organizaciones antiderechos presentaron en el Congreso nacional un convenio que firmaron con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, para que el Estado nacional apoye sus intervenciones en relación a mujeres que cursan “embarazos inesperados”. El convenio fue firmado en diciembre del año pasado por Gabriel Enrique Castelli, secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en nombre de la cartera nacional, y Evelyn Rodríguez, titular de Fundación Vida en Familia, que forma parte de un conglomerado federal de organizaciones antiderechos. El acuerdo establece que el Estado nacional facilite “la promoción” de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable” en todo el país, con difusión del 0800 y de su información. “El ministerio va a facilitar la parte de promoción de la Red y visibilizar nuestro trabajo, para que se vea que hay acción concreta en apoyo a la mujer con embarazo vulnerable”, explicó a este diario la integrante de una de las organizaciones gestoras de la “Red”. Evelyn Rodríguez reveló que el convenio incluye una partida de 1.300.000 pesos.

La presentación se hizo en el salón de Pasos Perdidos del Congreso, con la presencia de senadores y diputados que gestionaron el espacio para el encuentro a pedido de Aciera, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina. Así lo confirmó a PáginaI12 Martha Rodríguez, de Jucum (Juventud con una misión), que integra la Alianza y participó de las gestiones que derivaron en el convenio con el Ministerio. La presentación de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”, que nació el año pasado, al calor del debate por la legalización del aborto, cuando “buscamos apoyo de parte del Estado por el trabajo voluntario que estamos haciendo”, detalló Rodríguez. Ese trabajo voluntario, añadió, es “una ayuda integral: médica, social, psicológica. Lo que sí, todos somos provida. La plataforma que tenemos es que la mujer tenga la contención para decir ‘me animo a seguir adelante con este embarazo’. Queremos que la primera opción no sea el aborto, que no sea el misoprostol”.

En el acto del Congreso estuvieron presentes Walberto Allende, Carmen Polledo, Cornelio Schmidt, Jorge Enríquez, Eduardo Amadeo, Marcela Campagnoli, Rosa Muñoz. 

Además de Aciera, entre las organizaciones antiderechos que sostienen este lobby se encuentran, entre otras, Gravida (la organización de origen católico que, por ejemplo, opera en hospitales públicos para convencer a jóvenes que piden ILE de desistir), la Fundación La Merced Vida (una de cuyas representantes explicó el año pasado, en el Congreso, que suelen intentar que las mujeres escuchen los latidos del feto, para hacerlas desistir de interrumpir el embarazo) y la Fundación Más Vida (que en la web dispone de una plataforma para “denunciar abortos” y puntos de venta de misoprostol). En sus redes, al anunciar el encuentro, una de esas organizaciones se ufanaba de la presentación: “¡seguimos ganando espacios!”.

La “Red” dispondrá de una línea de 0800 para comunicarse con más de 100 centros para “la derivación de casos que requieran acompañamiento a mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad”.

El próximo paso, según dieron a conocer los organizadores de la “Red”, será en mayo, cuando se lleve adelante una jornada de capacitación para iglesias de todo el país “que asumirán este desafío de proporcionar a las mamás los elementos necesarios para la atención de sus bebés, además de brindarles acompañamiento y contención”.