El anteproyecto macrista sobre Régimen Penal Juvenil “es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad para algunos delitos graves”, aseguró el presidente ante el Congreso en el breve párrafo en el que se defendió el texto presentado dos semanas atrás y que fue duramente criticado por especialistas. Se trata, dijo Macri, de “una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes”, por lo que “hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad”.

Macri mencionó el anteproyecto en los minutos que dedicó a defender su propuesta de reforma del Código Penal. La modificación, dijo, es necesaria para “seguir avanzando” y que “se aprueben reformas importantes” como la de ese texto. El actual es “un Código que tiene cien años, lleno de parches, y que no nos sirve para los tiempos en que vivimos”, aseguró, antes de añadir que en el anteproyecto “trabajó una comisión de gente calificada y tiene una propuesta, (que) espero que la aprobemos en el corto plazo”.

El anteproyecto en cuestión fue presentado el 19 de febrero por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, ante diputados, senadores y jueces. El contenido de la reforma en lo referente a jóvenes y justicia penal cosechó duras críticas de especialistas reunidos en la Red No a la Baja (RNB), que señalaron que “no sirve” bajar la de punibilidad para mejorar la seguridad. Afirmar lo contrario “es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años”, como indican, por ejemplo, los datos del último informe del Consejo de la Magistratura porteño, según el cual “sobre 175 homicidios registrados en 2015 en la Ciudad solo uno fue cometido por un adolescente menor de 16 años”.

Uno de los puntos más polémicos del texto propuesto por el Gobierno es la nueva edad de punibilidad que busca establecer, al bajarla de 16 a 15 años para los casos en el que el adolescente cometa delitos con penas máximas de 15 años o más. También establece que serán imputables los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 que cometieran un delito de acción pública previsto en el Código Penal y leyes especiales, con excepción de aquellos penados con un máximo de tres años o sancionados con multa o inhabilitación como pena principal. Los expertos de la RNB advirtieron que ese cambio en la edad de punibilidad, además, es inconstitucional, porque “viola el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho”. La edad de punibilidad “fue establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, reducida a 14 años durante la última dictadura cívico-militar y vuelta a establecer en 16 años a poco de retornar al sistema democrático”, por lo que bajarla nuevamente “sería afectar los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años”.

Otro punto que especifica el proyecto, que consta de más de 100 artículos, es la duración máxima del proceso penal, que no deberá exceder los tres años contados desde el comienzo de la investigación preparatoria.”El adolescente tendrá derecho a ser escuchado cada vez que lo solicitare, en cualquier etapa del proceso y durante la ejecución de la sanción que eventualmente se le hubiere impuesto”, especifica la iniciativa, en la que también se aclara que la aplicación de la normativa, los procesos, el control de las medidas y la ejecución de las sanciones estarán a cargo de órganos especializados en el trato con adolescentes. 

El proyecto diferencia, además, entre sanciones socioeducativas (asesoramiento; supervisión periódica del equipo interdisciplinario; asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos, recreativos o culturales; concurrencia a los servicios de salud acorde a su edad; participación en un tratamiento médico o psicológico, etc.); sanciones disciplinarias (amonestación; prohibición de conducción de vehículos; resarcimiento del daño causado; prohibición o limitación de residencia; abstención de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos o de relacionarse con determinadas personas; abstención de uso de estupefacientes o de abuso de bebidas alcohólicas y prestación de servicios a la comunidad) y sanciones privativas de la libertad (privación domiciliaria de la libertad; privación de la libertad durante el fin de semana; privación de la libertad en centro abierto y privación de la libertad en centro especializado de detención).

La iniciativa, según la información oficial, tendría como ejes “contar con una Justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa; fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos; y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas”.