El gobierno de Tucumán  anunció anoche que cumplirá con la interrupción legal del embarazo de la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela.  En un comunicado insistió en que “salvará las dos vidas”.Al cierre de esta edición no se había concretado aún la práctica. La niña estaba en ayunas desde la mañana.

 La gestación fue detectada hace más de un mes en un centro de salud, cuando cursaba la semana 19. Recién ayer, el Siprosa informó ante un requerimiento de la jueza Valeria Brand que pondrá en marcha las acciones necesarias para garantizar la ILE y cumplirá con el protocolo de atención de estos casos. El embarazo ronda las 24 semanas. El responsable de mantener bajo tortura y tratos inhumanos a la niña tiene nombre y apellido: se llama Gustavo Vigliocco y es el secretario de Salud, del cual depende el Siprosa, el mismo que dijo en declaraciones a Radio Con Vos que como Lucía –nombre ficticio– pesaba 50 kilos estaba en condiciones de continuar con el embarazo forzado, a pesar de que la propia niña ya había manifestado su deseo de abortar, con absoluta claridad, como consta en la historia clínica adjuntada a la causa judicial: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Así lo pidió. 

El juzgado de Familia de la 5ª Nominación, a cargo de Valeria Brand, está trabajando para garantizar la protección de los derechos de Lucía. Brand dispuso que el reclamo del aborto no debe judicializarse porque es “resorte, competencia y decisión del sector salud”.

“Es una vergüenza que por convicciones personales de algunos funcionarios se desconozcan los estándares legales y bioéticos vigentes. El principio de no maleficencia acá es clave y es el más vapuleado por el Siprosa. Afortunadamente la jueza Brand no se prestó a la trampa de compartir responsabilidades. El problema es del sistema de salud y como dijo la Corte Suprema en el fallo FAL, allí debe resolverse un pedido de interrupción legal de embarazo sin violencias”, dijo a PáginaI12 la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, Soledad Deza. 

La niña, la menor de tres hermanas, nunca quiso esa gestación. El pedido del aborto lo expresó ante una psicóloga del Hospital del Este Eva Perón, donde permanece internada e ingresó el 31 de enero por “autolesiones”, después de tener conductas suicidas por la dramática situación que atraviesa.

Como ocurrió hace pocas semanas en Jujuy, con otra niña violada, los cuerpos infantiles son tomados como territorio de la cruzada antiderechos. En Tucumán también hay una trama institucional en la que se articulan funcionarios del gobierno provincial y de la justicia, que busca retroceder en el acceso al derecho al aborto legal, contemplado en el Código Penal desde 1921 y reafirmado por el fallo FAL en 2012. Los abortos legales se venían practicando en el sistema de salud provincial. Pero este caso muestra un cambio de rumbo. Si PáginaI12 no revelaba el dramático cuadro psíquico de la niña, que tiene crisis de llanto y angustia e intentó en dos oportunidades suicidarse, no hubiera quedado expuesta la estrategia del Siprosa, verbalizada en su titular, Vigliocco, de dilatar decisiones para consolidar la vulneración de los derechos de la niña.

En la causa judicial, que investiga el abuso sexual que sufrió la niña, se adjuntó semanas atrás un informe de una médica que trabaja en Tribunales en el cuerpo forense que dice que hay “alto riesgo obstétrico” si continúa el embarazo. Pero el Siprosa pretendió hacer oídos sordos. El fundamentalismo se impone al cumplimiento de la ley: el aborto es legal en casos de violación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer gestante. Las dos causales se configuran.

Hasta el momento la ILE no se hizo. Y la situación de la niña es cada vez más crítica. En el Hospital del Este, según pudo saber este diario, algunos directivos pretenden trasladarla a otro centro de salud, para que le practiquen la ILE y sacarse así el problema –y la niña– de encima.  

Su madre ya firmó el consentimiento informado para la concreción de la práctica. 

Hay una articulación perversa entre el Siprosa y funcionarios judiciales.  Primero pretendió intervenir ilegalmente una fiscal del fuero penal, Adriana Giannoni, tal como reveló PáginaI12, quien llegó a citar a su despacho a los médicos que están atendiendo a la niña y pretendió presionarlos para que no accedieran a practicar el aborto legal. Giannoni no tenía nada que ver con la investigación del abuso sexual de la niña. Ahora, según pudo saber este diario, el ministro de la Defensa de la provincia, Washington Navarro Dávila, habría instruido a defensores a su cargo para que planteen una medida cautelar en nombre del “no nacido” para bloquear la interrupción legal de embarazo. Navarro Dávila era fiscal de Instrucción de la 5ª Nominación hasta el año pasado –cuando fue ascendido por el gobierno– y desde ese cargo llevó adelante la instrucción penal contra la joven “Belén”, denunciada en 2014 tras sufrir un aborto espontáneo en la guardia del Hospital Avellaneda, de la capital provincial. Belén terminó encarcelada por casi tres años y fue condenada en abril de 2016 sin pruebas por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” a 8 años de cárcel. Finalmente, fue absuelta por la corte provincial, que desmontó el armado antiderechos para castigar arbitrariamente a Belén.

Cada año, en el país, casi tres mil niñas menores de 14 años dan a luz. Son la punta de un iceberg. Podrían haber accedido a un aborto legal, pero también en otras provincias, y no solo en Tucumán, los sistemas de salud no les garantizan tempranamente ese derecho. En algunos casos, ni siquiera se lo ofrecen como alternativa.