En diciembre pasado las secretarías nacionales de Ambiente y de Turismo, junto con la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, anunciaron licitaciones en el sistema de Parques Nacionales –para este febrero que termina- a fin de que inversores privados puedan realizar emprendimientos en las primeras 37 “Oportunidades Naturales”, tal el desafortunado nombre impuesto a la iniciativa.

La médula del plan sería “desarrollar emprendimientos ligados al cuidado del medio ambiente, la construcción sustentable, las energías renovables y la gestión de residuos en áreas naturales protegidas”. Lo cual, viniendo de este gobierno, puso a la inmediata defensiva a muchos sectores vinculados al conservacionismo, la hotelería y los negocios, que no ven con buenos ojos que los 35 PN argentinos puedan ser concesionados a plazos de entre 15 y 30 años. Esos parques ocupan casi un 4 % del territorio nacional y su cuidado está a cargo de unos 200 guardaparques. 

Desde que en 1934 se crearon los PN Iguazú y Nahuel Huapí, según datos de Wikipedia la Argentina es hoy el 16º país del mundo con mayor cantidad de PN, y su sistema se completa con 3 parques interjurisdiccionales (entre Santa Cruz y Chubut) y 7 reservas naturales y áreas marinas. Que serían éstas nominales, ya que la depredación en el Mar Argentino parece irrefrenable. 

Además de los parques, existen unos 250 predios protegidos, al menos en teoría, bajo jurisdicciones provinciales, municipales e incluso de gestión privada. Llamados parques provinciales o reservas forestales, naturales o de la biosfera, según la APN conforman un sistema de 483 áreas protegidas que totalizan casi 36 millones de hectáreas “de ambientes naturales de gran riqueza geográfica y biológica”. Son desiertos, mesetas, montañas, sierras, selvas, bosques, llanuras, ríos, glaciares y costas marinas. Un tesoro que inevitablemente, y más en tiempos como éste, despierta ambiciones.

En tal contexto, y dadas las conductas predatorias del macrismo (en materia de empleo, producción, educación, salud y previsión social, por lo menos) el sólo hecho de modificar el histórico sistema de cuidado de los Parques Nacionales es por lo menos generador de desconfianzas. Más aún a menos de un año de la posible terminación de este gobierno, que no se caracterizó por cuidar áreas protegidas ni el medio ambiente, y es cómplice de la feroz tala de bosques.

He ahí, pareciera, la madre del problema. Porque independientemente de que sí hay involucrados funcionarios y fundaciones con buenas trayectorias, algunas voces de alarma señalan que estamos frente a proyectos privatizadores o cuando menos de tercerización, que es sabido que casi siempre en este país tienen nombres y apellidos.

Cabría enfriar entonces un conflicto que afecta, en el Chaco, a uno de los más recientes parques del país, el PN El Impenetrable. Creado en 2014 por Ley Nº26996, y con 130.000 hectáreas vírgenes en el norte de la provincia y a orillas del río Bermejo, es un tesoro fabuloso por sus nutridas fauna y flora de extraordinaria belleza, que conozco bien por haber sido uno de los promotores originales del Parque y haberlo recorrido muchas veces.

En estos días surgen voces de fuerte oposición a los llamados a licitación para instalar dentro del PN El Impenetrable lo que mal se llama “glamping”, vocablo inexistente en Inglés y que en realidad remite a “glaming”, que significa “glamoroso”. O sea la instalación de pequeños hoteles 5 estrellas en lugares estratégicos.

El sector turístico chaqueño y varias ONGs se oponen con sólidos argumentos: que instalar un emprendimiento dentro del Parque quita posibilidades de desarrollo a los habitantes externos. Que el previsto Centro de Servicios en parajes vecinos no podrá desarrollarse a pleno frente a la competencia del mejor lugar dentro del parque. Que dará pocos empleos a las comunidades originarias vecinas. Así también se pronunciaron cámaras y fundaciones ambientalistas: que “en ninguno de los parques se hizo consulta ni participación de los proyectos a la comunidad ni al sector turístico” y que los análisis de impacto socio-económico en el Paraje La Armonía, vecino del PN, aconsejan “mantener los servicios de alojamiento y comida en el entorno pero afuera del parque”.

Por su lado, y en referencia al PN Iguazú, el  Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) se opone a las “Oportunidades Naturales” para la inversión privada de campamentos de lujo dentro del área del PN. La campaña es muy fuerte y el Consejo Deliberante de Puerto Iguazú y organizaciones comunitarias reclaman suspender las licitaciones, con el mismo espíritu que impera en el Chaco. Donde abundan comentarios sobre la presión que ejercería Marcos Peña Braun sobre el gobierno provincial, que dio su aval desde el Instituto de Turismo asegurando que “no es verdad que con el glaming no habrá desarrollo” siempre y cuando “esos servicios sean sólo para 20 personas”.

Un buen antecedente es el trabajo precursor que hizo en estos territorios la Fundación CLT (Conservation Land & Trust) del desaparecido Douglas Tomkins (ver: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-288218-2015-12-14.html). Poco antes de su muerte, facilitó y financió la instalación de campamentos de capacitación en servicios turísticos en el Paraje Nueva Población y otros dentro del hoy Parque. Allí se recibió en 2014 a más de 800 visitantes y científicos del país y el extranjero. Por eso hoy CLT tiene buena reputación en el manejo de reservas naturales, así como en la repoblación de especies localmente extintas o en vías de extinción. La reintroducción de grandes mamíferos como el yaguareté en el PN Iberá, más la instalación de una Estación Biológica con buena infraestructura, son labores desde hace años positivas. En ese contexto, cierto “glaming” de capacidad mínima y bien controlado, como en algunos países africanos, podría dar trabajo a lugareños (guías, limpieza, cocina), sin impedir todos los otros servicios locales imprescindibles .

Conservación, turismo y negocios, hoy, en el mundo, son una apuesta riesgosa. Bien controlados por el Estado, cuando el Estado cuida del bien común, no debieran ser términos necesariamente incompatibles. Al menos en teoría.