Producción: Javier Lewkowicz

Nacionalismo petrolero 2.0

Por Víctor Bronstein *

El jueves pasado, BP presentó su  panorama energético 2019 donde plantea la importancia fundamental y vigencia del petróleo en el sistema energético mundial. Si bien es difícil precisar con exactitud la evolución del consumo global, ya que dependerá no sólo del crecimiento económico sino también de la evolución de las energías renovables y los cambios en los sistemas de transporte, queda claro que el mundo seguirá consumiendo grandes cantidades de crudo por varias décadas. Actualmente el mundo consume 100 millones de barriles diarios, la perspectiva para 2040 es que este consumo podría bajar a 80 millones o subir a 130. A pesar de esta diferencia, cualquiera de estos escenarios desafía al sistema de abastecimiento petrolero. Hoy, el mundo sabe donde están los recursos, pero si las inversiones futuras se limitan al desarrollo de los yacimientos existentes y no se invierte en el desarrollo de nuevas áreas productivas, se calcula que la producción global declinará en promedio alrededor de un 4,5 por ciento anual (según la Agencia Internacional de Energía), lo que implicará que para 2040 el mundo producirá sólo 35 millones de barriles diarios. En esta perspectiva, el mundo está en peligro. Para evitarlo, se necesitarán varios billones de dólares de inversión en los próximos veinte años y desarrollar esas nuevas áreas productivas, entre las cuales está Vaca Muerta.

Argentina fue pionera en lo que se conoce como la ideología del nacionalismo petrolero, la cual se basaba en defender el recurso de los apetitos de las grandes empresas petroleras y lograr un desarrollo autónomo a partir de la creación de una empresa estatal. También esta política permitía fijar el precio del crudo y sus derivados para impulsar el desarrollo del país. Sin embargo, hoy la situación es totalmente distinta y tiene otro grado de complejidad. El tema ya no es la defensa del recurso sino cómo los desarrollamos y que políticas establecemos. Hoy, en el sistema petrolero mundial conviven empresas estatales, mixtas y privadas, y todas son necesarias.

Por ejemplo, los primeros pasos en el desarrollo del shale  en EE.UU. se dieron cuando el gas en boca de pozo estaba a 14 dólares el millón de BTU, el barril de petróleo a 100 dólares y el gobierno norteamericano impulsó ese desarrollo con políticas fiscales y desarrollos tecnológicos. Hoy, el crudo está a 60 dólares y el precio del gas está en discusión con un gobierno dubitativo y condicionado por el FMI. La rentabilidad de estos recursos es crítica y, por consiguiente, es necesaria tanto la inversión empresaria como el apoyo del Estado y cierto esfuerzo fiscal para que Vaca Muerta pueda desarrollarse de manera sustentable.  

La columna vertebral de una política energética nacional debe ser garantizar la energía para el funcionamiento de la sociedad y el sistema productivo de un país. La seguridad energética trasciende el tema de tarifas y costo fiscal, y se define como la forma de asegurar disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible. Este concepto surge después de las crisis petroleras que sacudieron al mundo en la década de 1970 y que dieron lugar a la creación de la Agencia Internacional de Energía integrada por los países OCDE. Teniendo en cuenta la fragilidad de Europa, Japón y Estados Unidos en cuanto a que son importadores de gas y petróleo, la AIE establece lo que llaman la seguridad energética a largo plazo, donde se promueven las inversiones necesarias para el desarrollo de las distintas fuentes de energía, principalmente las renovables, para salir de la dependencia del petróleo. Por otra parte, define criterios que deben cumplir los países miembros de seguridad energética de corto plazo. Estos criterios se centran en la capacidad del sistema de energía para reaccionar rápidamente a los cambios repentinos en el equilibrio entre oferta y demanda. Se establece que los países deben contar con reservas estratégicas de petróleo y se definen también estrategias militares para actuar en caso de ser necesario para garantizarse el recurso. Las proyecciones de BP hacen que estos conceptos sigan vigentes.

Todavía es muy temprano para escribir el obituario del petróleo, pero en algún momento llegará. Mientras tanto, Argentina y el mundo necesitan a Vaca Muerta. Establecer las políticas para su desarrollo es el nacionalismo petrolero de la época.

* Director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Profesor UBA.

La discusión sobre el gas

Por Roberto Kozulj *

La escasez de gas natural en Argentina, que comenzó a manifestarse desde 2004 ha sido uno de los mayores problemas vinculados con la inestabilidad macroeconómica del país. Dicha escasez ha obligado a requerir sustitutos más caros, hayan sido estos el gas de Bolivia, el GNL, el fueloil, el gasoil o, más recientemente, la explotación de gas no convencional de mayor costo. Bajo distintos escenarios de precios internacionales de la energía ello ha implicado: a) erogar más divisas, siempre escasas; b) incrementar los costos de la electricidad y del gas distribuido, con la subsiguiente cuestión de quien debe pagar por dichos aumentos. Hasta 2015 la respuesta frente a esta última cuestión fue afrontarlo desde las cuentas públicas a fin de evitar un impacto sobre la caída de la demanda agregada. Claro que esta opción tuvo sus impactos debido a la magnitud que alcanzaron los subsidios dentro del gasto público con la subsecuente cuestión de cómo financiarlo sin provocar inflación, escasez de divisas y, a la larga, también una recesión. En 2015 el Instituto Argentino de Energía “General Mosconi” (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) señalaron que los subsidios a la energía habían trepado desde el 2,3 por ciento del gasto público primario en 2006, al 5,6 por ciento en 2009 y al 12,3 por ciento en 2014.

Con el cambio de gobierno el criterio fue el opuesto. El mayor costo de la energía debían pagarlo los usuarios. De allí toda la discusión en torno a los “tarifazos”, cómo manejar una gradualidad y resguardar a los sectores vulnerables. Las hipótesis en torno a su impacto inflacionario y –peor aún–, sobre el impacto de las sucesivas devaluaciones sobre precios y tarifas incrementados y dolarizados, parece haber sido minimizado. Pero este impacto revelaría otra interesante faceta de nuestra imposibilidad de lograr consensos en qué es o no un subsidio, cuando y como focalizarlo; quien tiene derecho a qué y como dirimir diferencias acerca del modelo de país deseable y posible. El informe de ASAP de diciembre de 2018 es un excelente instrumento para tratar el tema. Por una parte, nos indica que ahora el nivel de subsidios a la energía continúa representando el 6,75 por ciento del gasto público primario (a pesar de que el precio medio de la electricidad en el mercado eléctrico mayorista subió más de 11 veces entre 2015 y 2018), pero también que los intereses –pagados para evitar nuevas corridas cambiarias–, han alcanzado ya el 16,3 por ciento del gasto público total o el equivalente al 19,5 por ciento del gasto público primario. Es claro que el ahogo financiero de fines de 2015 conducía a una muy crítica escasez de divisas, pero también es claro que el costo de obtener financiamiento externo es altísimo. 

Como si este cuadro no fuera suficientemente revelador de nuestras enormes contradicciones como sociedad, se nos presenta ahora la disputa respecto a qué valor debe pagar el gobierno por el gas no convencional y qué consecuencias tendrá ello sobre el gasto, auditado por el FMI. A tal efecto conviene resaltar que cada plan de estímulo a la producción de gas no ha sido suficiente para reducir significativamente las importaciones que, entre 2013 y 2017 rondaron los 30 a 33 millones de metros cúbicos día (MMCD), mientras que en 2018 se las logró bajar a 26,8 MMCD, cifra que supera aún las de años anteriores a 2010-2012. Claro está que esta sustitución de importaciones tuvo entre sus protagonistas a Tecpetrol con el desarrollo de Fortín de Piedra aportando 8 MMCD en promedio durante 2018 llegando a 14,5 MMCD en diciembre de 2018. Pero la discusión por el precio del gas en el caso del desarrollo Fortín de Piedra y sus consecuencias tiene una arista más en torno al modelo de país, al desarrollo industrial y su viabilidad, tema que toda sociedad superó a comienzos del siglo pasado o a fines del XIX. Imaginar que a “las necesarias reformas estructurales”–léase disminuir el gasto público–, le seguirá una época de prosperidad a partir de la iniciativa privada es o ingenuo o perverso, como lo es decir que se puede vivir solo exportando soja, o duplicar la producción de petróleo y gas en solo 5 años. La Argentina no es tan rica para que haya tantos lujos, ni tan pobre para que haya tantos pobres, ni institucionalmente fuerte para dirimir conflictos con justicia social mínima. A pesar de ello el debate político lo ignora como si no fuera necesario pensar en una Argentina integrada socialmente, pero también a un mundo cada vez más complejo. 

* Economista especialista en energía.