El ejercicio de la violencia ya no consiste simplemente en impedir el acceso a derechos avalados por leyes. Ahora los antiderechos también mienten. Con su nombre, su apellido, sin que les tiemble la voz. Sin que se les mueva un pelo. Por lo visto, también sin dudar sobre la legalidad de aquello que planean hacer y hacen en aras de sus creencias personales y en asociación –lícita solamente en los papeles– con otras personas afines. No les importa estar en la función pública y mentir. Es posible que estén allí precisamente con ese objetivo: para obstaculizar una agenda de ampliación de derechos a como dé lugar e insistir, a la vez, en forzar otra de autoritarismos disfrazados de piedad y buena conciencia, en nombre de una supuesta moral. No siempre, no en todo hay dos campanas. Hay cuestiones en las que no todas las “opiniones” valen.

En el caso de la niña de Tucumán (¿hay recordarlo? De 11 años, violada y embarazada por la pareja de su abuela), al menos dos funcionarios mintieron de manera abierta y pública. Lo hizo el secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud tucumano, Gustavo Vigliocco, hace sólo doce días, cuando aseguró que, por tener “cercanía con la niña y su madre”, le constaba que la pequeña quería “continuar con su embarazo”. Lo dijo explícitamente en entrevista con una radio porteña el 16 de febrero. El martes por la noche, para anunciar que se realizaría una intervención a la niña, el propio Ministerio de Salud provincial –a cargo de Rossana Chahla–, adelantó en un comunicado que la práctica se haría, en consonancia con lo indicado por la justicia (siguiendo la doctrina FAL), “en procura de salvar las dos vidas”. 

Al funcionario Vigliocco lo desmintieron los hechos: ocho veces habían pedido la niña y su mamá la ILE; “quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, dijo ella, que tuvo dos intentos de suicidio porque la gestación seguía.

Al comunicado del ministerio de Chahla lo desmintió la Corte Suprema de su provincia.

Los antiderechos, en su programa de arrogancia autoritaria, ya ni discuten acerca de los derechos: directamente mienten sobre lo que otras personas expresaron que desean para su vida. Violan la ley mientras aseguran que dice lo que no dice. Usurpan la estructura del Estado para vaciarlo de sentido desde adentro desconociendo sus leyes, torciendo la letra de los consensos sociales a los que se llegó tras procesos y debates (sociales, públicos) intensos. 

A la chica de Tucumán, no sólo el violador la victimizó. Esos funcionarios que mintieron públicamente de manera tan descarada para decidir por ella, sobre su vida, ¿van a continuar como si nada en la función pública?