Bajo el lema “Basta de tarifazos, despidos y hambre” una larga filas de fila de rosarinos, que sumaron unas quince cuadras, marchó desde plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

La marcha fue organizada por distintas organizaciones sindicales, políticas y sociales, e incluso sectores empresarios y diversas multisectoriales de la ciudad, ante el escenario de profunda recesión y crisis económica que atraviesa el país desde hace meses.

La bandera con la consigna que dio sentido a la marcha fue llevada por las manos de los dirigentes del Centro Unión Alamaceneros  Juan Milito, Juan Jose Sisca de APyME, Edgardo Carmona del Sindicato de Prensa, Antonio Donello la Union Obrera Metalúrgica, Paulo Juncos de la CTA y Eduardo del Monte de la Corrient Clasista y Combativa, entre otros.

Sebastián Joel Vargas

La concentración se dio alrededor de las 18 en la plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación, para luego marchar rumbo al Monumento, precisamente en el día en que se cumplen 207 años desde la primera vez que Manuel Belgrano enarboló la insignia patria en tierra rosarina.

Referentes de distintos espacios  dejaron sus opiniones respecto a la convocatoria y los principales reclamos  al gobierno nacional.

La secretaria general de La Bancaria Rosario, Analía Ratner, declaró:  “Creemos que es momento de decir basta, somos muchos sectores sociales, gremiales, movimientos sindicales, es una fecha muy importante para demostrar que estamos en defensa de la patria, de nuestra nación: basta de tarifazos y despidos. La unidad en acción es fundamental en estos momentos, toda la comunidad, trabajadores y trabajadoras lo solicitan, está demostrado acá, creo que el objetivo es decirle al gobierno que tiene que cambiar”.

Por su parte el líder almacenero Juan Milito indicó que “hay una sensación de calentura en la sociedad, motivos no faltan, es una convocatoria de los ciudadanos de a pie, en una gran protesta colectiva, el gobierno tiene que cambiar sus políticas, sobre todos tarifarias”.

El también integrante de la Multisectorial contra los tarifazos , aseguró además que si no cambia la postura del gobierno, “se irá intensificando el plan de lucha, lo que nos reclama la gente es el llamado a un gran paro nacional, trabajadores de la zona piden un paro regional, a 50 años del Rosariazo debemos ganar la calle, así se consigue lo que los gobiernos desoyen”.

 Por su parte desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Eduardo Delmonte, expresó que “hay una firme decisión de gremios y organizaciones sociales de ir a un paro regional en caso de que se desoiga nuestra demanda de paro nacional, es necesario salir realmente a responder estas políticas que nos están hambreando, es una vergüenza que el Presidente venga de incógnito, no sólo tiene no tiene gente que lo apoye sino que hay muchos que lo quieren escrachar”.

En tanto, la diputada provincial del Frente Social y Popular (FSP), Mercedes Meier, afirmó: “Estamos defendiendo a la Argentina de quienes la atacan con manotazos imperialistas, como el presidente Macri, hay una gran unidad contra estas políticas tarifarias que empujan al hambre. Empujamos desde acá a un paro regional, vamos a un paro de mujeres el 8 de marzo. Es posible otra Argentina, con igualdad con justicia y con soberanía”.

Al caer la tarde, las columnas llegaron al Monumento, donde se leyó un documento que, entre otras cosas, denuncia “la timba financiera de Lebac y Leliq, que ha redundado en ganancias extraordinarias para el sistema financiero y los bancos, ha sido la reducción sistemática del poder adquisitivo de trabajadores formales e informales; la reducción de jubilaciones y pensiones; el aumento de la desocupación y la pobreza; la devaluación; el aumento del costo de vida; la generalizada caída de ventas en los comercios; la reducción de los presupuestos educativos, de salud, y de ciencia y tecnología, y la destrucción del mercado interno".

 Por eso las miles de gargantas al unísono rechazaron al cierre del acto la “reforma laboral y previsional, los tarifazos y los despidos”, y se exigió la “defensa del fondo de garantías de sustentabilidad, así como de la industria nacional y de las empresas públicas en manos del Estado”.