Celina Duri tenía apenas 11 años, en 1978, cuando en el edificio de la Biblioteca Constancio C. Vigil, donde cursaba la primaria, regía la intervención de la patota de Feced, que en febrero de 1977 ingresó abruptamente. Durante una de las jornadas de clase, Alcides Ibarra empezó a gritar y pidió interrogar a la alumna, hija de quien fuera presidente de la Comisión Directiva, Augusto Duri, que estuvo detenido ocho meses con otros siete miembros de la institución. Cuando entró a dirección, Ibarra empezó a preguntarle nombres y datos de personas. En un momento del interrogatorio, puso su revólver sobre el escritorio para continuar, durante horas. El de Celina será uno de los testimonios de la audiencia de hoy en la causa Feced III y IV, que comenzó a juzgarse el año pasado. También declararán Roberto Frutos, hijo de Raúl Frutos; y Natalia García.
"La audiencia será de radical importancia porque de alguna manera finalizan los testimonios en primera persona de quienes sufrieron el terrorismo de Estado como parte del proyecto Vigil. En ese marco declarará Celina Duri, que también era hija de Checha Frutos, quien fue gestora del área de educación. Por las demoras que sufrió este juicio, Checha falleció y será su hija la que llevará el testimonio al debate", dijo Gabriela Durruti, abogada de APDH, en representación de las víctimas. "Roberto Frutos, hijo de Raúl, también declarará por su padre, integrante del proyecto. Hoy integra la Comisión directiva de Vigil y llevará al tribunal la historia de su padre y de lo que significó la biblioteca para su familia". En tanto, Natalia García, otra de las integrantes actuales hablará con sustento académico sobre lo ocurrido en Vigil, durante la dictadura militar, ya que fue el tema de su tesis doctoral.
El 25 de febrero de 1977, mientras la Marina rodeaba la manzana de Alem al 3000, miembros de la patota de Feced ingresaron violentamente al edificio de la Biblioteca Vigil para llevar adelante su intervención. Meses después, ocho miembros de la Comisión Directiva fueron detenidos y trasladados al Servicio de Informaciones, centro clandestino de detención que funcionaba en Dorrego y San Lorenzo, quienes después pasaron a condición de presos políticos hasta ser liberados en diciembre de ese año. En la institución se llevó a cabo el despojo de los bienes a los socios, hubo persecución de alumnos y docentes, y hasta quema de libros.
En los años 60, la Vigil se forjó como la biblioteca popular más importante del país. Llegó a tener cientos de ejemplares y unos 20 mil socios. Hasta contaba con una editorial propia. El edificio constaba de guardería, jardín de infantes y preescolar. 650 empleados autogestionados la sostenían a diario. También contaba con mutual y unas 40 propiedades con fines sociales. Buena parte del proyecto comunitario se sostenía con la famosa rifa que se vendía en todo el país; pero todo el proyecto se desbarató con aquella intervención, tal como dio a conocer Augusto Duri, en diciembre pasado, frente al Tribunal.