En la última semana comenzó a circular un comunicado en las redes sociales de la Ministra Carolina Stanley, donde se manifiesta la suspensión de cobro de 12000 titulares del Programa Hacemos Futuro, por incumplimiento en los requisitos solicitados. Y no por casualidad, el domingo último, una nota en el diario La Nación, justifica este recorte en nombre de una mayor transparencia.

Cabe aclarar a aquellas personas que no estén empapados en este rubro o sólo tocan de oído que el programa Hacemos Futuro es la fusión de los antiguos programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio. Los requisitos solicitados a modo de contraprestación siempre fueron (desde su creación en el 2009) la terminalidad educativa primaria y/o secundaria y se contaba además con la posibilidad de capacitaciones pre laborales en obras, oficios y temáticas varias. Todas eran de modalidad presencial y  con sedes de cursadas cercanas a cada barrio, lo cual facilitaba el acceso y sostenimiento de clases. Fueron programas  creados en la gestión de gobierno nacional anterior y desde sus inicios tuvieron el fin de brindar  formación integral para lograr la reinserción social, laboral y económica de todos sus destinatarios/as. Quizás para las autoridades actuales esto sea un detalle menor. Detalle imposible de cumplir en la actualidad dado que cada día se cierran más fuentes laborales en nuestras localidades.

En la nota se menciona la búsqueda de una transparencia que en el territorio es inexistente. La realidad en los barrios donde vivimos nos habla de otra manera. Se exige terminalidad educativa cuando se cierran espacios de educación y formación por falta de presupuesto, porque no renuevan los convenios o por falta de  pagos a los docentes. La mayoría de lxs compañeros/as no cuentan con  recursos  para acceder a una plataforma virtual de capacitaciones y se dificulta aún más tener que hacerlo de manera individual. Ya casi no hay convenios de formación integral con universidades, diplomaturas y otras ofertas que nos posibilitaron acceder a la universidad pública. Los pocos cursos financiados por el Ministerio son muy cortos y las vacantes son completamente insuficientes y distribuidas de forma arbitraria en los territorios. 

Muchas de nuestras compañeras y compañeros padecen patologías clínicas con movilidad reducid, que les impiden el traslado a una escuela, pero el ANSES que “garantiza transparencia en las inserciones” no contempla estas realidades. El ANSES, institución a cargo de supervisar el cumplimiento de los requisitos y las bases de datos de los titulares, no cuenta con personal capacitado en esta área, no reciben formación adecuada y dada la cantidad de titulares que tres veces al año deben concurrir a actualizar datos personales,  no llegan a cubrir con turnos la demanda de atención.

La mesa de ayuda del Ministerio de Desarrollo Social es una línea telefónica que no cubre todos los casos especiales que requieren atención diferenciada, dado que son casos con patologías en progreso. Es poco el personal asignado y es amplia la demanda.

Los centros de salud pública en los barrios son cada día menos también por falta de presupuesto, y por falta de pago al personal tampoco llegan a suplir las necesidades básicas de salud de estas personas. Y mejor no mencionar la falta entrega de medicamentos sin costo, eso quedará para otra nota...

La nota publicada en La Nación habla de un control médico obligatorio, lo que es un requisito hasta ahora desconocido por las compañeras y compañeros del programa. No sería esta la primera vez que nos enteramos de nuevas condiciones y requisitos por las notas de algún diario de tirada nacional, ya que no existen instancias presenciales ni oficinas del Ministerio donde consultar al respecto. 

¿Podría ser que nos exijan a personas adultas un control médico para cobrar una ayuda social, como a los niños y niñas de la AUH? Mientras hablan de des-intermediación, autonomía y posibilidad de elegir como logros de esta gestión, implementan un sistema tutelar que atrasa décadas en el campo de las políticas públicas.

Los “punteros políticos barriales” que según se dijo mediante la fusión de los tres programas y bajo la supervisión del ANSES, dejarían de existir, se vieron fortalecidos al desaparecer los equipos técnicos locales que tenían estos Programas en cada distrito. Ahora, estos referentes continúan intentando manipular en los barrios a los compañeros y compañeras ofreciéndoles los pocos cupos de capacitaciones existentes, se ofrecen como “gestores” para armar listados con los datos de todos, hostigan por una bolsa de once productos comestibles que reciben una vez por mes para suplir las necesidades familiares de una canasta básica. Al desaparecer los centros de atención locales como lugar cercano de consulta diaria, han recrudecido estas prácticas clientelares nuevamente.

Así como existen  organizaciones sociales, que bien o mal, intentan paliar la crisis social con merenderos y comedores comunitarios y luchan codo a codo con el pueblo por los intereses del pueblo, también hay quienes se ven fortalecidos y cubiertos por el manto de impunidad que les da este Gobierno para manipular y lucrar con la necesidad de  más vulnerables. 

¿De qué tipo de transparencia hablan?

Somos más de cuarenta compañeras, provenientes de estos programas, que integramos a su vez una organización conformada mucho antes de la fusión, provenimos de catorce distritos del conurbano bonaerense y CABA. Asistimos con los  mínimos recursos que contamos a personas dentro de los territorios que padecen todo tipo de violencias, encuadradas dentro de las violencia de género, la trata de personas, el abuso sexual en la infancia, la falta de prótesis para discapacitados, la falta de medicamentos para determinadas patologías, la falta de recursos de muchos de los ciudadanos para acceder a la información.

Señora Ministra, si usted está dispuesta a escuchar como es la realidad del Barrio y  los territorios, nosotras podemos contarle cuando Ud guste. Si quiere conocer lo que sucede cuando alguien quiere acceder a una comisaría o a un hospital público, cuando alguien quiere progresar y educarse y no le permiten el ingreso al establecimiento con sus niños y niñas, aquí estamos para contarle. No nos escondemos tras una nota fabricada para crear el miedo colectivo porque transitamos un año electoral. Tampoco nos interesa lo partidario, trabajamos cotidianamente con víctimas de todo tipo, incluyendo las víctimas del Estado, tal es el caso de los titulares del Programa Hacemos Futuro. 

Al pie de la nota le dejaremos nuestro email de contacto y no dude en convocarnos,  nosotras le hablaremos de la otra cara de la moneda, a la que ustedes no pueden acceder. Nuestra realidad no se puede ver desde atrás de una ventanilla con vidrios polarizados de alta gama. Hay que bajarse, caminar y entrar...bien al fondo.

Sobrevivir en la Argentina actual con 6000 pesos es sólo para excepciones entendidas. Sobrevivir en un territorio donde unos pocos deciden quién se capacita y quién no, es sólo para excepciones entendidas.

Cumplir con los requisitos del Programa sin contar con los recursos necesarios, también es sólo para las mismas pobres excepciones. Al fin y al cabo, el nuevo esquema que proponen para el programa lo único que realmente promueve es la competencia de pobres contra pobres para “estar adentro” y sostener el mango. Además de fomentar la idea de que somos vagos y vagas que “ni siquiera cumplimos con lo único que nos piden que es estudiar” como se leyó en tantos comentarios de respuesta a esta nota y como venimos escuchando hace años siendo parte de este programa. 

Acceder a la transparencia mencionada es solo para magos.

[email protected] 

Géneros en Lucha. Géneros en lucha es una iniciativa de mujeres de 14 distritos del conurbano y   de CABA para seguir sosteniendo las redes de acompañamiento que se hicieron fuertes después de la formación en el ex programa Ellas Hacen.