El presidente estadounidense Donald Trump, un reconocido detractor del derecho al aborto, eliminará la financiación pública a las clínicas privadas que interrumpen embarazos en el país. Trump, quien había prometido restringir la práctica, publicó ahora una norma que endurece la actual y establece que estos centros deben tener una "clara separación física y financiera" entre los servicios de salud subvencionados por el Gobierno y los que se ofrecen para abortos, financiados de forma independiente. La “ley mordaza”, como la llamaron los críticos, impedirá que las clínicas pueda brindar información gratuita a sus pacientes. 

El Departamento de Salud de EE.UU. publicó hoy en su web el borrador definitivo de la ley, anunciada en mayo, y que entrará en vigor dentro de 60 días, cuando sea publicada en el Registro Federal, el diario oficial del Gobierno en el que se difunden leyes, disposiciones y avisos públicos. En sus últimos discursos, Trump había prometido cambios legislativos e incluso pidió al Congreso que prohibiera los abortos tardíos de niños “que puedan sentir dolor en el vientre de la mujer”. 

Las leyes ya impiden que los abortos sean financiados con fondos públicos; pero la nueva norma establece puntualmente que los centros de planificación deben tener una "clara separación física y financiera" entre los servicios de salud subvencionados por el Gobierno y los que ofrecen para abortos, financiados de forma independiente.

La medida afecta directamente a Planned Parenthood, el mayor grupo de planificación familiar de EE.UU. y que, sin ánimo de lucro, ofrece asesoramiento sobre anticonceptivos, tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, pruebas para la detección del cáncer y practica abortos. La organización, que se convirtió en blanco de ataques por parte de grupos antiderechos y seguidores de Trump en 2016, consideró que esa "clara separación física y financiera" entre servicios sanitarios y de aborto no contribuye a la salud de los pacientes.

Planned Parenthood bautizó la norma a como "ley mordaza" porque, en la práctica, impedirá al personal de los centros de planificación familiar informar a sus pacientes sobre las distintas opciones que tienen para abortar, una opción que no se subvenciona con fondos públicos.

Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood, dijo en un comunicado que la "ley mordaza es inadmisible y carece de ética" porque impide a los médicos cumplir con el juramento que han hecho para atender a sus pacientes y ayudarles a tomar las mejores decisiones para su salud.

"Mis pacientes esperan que yo hable con ellos honestamente, que responda sus preguntas y los ayude cuando más lo necesitan", explicó Wen, según el comunicado de la organización.

En términos más amplios, la norma afecta al fondo federal conocido como "Título X", que actualmente cuenta con un presupuesto anual de 260 millones de dólares al año y da servicios a cuatro millones de pacientes en 4.000 clínicas de todo Estados Unidos.