El fin de la colimba, pero no de las sospechas

El 3 de marzo de 1994, hace 25 años, el joven Omar Octavio Carrasco, de 18 años, un chico modesto, silencioso, nacido en la ciudad neuquina de Cutral Co, se incorporó al Servicio Militar Obligatorio (SMO) en el Grupo de Artillería 161 de Zapala. La historia oficial dice que su muerte se produjo apenas tres días después como consecuencia de un hemotórax producto de una golpiza que le dieron dos conscriptos durante un “baile”, el eufemismo de la jerga militar que alude al castigo físico. La orden la dio un subteniente. En la primera visita a su hijo en el cuartel, luego de la incorporación, los padres fueron notificados de la desaparición de su hijo, a quien habían declarado “desertor”. Fue la primera mentira de tantas que signaron el caso.

El encubrimiento quedó al desnudo el 6 de abril de ese año, cuando el cuerpo del joven fue encontrado en el cerro Gaucho, en los terrenos del Grupo de Artillería, donde ya se habían realizado varios rastrillajes sin éxito. El presidente de la Nación era Carlos Menem, quien para cerrar el escándalo le puso fin al servicio militar obligatorio. 

El cadáver de Carrasco había sido vestido con ropa recién planchada y fue “plantado” en el lugar cuando llevaba muerto un mes. La entomóloga Adriana Oliva demostró en el juicio que habían escondido el cuerpo en un recinto cerrado y poco transitado dentro del predio militar. La pista fue una picadura de avispa que presentaba el cuerpo. El subteniente y los dos conscriptos que “bailaron” a Carrasco fueron condenados por el crimen en enero de 1996, pero quedó trunco un segundo juicio oral por encubrimiento en el que eran investigados cerca de diez altos jefes del cuartel y del servicio de Inteligencia del Ejército. 

El entonces juez federal de Neuquén Guillermo Labate, a cargo de la causa por encubrimiento, incluso acusó por “falso testimonio” al ex jefe del Ejército Martín Balza (ver aparte), por presunto ocultamiento de la existencia de una operación de inteligencia destinada a cerrar el caso con las tres condenas por el crimen. La posibilidad de enjuiciar a Balza fue rechazada en julio de 1997 por el Tripunal de Apelaciones de General Roca. La causa por el encubrimiento fue languideciendo en una madeja de apelaciones y chicanas de los abogados de los altos mandos, incluyendo al ex jefe de Inteligencia de la fuerza, general Jorge Miná. La duda central del caso, que nunca fue aclarada, es si Carrasco murió efectivamente el 6 de marzo de 1994, como se dio por comprobado en el juicio oral por el crimen o si tuvo una sobrevida de dos, tres o más días. 

La sospecha, avalada por fuertes indicios que nunca fueron investigados a fondo, es que Carrasco fue asistido en el hospital del propio regimiento por la herida interna recibida pero sin los cuidados necesarios por la carencia de medios. De haber sido así, la responsabilidad de la muerte sería de los médicos y las autoridades del cuartel, por “abandono de persona”, dado que se cree que de haber sido llevado al Hospital de Zapala, podrían haberle salvado la vida. En ese caso, el subteniente Ignacio Canevaro, condenado a quince años de prisión, y los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez, que recibieron una pena de diez años, tendrían que haber sido juzgados sólo por lesiones graves o por intento de homicidio, en el peor de los casos. En la causa por encubrimiento, el juez Labate había avanzado en algunas comprobaciones que ponían en seria duda la historia oficial. 

En su momento, sin éxito porque la causa naufragó, Labate quería que la Facultad de Medicina de la UBA hiciera un informe académico sobre un estudio realizado por el perito oficial del juzgado, el médico legista Alberto Brailovsky. En ese estudio se argumentaba que Carrasco no murió el 6 de marzo como se dejó sentado en el juicio sino “48 o 60 horas después”. De haber sido así, la investigación sobre las causas de la muerte del joven podrían haber sido responsabilidad de un capitán médico, un teniente primero neurólogo, un cardiólogo civil y tres subtenientes enfermeras, además de las máximas autoridades militares del cuartel. 

Hacia allí se había avanzado a partir del testimonio de un sargento ayudante enfermero que dio una confusa explicación sobre por qué había dejado asentado, en la ficha médica de Omar Carrasco, que el conscripto había recibido, el 8 de marzo de 1994, -dos días después de su muerte “oficial”- la vacuna militar llamada tabdite, que incluye la antitetánica, un medicamento que podría ser necesario para alguien con un cuadro clínico similar al del conscripto. O más simple: ¿por qué vacunar a un muerto? El sargento ayudante enfermero dijo que la “vacunación masiva” había sido el 8 de marzo, aunque después se comprobó que en realidad fue el 12 de ese mes, lo que agrega más dudas. 

La famosa vacuna salió de la farmacia del hospital del cuartel el 8 de marzo. Brailovsky, en diálogo con Página 12 en aquellos tiempos, sostuvo que “a menos que en el cuartel vacunaran cadáveres, a Carrasco lo vacunaron cuando todavía estaba vivo, porque los médicos lo asistían (en el hospital del cuartel), en un sitio sin asepsia médica y temían una infección”. Parte de la investigación del juez Labate, tropezó con algunas deficiencias heredadas de la investigación realizada, en la instrucción del caso, por el juez federal de Zapala, Rubén Caro, y por el fiscal Luis María Viaut. El juez Caro, doce años después de la muerte de Carrasco, fue investigado, acusado de permitir que el Ejército le manejara la causa para limitar el caso a los tres condenados por el crimen.

En el juicio oral, los peritos de la Corte Suprema de Justicia, que analizaron los resultados de la primera autopsia del cuerpo del soldado Carrasco, determinaron que la agonía de la víctima no había durado más de tres horas y que, en consecuencia, había fallecido el 6 de marzo de 1994. El primer forense, Rodolfo Villagra, hizo la autopsia en el cuartel, en precarias condiciones y rodeado por militares que podrían haber tenido responsabilidad en el hecho. En su declaración testimonial en el juicio, Villagra sostuvo que encontró fracturas en las costillas derechas segunda, tercera y cuarta, y “aproximadamente 1500 centímetros cúbicos de líquido de tinte hemático” en la región pleural. Aclaró que fue un cálculo “a ojo de buen cubero”. El líquido hallado fue volcado en un frasco vacío, usado antes para guardar mayonesa. 

En la reautopsia, los forenses de la Corte Osvaldo Raffo, Osvaldo Curci y Julio Ravioli establecieron que las costillas fracturadas eran la sexta y la octava, pero en el primer informe sólo hablaron de una luxación en la costilla sexta. El estado del cuerpo, en la reautopsia, impidió dar mayores precisiones sobre la arteria afectada y la gravedad del estado del paciente. A 25 años del Caso Carrasco, las dudas siguen siendo tan rotundas como el primer día, pero ya no existe ninguna posibilidad de barajar y dar de nuevo. Las únicas certezas, en cuanto a fechas, es que el 3 de marzo de 1994 Omar Octavio Carrasco se hizo colimba y que su cuerpo apareció el 6 de abril de ese año, en el cerro Gaucho.