Lo fundamental ocurrido en esta tarde de jueves  es que se probó el encubrimiento en el caso AMIA. Seguramente habrá familiares de las víctimas y querellantes que esperaban más penas, pero lo trascendente es que se ratificó que hubo maniobras para sembrar pistas falsas y desviar la investigación del principal atentado que sufrió el país. 

El 18 de julio de 1997, en un multitudinario acto frente a la sede de la calle Pasteur, los familiares de las víctimas lanzaron –en la voz de Laura Ginsberg– una dramática denuncia: “yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan, de consentir la inseguridad, la impericia y la ineptitud... Yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de encubrir la conexión local, que sirvió para matar a nuestros familiares”.

Fue un momento bisagra. Todos se miraron y quedaron atónitos. La dirigencia de la comunidad judía, con el presidente de la DAIA, Rubén Beraja, a la cabeza, corrieron por la tarde a la Casa Rosada a despegarse de las acusaciones. Ellos dicen que no fueron a pedir perdón, pero la visita a Carlos Menem esa misma tarde no requiere de más explicaciones: no salieron a ponerse del lado de los familiares, sino a encontrarse del lado de los señalados por los familiares como encubridores. 

Y después vino una larguísima lucha donde todo el establishment negó el encubrimiento; donde las embajadas de Estados Unidos e Israel clamaban para que se deje de investigar la forma en la que se plantaron las pistas falsas. Basta leer los cables de WikiLeaks. Con el protagonismo de Memoria Activa y gestos decisivos de Néstor y Cristina Kirchner, que permitieron la apertura de archivos y la declaración de los agentes de inteligencia, se llegó a este juicio. Y ayer quedó certificado que el encubrimiento existió, que los familiares tuvieron razón. 

Habrá que leer los fundamentos el 3 de mayo. Por el monto de las penas, da la impresión que los jueces se centraron en el pago de 400.000 dólares que se le hizo al principal imputado de aquel entonces, el armador de la Trafic que estalló en la AMIA, Carlos Telleldín. Eso explica las condenas principales a Juan José Galeano, el juez, Hugo Anzorreguy, el hombre que dispuso del dinero y ordenó la operación de pago, y Telleldín, el que cobró y a cambio de eso declaró ante el magistrado. 

La relación de Telleldín con los policías bonaerenses era una hipótesis más que razonable, de hecho los uniformados lo extorsionaban y le permitían seguir armando autos con partes robadas. Pero esa pista no se usó para investigar la realidad del atentado, sino que se utilizó políticamente: los hombres de Menem aprovecharon todo para echarle la culpa a los policías de Duhalde, una interna siniestra y caliente de aquellos años. Los jueces del primer juicio dijeron: “la investigación fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”.

Se probó el encubrimiento y los principales protagonistas de esa gran maniobra no fueron los únicos condenados. También recibieron penas los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia por permitir la manipulación de la prueba y todos los demás que rodearon la operación de pago, desde la SIDE y la Policía Federal. El gobierno de Mauricio Macri trató de defenderlos como pudo: fracasó. 

Carlos Menem y Rubén Beraja no fueron absueltos. Si bajo su mandato se manipuló, se tapó, se maniobró para evitar que se sepa la verdad, tienen la responsabilidad política. Ayer no los condenaron judicialmente, pero al darse por probado que hubo encubrimiento, les infligieron una condena política demoledora. En los fundamentos dirá que “no dieron la orden”, “no sabían”, que no hay prueba directa de su participación en operaciones para tapar la pista Siria o en el pago a Telleldín. Pero se hizo bajo sus mandatos. Por su puesto que van a tratar de manipular también esta lectura real del fallo, pero ante ellos yo no dudaría en decir “ustedes fueron los gobernantes del encubrimiento”.

Nada de lo ocurrido ayer oculta el hecho de que a 25 años del atentado sabemos poco y nada de cómo se hizo el ataque y quién lo perpetró. El propio juez de la causa admite que en el expediente hay informes de inteligencia de interesados internacionales, pero no pruebas judiciales valederas. Cristina Kirchner y Héctor Timerman buscaron un camino distinto al consentido por los poderes del mundo. El Memorándum con Irán pudo ser bueno, malo, una porquería, constitucional o inconstitucional. Seguro no fue un delito. Pero se buscó por ese camino una forma de dar algún paso hacia adelante, aunque fuera módico, en la causa judicial. Fue el único intento. Desde entonces no se buscó ni encontró ninguna alternativa. 

Vamos camino al aniversario 25 con los autores del atentado impunes, sin ninguna persona presa. Una vez más, lo que se probó ayer fue la manipulación que sirvió para ocultar la verdad. Se probó que los familiares tenían razón.