El primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, quedó nuevamente en el ojo de la tormenta. En el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la licitación pública del soterramiento del tren Sarmiento, el ex asesor de Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte, Manuel Vázquez, declaró como arrepentido y dijo que Calcaterra, por entonces titular de Iecsa, le pagó sobornos millonarios en el proceso licitatorio para acceder a las obras, como había confesado la constructora brasileña Odebrecht.
Ante el fiscal Franco Picardi, el pasado martes Vázquez se mostró como imputado colaborador y admitió haber sido intermediario y cobrado dinero destinado a Jaime por una gestión que hizo para que la empresa IECSA, de Calcaterra, se quedara con las obras del Sarmiento. Según declaró, el entonces secretario de Transporte entre 2003 y 2009 pidió 5 millones de dólares para iniciar las conversaciones y luego exigió otros 15 millones para que Iecsa confeccionara el pliego de licitación a su medida. Además, Vázquez recordó que fue Iecsa –a través de Calcaterra– la empresa que se encargó de conformar y organizar el consorcio de empresas y de establecer los contactos con el gobierno anterior para quedarse con el contrato. La compañía, que en ese momento todavía pertenecía al Grupo Macri, habría convocado tanto a Odebrecht, como a Ghella y Comsa, el resto de los socios internacionales, según detalló el arrepentido. Su acuerdo de colaboración con Picardi todavía no fue homologado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
En agosto último, el primo del presidente se había desentendido, mediante un escrito técnico que presentó ante Martínez de Giorgi, de los sobornos que Odebrecht dijo haber pagado en nuestro país por distintas obras -entre ellas la del soterramiento del Sarmiento-, y en esa ocasión también negó haber recibido direccionamiento para que Iecsa saliera licitada. Al prestar declaración indagatoria, Calcaterra sostuvo que “la obra del soterramiento del Sarmiento no fue ilegal. Si hubo irregularidades fueron faltas administrativas, no delitos”. “Si lo hizo Odebrecht fue por su cuenta”, completó, y –a diferencia de los imputados en la causa por las fotocopias de los cuadernos que niegan responder preguntas– salió en libertad de los tribunales federales de Comodoro Py. Tras la declaración de Vázquez, desde el círculo del empresario salieron a desmentir las acusaciones y las enmarcaron en “la campaña electoral para las presidenciales de octubre”.
La denuncia que dio inicio a la causa fue realizada en 2016 por Graciela Ocaña. Allí, según indica la resolución judicial firmada en abril del 2018, la diputada de Cambiemos consignó que tomó conocimiento de un informe realizado por la Policía de la República Federativa de Brasil en el marco de la causa conocida como “Operación Lava Jato”, en el cual se menciona, entre otras, a las empresas Controles y Auditorías Especiales SL de España (CYAES) y Control y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA), como aquellas que se habrían utilizado para la recepción de pagos de sobornos efectuados por parte del grupo Odebrecht, a través de la cuenta de la empresa off shore “Klienfeld Service Ltd”. En ese contexto, Odebrecht había suscrito varios contratos en la Argentina, entre ellos, el convenio referido al soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, firmado con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, como integrante del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS-UTE) conformado junto con las firmas Iecsa, Ghella Societa Per Azioni y Comsa.
En los últimos meses, el fiscal Picardi llevó adelante distintas medidas de prueba que motivaron, entre otras cosas, que la AFIP identificara que el consorcio liderado por Iecsa y Odebrecht había distorsionado sus balances para fugar 4.5 millones de dólares vía Andorra. Con ese dinero habrían pagado los sobornos a los funcionarios. La Justicia, además, intervino la administración del consorcio que lleva adelante la obra en la actualidad.
Según trascendió, hay correlación entre la declaración de Vázquez y los documentos que ya integran en expediente, entre ellos, los que consignan la confesión del ejecutivo de Odebrecht Luiz Antonio Mameri, que reconoció haber pagado 2.9 millones de dólares en sobornos a los funcionarios argentinos. El brasileño añadió que era Iecsa la empresa que se encargaba de gestionar, durante la primera etapa el pago de sobornos por el proyecto del Sarmiento.
