Sobrevivientes y familiares de Cromañón fueron ayer a la Legislatura porteña a exigirle a Horacio Rodríguez Larreta que escuche su reclamo de dar marcha atrás con la entrega del boliche a Rafael Levy, uno de los condenados por la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004, y exigir que el sitio sea transformado en un espacio de memoria. Fue la tercera vez en lo que va del año, desde que supieron de la medida judicial, que intentan ser escuchados por el jefe de gobierno porteño. Todas las veces Rodríguez Larreta les dio la espalda e impidió que se acercaran con un fuerte operativo de seguridad.

“La entrega es una vergüenza, un desatino jurídico y un ataque a la memoria. El boliche debe ser declarado un espacio de memoria para que nunca más suceda Cromañón”, señalaron desde Movimiento Cromañón, una organización que reúne a sobrevivientes, amigos y familiares de víctimas de la masacre. “Rodríguez Larreta no nos recibe. Queremos que nos dé explicaciones. La sangre derramada no se negocia”, dijo en las puertas del Palacio Legislativo porteño José Guzmán, papá de Lucas, quien murió aquella noche con 18 años.

La medida fue tomada por el Tribunal Oral Criminal Nº24 de la Capital el 15 de noviembre pasado sin informar previamente a los familiares. “Como querellantes no fuimos notificados de esta medida. El 30 de diciembre nos dimos cuenta de que había movimientos en el lugar, lo cual para nosotros fue tremendo, y después salió la noticia que decía que le devolvieron la llave a Rafael Levy”, contaron desde Movimiento Cromañón a PáginaI12. “Es una desprolijidad terrible y una falta de respeto inmensa a la memoria de nuestros hijos”, agregaron.

En 2014, Rafael Levy fue condenado a 4 años y medio de prisión por el delito de “incendio culposo calificado”. Es el dueño de Nueva Zarelux S.A., una sociedad offshore creada en Uruguay en 1997. José Iglesias, abogado y padre de una de las víctimas del incendio, aseguró a este diario que “jurídicamente, esta medida no tiene explicación”. “Es fruto de una actitud de burócratas que se quieren sacar de encima un problema”, subrayó.

Al conocerse la decisión del Tribunal Oral N°24, el letrado presentó un escrito que plantea la nulidad de la devolución del local por considerar que “se cometieron varios errores” con la resolución. “El primero de ellos tiene que ver con que el local no solo estaba afectado al tribunal que lo custodiaba sino también al Tribunal Oral Nº3, por el juicio en el que en 2011 se condenó a Roberto Calderini, un funcionario de la ciudad que permitió la habilitación del local con un informe falso. El objeto de ese juicio es, precisamente, el local y la condena a Calderini está actualmente en Casación Nacional. Es decir que en ese juicio el cuerpo del delito es el local en sí mismo, sin embargo estos señores lo liberaron y se lo entregaron a Levy”, explicó Iglesias.

“El segundo error es que las medidas de restricción y custodia del complejo no sólo afectaban al local, sino también a los muebles y objetos que había ahí y eso incluye mochilas, zapatillas, teléfonos, documentos, etc. de las víctimas. Esas cosas no son del propietario del inmueble, son de los chicos. En todo caso, pertenecen a sus familiares o a los propios sobrevivientes que perdieron allí esos objetos. Y si no fuera posible identificarlos, son parte del derecho a la memoria y a la reparación, algo que les fue reconocido a las víctimas de Cromañón en la sentencia de 30 de agosto de 2013”, continuó el abogado.

“El tercer error es que le devuelven el local a Nueva Zarelux S.A cuando el mismo tribunal condenó a Levy con el argumento de que detrás de esa sociedad estaba él”, manifestó Iglesias. “Esta decisión es una aberración jurídica y ética porque es devolverle Cromañón a uno de los responsables de la muerte de 194 personas”, agregó Silvia Bignami, madre de Julián Rozengardt, víctima de la masacre, e integrante de Movimiento Cromañón. 

Además, Iglesias recordó que existe una causa, radicada ante el Juzgado Comercial Nº 26, en la que la Inspección General de Justicia demanda a Nueva Zarelux por nulidad de la persona jurídica en la que también se tomaron medidas cautelares sobre el boliche así como cientos de juicios civiles en los que las víctimas reclaman la reparación de los daños y perjuicios provocados en Cromañón y en los que la sociedad de Levy es demandada.

El complejo donde funcionó el boliche “República Cromañón”, ubicado sobre la calle Bartolomé Mitre al 3000, a metros de Plaza Once, incluye también al hotel Central Park, donde se alojaron los músicos de Callejeros antes del recital de aquella noche. Levy era el dueño de ambos locales y le alquilaba el boliche a Omar Chabán, el gerenciador de Cromañón que murió en 2014 luego de haber sido condenado a 10 años de prisión. Después del incendio en el que murieron 194 personas y más de 1400 resultaron heridas, el lugar quedó en manos de la Justicia y allí se realizaron distintos peritajes e inspecciones oculares. Incluso, en una de esas inspecciones se encontró un taller clandestino que funcionaba en el subsuelo del boliche aún luego de la masacre, algo que fue denunciado ante la justicia pero cuya investigación no prosperó. Pero Cromañón permanecía como un testimonio intacto de aquella noche del 30 de diciembre de 2004, incluso quienes pudieron ingresar cuentan que todavía estaba sobre el escenario la escenografía del show de esa noche. “Yo estuve muchas veces dentro de Cromañón y todas las veces que fui, las cosas de los chicos estaban ahí y quienes participaban de las pericias las respetaban porque claramente eran cosas de los chicos fallecidos. El problema es que hoy el inmueble está en manos de Levy y él no sólo puede hacer lo que quiera con los efectos personales de los chicos sino que, incluso, puede modificar todo lo que hay dentro del local y cambiar las bases para el juicio oral que aún está pendiente”, sostuvo Iglesias, cuyo hijo Pedro, de 19 años, murió en el incendio. 

Desde Movimiento Cromañón denunciaron que en el último tiempo vieron movimientos dentro del local y expresaron su preocupación por lo que se está haciendo allí. “Están construyendo y tapiando. No lo sabemos, pero vos antes pasabas y veías maderas detrás de las persianas y las ventanas, ahora hay ladrillos”, contaron. PáginaI12 se acercó a Cromañón y pudo constatar que tanto las ventanas del primer piso como la persiana del boliche y la puerta del hotel están ahora cerradas con ladrillos y cemento desde adentro.

Los familiares y sobrevivientes exigen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires la expropiación del boliche para convertirlo en un espacio de memoria. “Hay cosas y lugares ahí adentro que queremos preservar: las zapatillas de nuestros hijos, las manos en las paredes de esos chicos que intentaron salir y no pudieron. Queremos tener el tiempo para pensarlo entre todos los familiares y sobrevivientes, y decidir colectivamente lo que queremos hacer”, expresaron.

Ante este panorama, y luego de conocer la resolución del tribunal, en febrero presentaron en la Legislatura un proyecto de ley que, según lo conversado por los propios familiares con distintos legisladores, cuenta con el apoyo de distintos sectores políticos. La legisladora porteña Laura Marrone anticipó a PáginaI12 que el proyecto “va a considerarse en el curso de este año” y aseguró que “el reclamo de los familiares tiene que ser atendido por la Legislatura”. “No tiene ninguna entidad que el Poder Judicial haya operado como lo hizo y que, a la vez, el gobierno de la Ciudad no haya brindado una solución que tenga que ver con la memoria y que no sea una ofensa a los familiares y a toda la sociedad”, sostuvo.

Sin embargo, Marrone no se mostró muy optimista respecto a la postura del oficialismo, que cuenta con mayoría propia en la Legislatura, y vinculó la resolución con “la especulación inmobiliaria en la Ciudad”. “No sabemos qué va a pasar pero la lucha de los sobrevivientes y familiares puede marcar la diferencia frente a otros temas que no prosperan por el modo en que los emprendedores inmobiliarios, que tienen buena llegada al bloque oficialista, operan en la Legislatura. Por eso el éxito de este proyecto va a depender de que los familiares logren que el conjunto de la población sea solidario y apoye en forma explícita este reclamo”, aseguró a este diario. “Tenemos que luchar para que esto se logre”, agregó la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

“En un país con 30 mil desaparecidos, la memoria no es un detalle menor.  Cómo se transmite la memoria si se van borrando sus marcas?”, concluyó Bignami.