Las distribuidoras de gas pidieron al Gobierno aplicar aumentos de alrededor del 35 por ciento en las tarifas de gas desde abril. Fue en el marco de la audiencia pública celebrada ayer, en donde expusieron representantes de las empresas para justificar sus pedidos de subas y también defensores del pueblo y dirigentes de las entidades de consumidores, quienes criticaron la política tarifaria de Cambiemos. Días atrás, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, advirtió que las boletas aumentarían a lo sumo un 30 por ciento, por debajo de las pretensiones de las compañías. La variable de ajuste que el Gobierno aplicaría para limitar la suba del gas sería no saldar una deuda que reclaman las empresas por la recomposición inflacionaria del año pasado ni reconocer toda la inflación mayorista de los últimos meses del 2018. Además, la segunda suba del año del gas no sería en octubre, como estaba previsto, sino en diciembre, para mitigar el impacto en el bolsillo antes de las elecciones presidenciales.
Ayer en el Centro Metropolitano de Diseño se celebró la audiencia para analizar una nueva suba en la tarifa del gas. El encuentro fue encabezado por Mauricio Ezequiel Roitman, presidente del Enargas, quien destacó la realización de la primera subasta electrónica del gas a mediados de febrero. De esa subasta surgió un precio promedio ponderado para los próximos doce meses de 4,56 dólares por millón de BTU para el gas en boca de pozo, uno de los componentes de las boletas de gas, por encima de lo que se esperaba. En realidad, los precios finales son en pesos y el dólar acordado es el promedio del Banco Nación de los 15 días previos a la aplicación de la nueva tarifa (en este caso, la segunda quincena de marzo).
Además del precio del gas, el otro componente fuerte de las boletas es el valor de distribución. Metrogas es la distribuidora más grande del país, ya que abastece a 2,4 millones de hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense. La empresa se quejó de que “no ha distribuido resultados en los últimos 18 años” y planteó que “entre abril de 2017 y diciembre de 2018 invirtió 2043 millones de pesos”. Metrogas pidió un ajuste del 35,6 por ciento en el cargo fijo y de 31,5 en el cargo variable, que tendría una repercusión del 32 por ciento en las boletas. Ese número estaría justificado, según la empresa, por la diferencia por inflación acumulada del año pasado.
Metrogas y las otras distribuidoras afirman que en octubre de 2018 les deberían haber reconocido un 32 por ciento de ajuste semestral, correspondiente al período febrero-agosto del año pasado, al tomar como referencia la evolución del Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Sin embargo, en ese momento el Enargas autorizó un 19,6 por ciento en base al IPIM, el costo de la construcción y el índice de variación salarial. “Se solicita el ajuste del componente de distribución considerando el IPIM tomando como base febrero de 2018 versus el mismo índice de febrero de 2019, deduciendo el reconocimiento parcial efectuado en el ajuste de las tarifas de octubre de 2018”, dijo Metrogas, cuya propuesta implica que “el 80 por ciento de los usuarios pagarían 5,40 pesos adicionales por día con las nuevas tarifas”, es decir, 160 pesos más mensuales.
En tanto, Camuzzi Gas Pampeana, que presta servicio en la provincia de Buenos Aires, pidió un aumento de tarifas del 34 por ciento, mientras que Gas Natural Ban solicitó un incremento de las boletas del 35,6 por ciento en el cargo fijo y del 39,7 por ciento del cargo variable. En cambio, la intención del Gobierno es que el aumento no supere el 30 por ciento.
El defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, criticó “la dolarización de las tarifas de servicios públicos esenciales”. “Muchos usuarios que no pueden pagar las tarifas se endeudan en cooperativas y mutuales, pronto ya no podrán pagar más”, argumentó. Pidió además la ampliación de la tarifa social y que los aumentos tarifarios “vayan de la mano de las negociaciones paritarias”. Héctor Polino, de la entidad Consumidores Libres, planteó que “están cobrando el gas como si el grueso del recurso que se vende no se extrajera del suelo argentino. Lo cobran como si se importara en su totalidad y no es así”.
