@“¿Por qué estas niñas llegan tarde al sistema de salud? Y cuando llegan a tiempo, como sucedió en este caso, ¿por qué el Estado se encarniza con esas nenas que gestan y les generan daño dilatando en el tiempo el acceso a la salud?”, cuestionó Soledad Deza, abogada feminista e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Se refería a la nena tucumana de 11 años, forzada a ser madre pese haber implorado que le “saquen esto que me puso adentro el viejo”. Para la activista, que alertó sobre el avance de “sectores antiderechos” a nivel nacional, este es un caso bisagra: “En Tucumán hubo un accionar político objetor transversal, impulsado por el Ejecutivo y convalidado desde el Ministerio Público. Los antiderechos no han necesitado organizarse en la puerta del hospital porque están en el poder”.

El caso de la niña tucumana, violada por la pareja de su abuela y forzada a ser madre a través de una cesárea, tiene varias semejanzas con el de la nena jujeña de 12 años que en enero pasado también fue forzada a ser madre pese a haber solicitado una ILE. En ambos casos, las niñas llegaron al hospital con varias semanas de gestación producto de una violación y se encontraron con un sistema de salud que, con el aval de funcionarios políticos y judiciales, vulneró su derecho a interrumpir el embarazo y a su intimidad, entre otros derechos.

“La gran semejanza en estos dos casos, y en muchos otros, es el abandono estatal. Creo que una niña víctima de abuso no puede pasar inadvertida en el sistema educativo, ni en su entorno. Tampoco puede pasar inadvertida en Desarrollo Social. Hay que alertar sobre esto, porque no hay educación sexual, se han incrementado las enfermedades, el embarazo adolescente no baja. Cuando el Estado tiene la oportunidad de actuar, termina interviniendo tarde o revictimizando a las niñas, imponiéndoles una maternidad forzada”, consideró la abogada.

Sin embargo, entre estos dos casos hay algunas diferencias que para Deza son fundamentales. “La nena de Jujuy llegó tarde al sistema de salud, con 25 semanas de gestación, y en 5 días se le garantizó la prestación que ella y su mamá eligieron. Les ofrecieron interrumpir el embarazo con medicamentos o con una cesárea y ellas coincidieron con la cesárea. Más allá de que técnicamente no fue un aborto, se respetó su decisión”, recordó Deza. “La diferencia con este caso de Tucumán es que la niña llegó con una gestación mucho menor, de 18 semanas, y el sistema de salud tardó 5 semanas en actuar, luego de una serie de barreras médico burocráticas y jurídicas diseñadas para dilatar y promover el avance gestacional”, explicó.

“En este caso intervino una fiscal de homicidio sin competencia, lo que inscribe como un crimen en el imaginario social una prestación médica que es lícita. Además, ha intervenido el Ministerio de Defensa pero defendiendo a la niña recién 5 semanas después. También se ignoraron informes médicos hechos por el cuerpo forense que hablaban de un alto riesgo obstétrico para la nena”, enumeró la abogada sobre el importante número de trabas que impuso el sistema médico y judicial tucumano. 

Además, según explicó Deza, a la niña tucumana no le ofrecieron la ILE a través de medicamentos. “Según lo que dice el comunicado de Andhes y Cladem, pareciera que la elección de la cesárea no le correspondió a la niña, sino a los profesionales que intervinieron. Dicen que hubo una justificación médica para hacerle una cesárea pero no sabemos si es verdad. Según la información que circula pareciera que no le han ofrecido alternativas para concretar la interrupción del embarazo por fuera de las cesáreas”, agregó. 

“Lo que pasó no es inocente. Se trata de una estrategia deliberada del sistema público de salud encabezado por una ministra que se ha pronunciado en contra del aborto. Estamos en una provincia donde el gobernador ha marchado en una plaza celeste. Donde el arzobispo difundió el nombre de la niña. Se trata de una acción política transversal muy perversa, de un andamiaje conservador mucho más sofisticado que lo que veníamos viendo. Los antiderechos están dentro de las redes de poder, más cómodos, más solapados”, dijo Deza sobre Tucumán, a la que consideró una “provincia obscenamente clerical, con un maridaje histórico entre la iglesia y el Estado: la única que no adhirió a la ley nacional que asegura anticonceptivos gratuitos”, agregó.

“Lo que hay entre el derecho y la realidad son políticas públicas. Y eso es lo que está fallando, con matices, a lo largo y ancho del país. Los sectores conservadores están buscando revertir una política pública que, desde el fallo F.A.L., es muy clara”, alertó la activista. “Estamos en un momento político donde se está avanzando sobre derechos que ha costado mucho conquistar y consolidar. Lo vemos en la baja de la edad de imputabilidad, la sentencia 2x1, las trabas en el acceso a la ILE. Hay una saña muy grande contra los sectores más vulnerables, que son a quienes los gobiernos neoliberales y los sistemas patriarcales desprecian y marginan”, concluyó.

Informe: Azul Tejada.