La reunión del Grupo de Lima que tuvo lugar en la capital de Colombia rechazó el uso de la violencia para resolver el conflicto que desataron los partidos de la oposición en Venezuela e insistieron con la solución diplomática para llegar a nuevas elecciones aunque con la salida previa del presidente constitucional Nicolás Maduro. En principio bien podría considerarse ese resultado como una buena noticia para la paz en Venezuela en particular y para Latinoamérica en general. Sin embargo, las declaraciones previas a la reunión del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que participó del cónclave en Bogotá, hacen suponer que la estrategia norteamericana tiene que ver con generar un escenario bélico y su participación ante un posible conflicto binacional entre Colombia y Venezuela.

Pence fue claro cuando dijo, en medio de las deliberaciones del Grupo de Lima, que “Colombia es nuestro socio más importante en la región y cualquier amenaza a su soberanía o seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos”. La frase llega pocas horas después de que el presidente Maduro anunciara la ruptura de relaciones con Colombia.

La frase del vicepresidente norteamericano es una muestra de cuál puede ser la estrategia del gobierno de Donald Trump ante la resistencia de los países latinoamericanos a montarse en una aventura bélica de consecuencias difíciles de calcular, al menos para estos gobiernos. El vínculo de los EEUU con Colombia es más que estrecho y las relaciones ya superan la condición de carnales donde la presencia de efectivos de las fuerzas armadas norteamericanas es habitual y viene de la época del supuesto combate al narcotráfico y las organizaciones guerrilleras.

En este contexto y en base a la declaración de Pence lo que estaría dejando el gobierno norteamericano es que los países del Grupo de Lima se dediquen a la disputa diplomática y en los foros internacionales y multilaterales mientras EEUU y Colombia, con Iván Duque a la cabeza, se concentran en la salida bélica.  El enfrentamiento del domingo a la madrugada cuando desde Colombia un grupo de unos 60 paramilitares atacaron sin éxito el puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bien puede ser tomado como una prueba de la búsqueda de generar un motivo para que Colombia se sienta atacada. En esa oportunidad, los efectivos de la GNB repelieron el ataque y no se adentraron en territorio colombiano que está a escasos 20 metros. 

Colombia tiene antecedentes en lo que hace a ingresar al territorio de otros países. El ejemplo más claro fue el ataque que realizaron, con ayuda de los Estados Unidos, al campamento que las FARC tenían en una zona selvática cercana a la población ecuatoriana de Santa Rosa de Sucumbíos. El campamento estaba a un kilómetro de la frontera de Colombia. En aquella oportunidad, marzo de 2008, murieron en el ataque varios guerrilleros, entre ellos uno de los líderes de las FARC, Raúl Reyes, cuyo cuerpo fue el único retirado por las fuerzas especiales colombianas. Ese hecho generó un fuerte entredicho diplomático entre los entonces gobiernos de Alvaro Uribe y de Rafael Correa. En ese entonces, el presidente de Ecuador acusó a los Estados Unidos de haber brindado el apoyo logístico desde la base que tenían en la ciudad ecuatoriana de Manta. 

En esa línea y luego de leer el documento consensuado por los países miembros del Grupo de Lima, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo a los periodistas que posee información "seria y creíble" sobre amenazas contra el diputado Juan Guaidó y su familia. Es por ello que aseguró que "responsabilizaremos al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, lo que se convertiría en otro crimen y daría una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos". Lo que no está claro es cuál será el destino geográfico de Guaidó ya que egresó de Venezuela de manera ilegal de Venezuela a pesar de que la justicia le prohibió la salida de Venezuela. 

Las diferencias que surgieron en la reunión en Bogotá las expresó el canciller peruano, Néstor Popolizio, que desde que llegó a la capital colombiana se mostró proclive a una salida negociada y diplomática de la crisis venezolana. Si bien respalda a Guaidó en todo momento expresó la posición de su país de rechazo a cualquier salida violenta. Esto fue, se podría decir, lo que llevó a los Estados Unidos a tomar como alternativa a su posición guerrerista a utilizar a Colombia como pretexto para avanzar en una posible invasión.

El resultado de la reunión genera una pausa en la confrontación contra el gobierno constitucional de Maduro pero solo eso. Es el tiempo entre un relámpago y un trueno, como advirtió el encargado especial sobre Venezuela, Elliot Abrams, a los funcionarios de la cancillería venezolana en enero pasado y que se traduce en el permanente asedio que implementarán contra el gobierno bolivariano.

El texto del documento del Grupo de Lima es el siguiente:

1. Condenan las acciones deliberadas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que, sin considerar el sufrimiento de la población ni los insistentes llamados de la comunidad internacional, han impedido, el 23 de febrero, el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentran la vida, dignidad e integridad de los venezolanos.

2. Expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y reconocen su valentía y coraje en su lucha por recuperar la democracia, y reiteran el compromiso del Grupo de Lima de seguir apoyándolo activamente en este esfuerzo

3. Denuncian ante la comunidad internacional al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro por estar sometiendo intencionalmente a los venezolanos, y en particular a la población más vulnerable, a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder.

4. Expresan su agradecimiento por la asistencia humanitaria puesta a disposición de Venezuela, y condenan la violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados al servicio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para obstaculizar su distribución y para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos.  En consecuencia, colaborarán para que los responsables de tales actos comparezcan ante la justicia.

5. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad, en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018, y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania.

6. Deciden impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela, en seguimiento a la profunda preocupación por “las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria” en ese país, expresada en la Resolución A/HRC/RES/39/1 “Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” del 26 de septiembre de 2018; y reiteran su llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

7. Manifiestan el carácter irreversible de su compromiso en favor de la transición democrática y la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, destacando que la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región, por lo cual están propiciando la discusión de la actual situación en ese país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y seguirán abordándola en la Organización de los Estados Americanos.  Asimismo, adelantarán gestiones directas ante el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas para que, de conformidad con sus competencias, impulse la activación del Sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela.

8. Expresan su satisfacción ante el número creciente de Estados que han reconocido la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y del Presidente Encargado, Juan Guaidó, e invitan a esos Estados y al conjunto de la comunidad internacional a sumarse al compromiso del Grupo de Lima con la transición democrática y con la inmediata provisión de asistencia humanitaria, adhiriendo a la Declaración de Ottawa por Venezuela.  En ese sentido, deciden intensificar las gestiones del Grupo de Lima a nivel internacional estableciendo todos los contactos y coordinaciones  necesarias, incluyendo misiones especiales, para dar a conocer los esfuerzos y las acciones que ha emprendido el Grupo para ayudar a la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela.

9. Resuelven mantener permanente coordinación con los representantes del gobierno del Presidente Encargado, Juan Guaidó, tanto en sus relaciones bilaterales como en las organizaciones internacionales a las que pertenecen y en los foros multilaterales en los que participan, con miras al retorno de la democracia, la reconstrucción económica, y la inmediata atención de la crisis humanitaria. En tal virtud, promoverán su reconocimiento en las organizaciones internacionales y en los mecanismos de coordinación multilaterales, como representantes legítimos de Venezuela.

10. Deciden avanzar en el reconocimiento de los representantes del Presidente Encargado, Juan Guaidó, de acuerdo con sus procedimientos internos.

11. Reiteran su llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional a reconocer al Presidente Encargado, Juan Guaidó, como su Comandante en Jefe, y los exhortan a que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la Nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos.

12. Exhortan a los miembros del Poder Judicial y el Sistema de Justicia de Venezuela, incluyendo quienes han sido designados irregularmente como tales, a reconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional y del Presidente Encargado, Juan Guaidó, y a respetar el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales, con el fin de facilitar la transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela.

13. Hacen un llamamiento a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que abran paso al proceso de transición democrática y la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles.

14. Ofrecen su decidido apoyo al Acuerdo para la promoción del Plan de Rescate del País, adoptado por la Asamblea Nacional el pasado 29 de enero. En ese sentido, expresan su disposición a convocar una conferencia internacional, y solicitarán al Banco Interamericano de Desarrollo que lidere el acompañamiento a las autoridades legítimas de Venezuela en la implementación de las reformas institucionales y económicas que éstas estimen necesarias para reactivar la economía y ofrecer oportunidades de progreso social para todos los venezolanos.

15. Reafirman el derecho de todos los venezolanos a vivir en democracia y libertad, y por consiguiente, reiteran su respaldo a la celebración de elecciones libres y justas, abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con acompañamiento y observación internacional, organizadas por una autoridad electoral neutral y legítimamente constituida. Para que estas nuevas elecciones democráticas se celebren, exigen la salida inmediata de Nicolás Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al Presidente Encargado, Juan Guaidó.

17. Acuerdan reafirmar y hacer seguimiento a las medidas adoptadas por el Grupo de Lima previamente; ofrecer todo su apoyo al diseño y ejecución del calendario electoral que establezcan la Asamblea Nacional y el Presidente Encargado, Juan Guaidó; y exhortar a la comunidad internacional sobre la urgente necesidad de que se permita el ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano.

18. Saludan el ofrecimiento del Gobierno de la República de Chile de acoger la próxima reunión del Grupo de Lima en fecha por determinar.