaterales e indirectas a través de la influencia persuasiva en las instituciones financieras internacionales y nacionales respecto a la disponibilidad y condiciones de los préstamos, subvenciones u otra ayuda financiera a otros países”. Menciona específicamente al Banco Mundial, al FMI y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como el Banco de Pagos Internacionales (BPI), como “lugares diplomático-financieros de los Estados Unidos para lograr” tales objetivos.
Explica que Estados Unidos pude modificar aranceles, tasa de interés y otras medidas legales y burocráticas como parte de una acción financiera unilateral para facilitar, modificar o interrumpir flujos financieros a países.
Esas serían medidas directas, pero también destaca las indirectas, que se aplican a través de esas mencionadas instituciones financieras internacionales.
El documento precisa que “si está debidamente autorizado y coordinado, las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército (Arsof, siglas en inglés) pueden requerir la utilización de incentivos financieros para persuadir a adversarios”. Explicita que la intervención debe ser parte de un plan integrado y consistente de guerra no convencional. Señala que, como todos los otros instrumentos del poder nacional de los Estados Unidos, el uso y los efectos de “las armas financieras” deben ser interrelacionados y coordinados “cuidadosamente”. Para ordenar que “las Arsof debe trabajar con el Departamento de Estado (DOS) y los servicios de inteligencia (IC) para determinar qué elementos financieros de la guerra no convencional son más adecuados”. Indica a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro y a la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera como canales para identificar las oportunidades para “emplear las armas financieras”.
“Independientes”
Este manual de guerra no convencional se ocupa en señalar abiertamente que las instituciones financieras “independientes”, como el Banco Mundial y el FMI, son esencialmente extensiones del poder del gobierno de los Estados Unidos. Webb apunta que esas organizaciones han impulsado sistemáticamente los objetivos geopolíticos de los Estados Unidos en el exterior. Apunta además que esas “armas financieras” están influenciadas por objetivos del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), que actualmente encabeza el halcón republicano John Bolton. El documento señala que el NSC “tiene la responsabilidad principal de la integración de los instrumentos económicos y militares del poder nacional en el extranjero”.
Webb afirma que durante décadas estos organismos estuvieron cubiertas por el mito de la “independencia”, aspecto que “se erosiona rápidamente simplemente al observar la estructura y el financiamiento de cada institución”.
En el caso del Banco Mundial, está ubicado en Washington y el presidente siempre ha sido un estadounidense elegido directamente por el presidente de los Estados Unidos. En toda la historia del Banco Mundial, la Junta de Gobernadores de la institución nunca ha rechazado la elección de Washington. Hace pocos días, el presidente Donald Trump nominó al ex economista de Bear Stearns, David Malpass, para dirigirlo. Bear Stearns fue una de las entidades que con su quiebra gatilló la crisis del 2008. Webb especula con que Malpass “probable limite los préstamos del Banco Mundial a China y a sus países aliados, dada su condición de ser un halcón en la disputa contra China”.
El FMI también tiene su sede en Washington y los Estados Unidos es su principal accionista, con el 17,46 por ciento del capital. Si bien Estados Unidos no elige al máximo ejecutivo del FMI (hasta ahora siempre ha sido un europeo), utiliza su posición privilegiada como el mayor aportante de capital a la institución para controlar su política.
Webb concluye que a pesar de que se publicó hace más de una década, ese “manual”, rescatado ahora por WikiLeaks, sirve como un recordatorio importante respecto a que la “independencia” de esas instituciones financieras es una ilusión y que se encuentran entre las “armas financieras” utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para intervenir en países o incluso derrocar a gobiernos que no se alinean a sus intereses.
América latina
La relación de América latina con el FMI fue cambiando a lo largo de su historia. Hoy, este organismo financiero, además de su papel principal como financista para garantizar el pago a los acreedores, forma parte abiertamente de la estrategia política, económica y militar de Estados Unidos.
En las décadas del 50 y 60 no era así. El Fondo financiaba los déficits externos crónicos de las economías, que se producían porque las exportaciones no aumentaban al mismo ritmo que las importaciones, en la fase ascendente del ciclo económico. Se producía entonces un desfasaje entre el nivel de actividad interna, que se expandía, y la capacidad de pagos externos, por la insuficiencia relativa de divisas, ya sea para abonar la deuda externa como por el aumento de importaciones impulsado por el crecimiento económico.
Este tipo de desequilibrios se conoce como “modelo stop & go”. Ese déficit externo definía periódicamente una recesión que implicaba una caída de la actividad y, por consiguiente, de las importaciones. De ese modo se reestablecía el equilibrio externo. Para financiar ese proceso, economías latinoamericanas en donde prevalecía el “stop & go” buscaban acuerdos con el FMI para conseguir financiamiento para transitar ese ajuste. A cambio, se comprometían por un lapso determinado a implementar políticas contractivas del gasto y, en especial, a devaluar la moneda.
Eran acuerdos con el FMI de corto plazo, después de los cuales los gobiernos recuperaban cierta autonomía en la gestión de la política económica, ya sea consistente o no. Esto significaba que no subordinaban por largo plazo sus estrategias de desarrollo. Ahora la dinámica es muy distinta.
En la década del ‘80 y ‘90 hubo un cambio de la relación del FMI con la región. No desembarcó solamente para financiar un desequilibrio externo transitorio provocado por el “stop & go” de la actividad económica. Lo hizo también para asegurar que los países cumplan con la creciente carga de la deuda externa. El vínculo pasa a ser más extenso y empiezan a intervenir los intereses de la banca acreedores y más tarde los de los grandes fondos de inversión internacional que acumularon en cantidad bonos de deuda de esos países.
El derrumbe de la experiencia neoliberal en la mayoría de los países latinoamericanos modificó el panorama. En los primeros años de la primera década del nuevo siglo, Estados Unidos había desviado un poco el foco sobre América latina porque estaba impactado por el 11-S y ocupado en las guerras en Irak y Afganistán. Período que coincidió con el desprendimiento de los lazos que unía al FMI con varios países de la región. El acontecimiento más importante fue la cancelación anticipada de los créditos, casi en simultáneo, de Brasil, Argentina y Uruguay, por unos 26.000, 10.000 y 1000 millones de dólares, respectivamente.
El FMI se limitó a monitorear las economías en el marco de las consultas anuales del artículo IV, tarea que fue conflictiva durante los gobiernos kirchneristas, porque estos no aceptaban ese papel de auditor de la economía nacional.
Ese ciclo culminó y en la región comenzó uno nuevo de la histórica y traumática relación con el Fondo. El gobierno de Macri lo lidera al arrojar a la economía argentina a manos del FMI, luego de profundizar el déficit externo estructural, al abultar la carga de los intereses de la deuda hasta niveles insostenibles. Esto se agudiza además por la apertura irrestricta al ingreso de capitales especulativos, tornando aún más vulnerable a la economía.
No se trata entonces de un desequilibrio coyuntural del sector externo. El FMI desembarcó de ese modo no sólo con un programa transitorio para evitar el default de la deuda argentina, sino con la intención de promover reformas estructurales. Pero también con un objetivo geopolítico definido por Estados Unidos, que es el de financiar la campaña electoral de Macri, siendo Argentina la puerta inicial de utilización del Fondo como su “arma financiera” en Latinoamérica.
