La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, insistió en que la demora en practicar la ILE a la niña violada y finalmente forzada a parir se debió a la intervención de “la fiscal Adriana Giannoni (que) dio la orden de no interrumpir el embarazo, está todo documentado”. Tras las críticas por haber obstaculizado y demorado la práctica de la ILE a Lucía, Chahla aseguró que no fue decisión de su ministerio la dilación y se refirió a la fiscal durante una entrevista concedida a un medio tucumano. La ministra no hizo referencia al comunicado de su ministerio desmentido por la Corte provincial, según el cual “la jueza interviniente” había indicado continuar “los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”. Por su parte, el gobernador Juan Manzur respaldó la gestión de Chahla y declaró que “se hizo lo que la familia solicitó”. El gobernador adujo la demora a que la familia de Lucía “primero dijo que quería continuar con el embarazo” y día y medio después “dijo que quería hacer la interrupción del embarazo”.
Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios y que en otras ocasiones fue vinculada a intentos de obstaculización de ILEs (ver aparte), fue quien “dio la orden de no interrumpir el embarazo, está todo documentado”, acusó la ministra Chahla. La funcionaria aseguró que el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) “nunca obstaculizó el derecho de la madre ni de la niña”, pese a todos los testimonios en contrario que constan en el expediente. En la entrevista, aseguró, además, que la madre había sido informada por personal médico de la posibilidad de pedir ILE pero que dudo; “tengo miedo por la salud de mi hija”, aseguró Chahla que dijo la madre de Lucía.
La ministra declaró que “recién el 25 de febrero se pidió formalmente que se quería acceder a una ILE, y la cesárea fue para la seguridad de la paciente, era imposible practicar un aborto por vía vaginal o con medicamentos”. “Se actuó siempre sin que primaran las cuestiones religiosas, sino médicas. El procedimiento se realizó luego de una reunión de expertos”, dijo. Por otra parte, aseveró que “se iniciaron sumarios a los empleados del hospital que estaban de guardia y que no quisieron intervenir en la ILE”.
“Puede ser complejo, puede ser difícil, pero prima el derecho de las personas”, dijo Chahla en entrevista televisiva con un medio tucumano. “Esta sociedad hoy también le hace daño a la niña y a la familia”, añadió, tras asegurar que Lucía y su mamá le refirieron estar agobiadas por “la mediatización” del caso. La funcionaria, quien el miércoles por la noche había anunciado que brindaría una conferencia de prensa en la que, en realidad, admitió solamente cinco preguntas y dejó a medios sin posibilidad de preguntar.
En tanto, el gobernador tucumano, Juan Manzur, aseguró que “se hizo lo que la familia solicitó, lo que corresponde, y en el tiempo que lo hicieron”. De acuerdo con la versión del funcionario, “primero la familia dijo que quería continuar con el embarazo de esta criatura que había sido violada, pero 36 horas después dijo que quería hacer la interrupción del embarazo, y a partir de ahí se pusieron en marcha los mecanismos necesarios para garantizar esa decisión”.
Manzur explicó la decisión de practicar una cesárea a Lucía no por la preclampsia –algo que señaló una de las médicas que participaron de la intervención–, sino porque la chica “es una criatura de 11 años y sus órganos no están preparados para un abordaje natural”.
A pesar de que Tucumán es la única provincia que no adhirió a la Ley de Educación Sexual Integral, de 2008, el gobernador Manzur también dijo que en su jurisdicción “se lleva adelante la educación sexual tal cual marcan todas las leyes vigentes”.
