El cura Julio César Grassi, quien cumple una condena a 15 años de prisión por “abuso sexual agravado y corrupción de menores”, se negó ayer “sin excusa válida alguna” a que le tomaran una muestra de ADN, medida ordenada por la Justicia para inscribirlo en el Registro Nacional de Datos Genéticos  de personas responsables de delitos contra la integridad sexual. La información fue confirmada a PáginaI12 por el abogado Juan Pablo Gallego, quien fue querellante en el juicio contra Grassi por abuso sexual. Gallego, quien había solicitado que el sacerdote quedara inscripto en ese registro, anticipó que hoy se presentará ante el Tribunal Oral Uno de Morón, el que condenó a Grassi por abuso sexual, para solicitar “que se ordene la extracción de muestras con intervención de la fuerza pública porque el trámite no perjudica de ninguna manera a alguien que tiene condena firme y que no puede negarse a cumplirlo”.  

Gallego explicó que en causas que están en la etapa de instrucción “es más lógico que alguien se niegue a someterse al estudio de ADN por temor a ser imputado, pero no es el caso de Grassi, que ya fue condenado, de manera que la medida no lo afecta en modo alguno”. El trámite había sido ordenado el 13 de febrero por el Tribunal Uno de Morón, con la firma de los jueces Claudio José Chaminade y Mariana Maldonado. En la resolución se dijo que “al tener condena firme como delincuente sexual”, está comprendido en los parámetros de la ley sancionada en 2013 y reglamentada en 2017 que creó el registro nacional de violadores. 

Al conocer la decisión, Grassi había presentado, el viernes 22 de febrero, una solicitud para postergar la toma de la muestra, pero el pedido “fue rechazado porque carecía de fundamento”, precisó Gallego. El abogado, que fue quien impulsó la solicitud para la inscripción del cura en el registro, dijo que la medida se tenía que cumplir ayer en el penal de campana donde cumple la condena. “La toma de muestras es muy simple, dura unos minutos y se utiliza un hisopo con el que se toma una cantidad determinada de saliva, nada más que eso.” Gallego, luego de señalar que hoy solicitará que la medida se cumpla con intervención de la fuerza pública, adelantó que “en el caso de que Grassi se niegue de nuevo, voy a pedir que se abra una causa por desobediencia, que se sumará a los tres procesos que el cura tiene en su contra”. 

Hasta hoy, además de la condena a 15 años por abuso sexual, Grassi tiene otra pena de dos años de cárcel por desvío de fondos de la Fundación Felices los Niños, de la que era el responsable, para abonar el alquiler de la quinta La Blanqueadita, donde vivió el sacerdote. La tercera causa, que todavía no llegó a juicio oral, es por desvío de fondos de la Fundación a la cárcel de Campana, donde el cura recibía alimentos con dinero que tenía que ser destinado a los niños que viven en la institución. La Justicia unificó las dos condenas en 17 años de cárcel y ese monto podría aumentar con la causa en trámite y con la eventual denuncia por desobediencia.

Gallego recordó que el registro de abusadores sexuales se abrió “porque se sabe que este tipo de delincuentes no tienen recuperación y vuelven a reincidir, de manera que lo que se hace es reunir sus datos como prevención, como una forma de proteger a la sociedad”, cuando recuperen la libertad. Gallegó puntualizó que “la acumulación de causas y condenas, más este tipo de negativas a cumplir con la ley, tienen que ser tenidas en cuenta como dato negativo cuando Grassi pida la libertad condicional”.