Lucía sigue recuperándose bien, después de haber sido sometida a una cesárea en la medianoche del martes para terminar con un embarazo forzado, producto de una violación. El Hospital del Este Eva Perón, de Tucumán, está en condiciones de darle el alta, pero la jueza de Familia que interviene, Valeria Brand, le impidió dejar ayer la internación. La niña, de 11 años, sin embargo, lo que más quiere es regresar a su casa, comentaron a PáginaI12 allegados a la familia. “Lo dice todo el tiempo”, confió una persona que estuvo con ella. La jueza dispuso un régimen de salidas diarias hasta el miércoles, en compañía de un acompañante terapéutica y su mamá, hasta que se acuerde el alta definitiva entre la Dirección de Infancia, el servicio de Salud Mental y el juzgado, según informaron fuentes del Hospital.

Mientras tanto, el capellán del hospital, que cobra sueldo de empleado público del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), dio misa en el hall del establecimiento. 

Las organizaciones Andhes y Cladem, que están acompañando a la familia de Lucía, hicieron ayer una presentación al Ministro Público Fiscal, Edmundo Giménez, para que informe sobre la irregular actuación de la fiscal Penal de Instrucción Especializada en Homicidios, Adriana Giannoni, que como reveló PáginaI12, dio ilegalmente la orden para que no realizaran el aborto no punible que venía implorando Lucía, con sus palabras: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Las entidades quieren que el jefe de los fiscales informe en el marco de qué ley y de que causa dio la orden, cuando ni siquiera estaba a cargo de la investigación del ataque sexual que sufrió la niña por parte de la pareja de su abuela. También preguntaron por qué había personal del Ministerio Público Fiscal esperando a la salida del hospital en la madrugada del miércoles, para tomar los datos personales de los dos médicos tocoginecólogos del sector privado, convocado por el Siprosa, que participaron de la cesárea, Cecilia Ousset y su esposo, José Gijena.  

Para la práctica de un aborto legal no se requiere autorización judicial ni tampoco su realización puede ser prohibida por la intervención arbitraria de una fiscal. El 11 de febrero, Giannoni envió el Oficio N° 15 al director ejecutivo del Siprosa, Conrado Mosquera, en el marco de “Actuaciones Preliminares por la presunta comisión de un delito de acción pública” para que informe a todas las direcciones de hospitales de la provincia y a la Dirección General de Red de Servicios sobre su intervención. “Como veníamos denunciando desde Mujeres X Mujeres, la fiscal Giannoni intervino indebidamente usando su lugar de poder para amedrentar a los profesionales de la salud”, señaló a este diario la abogada Soledad Deza. De hecho, en su oficio, la fiscal habla de “los niños”, en una clara transparencia de su ideología “antiderechos” que ve dos personas ante una niña de 11 años embarazada. 

La misa que brindó ayer el capellán del Hospital de Este fue parte de los rituales de los centros de salud de Tucumán. El Siprosa, que no pudo garantizar que personal pagado por el Estado cumpliera con un aborto legal, respetando los derechos de Lucía, paga mensualmente de las arcas públicas el sueldo de ese sacerdote y de los demás designados en cada hospital de la provincia.  

Tucumán, sin dudas, es territorio de prueba de las estrategias antiderechos. En noviembre, intentaron aprobar una ley en la Legislatura provincial que buscaba prohibir los abortos en casos de violación, que son legales desde 1921 en el país y contemplados en el Código Penal. La iniciativa, impulsada por el peronista Marcelo Caponio, llegó a juntar la firma de 29 legisladores, de un total de 49. Finalmente, no consiguió dictamen en las comisiones de Familia y de Derechos de la Mujer y fue archivada. Ahora, el cuerpo infantil de Lucía, fue campo de experimentación para imponer su cruzada. 

Tucumán en tierra fértil para antiderechos. Todavía se imparte en escuelas públicas educación religiosa. Y la educación sexual integral es escasa o nula. Es la única provincia que no adhirió a la Ley Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable.