Una fiscal de Tucumán pidió “proteger la vida desde la concepción” a través de un oficio dirigido al hospital donde se le practicó el último miércoles una cesárea a la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, dos semanas antes de que ocurriera esa práctica.
La Dirección del Hospital del Este, que depende del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), recibió un Oficio (10/2019) de parte de la Fiscalía Especializada en Homicidios a cargo de Adriana Giannoni, en el que “en atención a los intereses de los menores involucrados”, solicitó a las autoridades sanitarias el cumplimiento de las “leyes provinciales 8239 y 6518” que protegen “la integridad y el resguardo del niño, niña y adolescente” y “que debe ser aplicadas a toda persona desde la concepción hasta los 18 años de edad”.
Además, en ese oficio ordenó que en caso de no se cumplieran esas leyes, se debía comunicar al Ministerio Pupilar y a las instituciones encargadas de la protección al menor para que tomen intervención, y agregó que de no hacerlo, se incurriría “en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El oficio se dio a conocer luego de que el jueves la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, asegurara que “la fiscal Adriana Giannoni dio la orden de no interrumpir el embarazo”, tras las duras críticas que recibió la cartera sanitaria por su actuación en el caso de la niña violada. Por su parte, Ministerio Público Fiscal que dirige Edmundo Jiménez negó la declaraciones de Chahla y aseguró que ninguno de sus funcionarios ordenó la “no interrupción del embarazo” al Siprosa.
La madre de la niña de 11 años había denunciado el 5 de febrero en la Unidad Regional Este de Tucumán que su hija había sido abusada sexualmente por la pareja de su abuela materna y solicitado de forma verbal la Interrupción Legal del Embarazo, pedido que reiteró durante la atención médica.
Fue tras llevar a su hija a un Centro de Atención Primaria de Salud donde indicaron que tenía un embarazo de 16 semanas, tras lo cual la niña fue trasladada al hospital donde se le realizó la cesárea en la madrugada del miércoles cuando cursaba la 23 semana de gestación, y donde permanece internada.
El caso generó un cruce entre la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y el gobierno provincial, cuando el alto tribunal dijo públicamente que un comunicado emitido por el Siprosa antes de la cesárea que “menciona que se dará cumplimiento a la Doctrina FAL y a la consecuente interrupción legal del embarazo ‘en procura de salvar las dos vidas’, no refleja lo requerido por la jueza interviniente”.
La magistrada había ordenado en su resolución “en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL se continúen los procedimientos necesarios” y desestimado la judicialización del caso. El fallo FAL de la Corte determinó que los abortos legales (como en el caso de una violación) no se deben judicializar.
Tal como publicó PáginaI12 ayer, las organizaciones Andhes y Cladem, que están acompañando a la familia de Lucía, hicieron una presentación al ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, para que informe sobre la irregular actuación de Giannoni. Las entidades quieren que el jefe de los fiscales informe en el marco de qué ley y de que causa dio la orden, cuando ni siquiera estaba a cargo de la investigación del ataque sexual que sufrió la niña por parte de la pareja de su abuela. También preguntaron por qué había personal del Ministerio Público Fiscal esperando a la salida del hospital en la madrugada del miércoles, para tomar los datos personales de los dos médicos tocoginecólogos del sector privado, convocado por el Siprosa, que participaron de la cesárea, Cecilia Ousset y su esposo, José Gijena.
