Diputados nacionales de extracción sindical volvieron a presentar ayer el proyecto de ley de Emergencia Pública Ocupacional que aprobó el congreso en 2016 y que vetó el presidente Mauricio Macri. La iniciativa tiene como objetivo frenar la ola de despidos, prohibirlos por 180 días y duplicar las indemnizaciones en casos de despidos injustificados.  

Frente a la pérdida de miles de puestos de trabajo que provoca la crisis económica, diputados con representación sindical volvieron a presentar en la Cámara baja el proyecto para frenar los despidos. “En 2016 Macri vetó la ley anti despidos prometiendo crear empleo genuino. Nos mintió a todas y todos. Por eso mismo insistimos con la emergencia ocupacional”, sostuvo Vanesa Siley, diputada y secretaria general del sindicato de judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, que arrancó con la iniciativa. 

“Los fundamentos del veto de Macri fracasaron producto de su propia política económica. Solo en 2018 se destruyeron 200 mil puestos de trabajo, de los cuales más de 100 mil pertenecen a la industria, lo que hace más urgente que nunca insistir con esta ley”, agregó Siley a PáginaI12.   

En la presentación del proyecto la acompañaron los diputados del FpV-PJ  Hugo Yasky (dirigente docente y secretario general de la CTA de los Trabajadores), Abel Furlán (secretario de la regional Zárate-Campana de la UOM), Pablo Carro (docentes universitario y CTA Córdoba) y Walter Correa (secretario general del Sindicato de Curtidores e integrante de la Corriente Federal). A ellos también se sumó el diputado por Red por Argentina, Facundo Moyano, vinculado al Frente Sindical para el Modelo Popular del que su hermano, el camionero Pablo Moyano, es uno de los principales referentes.     

El proyecto toma los 6 artículos que contenía la iniciativa que en 2016 tuvo el respaldo unánime de la CGT y las dos CTA. Y que fue el principal reclamo de ese año en el acto unificado de las centrales sindicales por el primero de mayo, como respuesta a la ola de despidos que en el Estado y el ámbito privado produjeron las primeras medidas del modelo económico de Cambiemos. Macri igual la vetó.  

El texto de la iniciativa declara la emergencia ocupacional por 180 días, a partir de la sanción de la ley y por ese mismo período prohíbe despidos y suspensiones trabajadores y trabajadoras sin causa justificada, en el ámbito público y privado, “sin importar la modalidad contractual”. Que en caso de que se produzcan despidos durante ese lapso de tiempo contrariando la norma, los trabajadores podrán accionar judicialmente y optar entre reclamar su reincorporación más los salarios adeudados o convalidad la extinción del vínculo laboral, con derecho a la doble indemnización que para estos casos establece la propia ley.

También establece “la continuidad automática” —dentro de los 180 días que dura la emergencia- de las contrataciones con plazos determinados en todo el ámbito de la administración pública nacional.

El proyecto aclara la metodología de reclamo antes las empresas que no cumplan la norma: “la acción de reinstalación y cobro de los salarios caídos se tramitará con el procedimiento sumarísimo previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que ordena la cautelar de  reincorporación hasta que se produzca la sentencia definitiva”. 

Los dipusindicales estiman que el proyecto llegará la semana próxima a la comisión de Legislación del Trabajo, que preside el diputado Sergio Ziliotto, el candidato a gobernador del unificado peronismo pampeano. Una de las pocas comisiones permanentes que no están en manos del oficialismo.  Ziliotto que no tendría reparos en avanzar con su tratamiento y debate legislativo.

En paralelo, comenzarán las conversaciones con todo el arco opositor que respaldó el proyecto en 2016, con la primera ola de despidos que el macrismo impuso especialmente en el Estado. La destrucción de empleo acumulado en los tres años del gobierno de Cambiemos sería un elemento unificador para toda la oposición parlamentaria. También para las distintas centrales sindicales.