“Queremos niñas, no madres”, exclamaron integrantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal y de agrupaciones políticas y estudiantiles durante la manifestación y el pañuelazo frente a la casa de Tucumán con el que reclamaron el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de la niña de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela. Representantes de la Campaña fueron recibidas por el secretario de la institución, Guido Ferrari, quien recibió un documento en el que se exige “el inmediato cumplimiento de la ILE y la destitución de cada uno de los actores que fueron cómplices de la obstaculización del ejercicio de este derecho”.
“(Ferrari) nos escuchó y parecía estar de acuerdo con todo lo que le planteamos, pero nos dijo: ‘Ustedes saben cómo es esto. En Tucumán el Ministerio sabe que este es un aborto legal’”, contó a PáginaI12 Martha Rosenberg, una de las integrantes de la Campaña que participó de la entrega del documento. El secretario de la casa de Tucumán se comprometió a hacer llegar el pedido a las autoridades provinciales.
“Le señalamos que el secuestro de la nena en un establecimiento de salud, que no tiene ningún motivo, es absolutamente ilegal y que también y es tortura tenerla en una situación de privación de la libertad desde todo punto de vista”, agregó la activista.
La niña de 11 años denunció, junto a su madre, que había sido violada por la pareja de su abuela, quien se encargaba de cuidarla. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, imploró ella ante una psicóloga del hospital donde permanece internada. Sin embargo, el Estado pone trabas para que la niña acceda a una ILE y judicializó el caso. Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir repudiaron el accionar de la fiscal Adriana Giannoni porque aseguran que “su único rol debería ser investigar y condenar la violación” y que esta obstaculización “atenta contra la integridad física y la dignidad” de la niña.
“No les importa nada de nada porque tenemos la peor calaña gobernando en Tucumán”, acusó Nina Brugo y responsabilizó al gobernador Juan Manzur, a la ministra de Salud, Roxana Chahla y al secretario de Salud, Gustavo Vigliocco, por el “secuestro y tortura” de la niña. “Esa niña ha rogado que le saquen lo que le metió el viejo adentro y la están torturando esperando salvar las llamadas ‘dos vidas’”, reclamó la histórica integrante de la Campaña. También señaló que no corresponde judicializar el caso porque es una violación del Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia.
Brugo y otras activistas dialogaron con los agentes de la Policía encargados del operativo de seguridad. Cuando ellas les explicaron el motivo de la manifestación, uno de los policías las miró sorprendido y exclamó: “¡Pero es legal!”. A su alrededor, mujeres con pañuelos verdes atados en el cuello o en las muñecas desplegaban banderas y carteles que exigían la legalización del aborto.
En la manifestación se leyó un documento de la Campaña en el que se pide que el Estado “deje de torturar” a la niña y de “obstruir los derechos ya conseguidos”. Anunciaron, además, que elevaron un pedido al Tribunal Supremo de Tucumán para que se respeten “el fallo FAL, la Constitución y los tratados internacionales”. También recordaron el caso de Belén, sucedido en Tucumán, la joven que sufrió un aborto espontáneo estuvo presa desde 2014 hasta mediados de 2016 acusada de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”.
El documento que la Campaña entregó a Ferrari manifiesta que es inadmisible que “se siga poniendo en juego la salud y la vida de las niñas” cuando el protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la ILE establece que no se necesita autorización judicial para acceder a la práctica cuando se es víctima de una violación. Además, criticaron que se hicieran públicos datos sensibles de la niña y su familia “exponiéndoles al juzgamiento social”.
“Sabemos que Tucumán es una provincia que no acata fácilmente las decisiones nacionales”, dijo a este medio María Alicia Gutiérrez, integrante de la Campaña. “Tienen un gobernador que es pañuelo celeste y hay una obstrucción clarísima del Estado de acceso a ILE. Nosotros seguiremos exigiendo la aplicación de algo que es legal indiscutiblemente”, aseguró. Asimismo, denunció los “tejes y manejes” de sectores antiderechos que utilizan su influencia para “poner el freno a la aplicación concreta de una ley”.
En la misma línea se expresó Rosenberg. “Con este nuevo caso tan parecido al de Jujuy, lo que se revela es que la política de ‘salvemos las dos vidas’ se está convirtiendo en una política de Estado en muchos lugares del país”, manifestó. “Prefieren hacer nacer un feto que muere a los dos días y engrosa las estadísticas de maternidad infantil y le cagan la vida a la piba y la transforman en madre. Es la verdadera maternidad forzada y eso es lo que están haciendo”, advirtió.
Informe: Ludmila Ferrer.
