Graciela Salvo tenía cuatro hijos pero mataron a uno de un balazo por la espalda. Francisco Pintos, el cabo de la Prefectura que le disparó a Rafita Nahuel Salvo en la comunidad mapuche de Villa Mascardi, consiguió ahora que lo defienda ante la justicia de Bariloche un influyente y costoso abogado de las entrañas del macrismo. Marcelo Hugo Rocchetti fue jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad bonaerense que conduce Cristian Ritondo, y dejó el cargo cuando lo acusaron de ser parte de una asociación ilícita. El mismo Estado que, a través de Prefectura, solventa los honorarios de quien habría sido el asesino de Nahuel le niega a su familia, que no pudo siquiera pagar el cajón con que fue enterrado, la pensión por discapacidad que necesita para sobrevivir. Y, como si fuera poco drama, los familiares de Nahuel reciben amenazas. "Pará con las marchas porque vas a terminar como él", le dijeron a Salvo.

La designación de Rocchetti, revelada por el portal En Estos Días, se inscribe en la sucesión de esfuerzos del gobierno por torcer el devenir de la causa judicial, insistiendo en la teoría del "enfrentamiento armado" entre mapuches y Prefectura cuando no hay prueba alguna al respecto.

Quiso el destino que el 25 de noviembre de 2017 mientras velaban los restos de Santiago Maldonado las fuerzas represivas decidieran patrullar el territorio de la lof Lafken Winkul Mapu, cuyos habitantes habían sido desalojados violentamente dos días antes. Francisco Javier Pintos es el cabo primero del grupo Albatros de la Prefectura que disparó más de 50 veces con su subfusil MP5, del que salió el proyectil que mató a Nahuel, de acuerdo al resultado de la pericia balística realizada por prestigiosos peritos. En el marco del expediente judicial es el más complicado de los uniformados, a pesar que el juez federal Leónidas Moldes procesó a cinco integrantes de Prefectura por homicidio cometido con exceso en la legítima defensa, es decir que se pronunció en sintonía con el relato del Ministerio de Seguridad sobre la existencia de un enfrentamiento, a pesar de que no hay ningún indicio de la presencia de armas en la comunidad originaria.

Pintos ya contó con apoyos de peso, desde el primer instante posterior al asesinato cuando fue representado por Fernando Soto, mano derecha de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En julio de 2018 Soto asistió a Pintos en su indagatoria, y su defensa se basó en tantas falsedades que el propio juez Moldes así tuvo que destacarlo cuando lo procesó. El letrado, que había tenido también un rol fundamental en las injerencias oficiales durante el caso Maldonado, dejó el caso y su jefa lo conchabó en la dirección de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales del Ministerio de Seguridad.

Su sucesor sería aún más influyente, porque el gobierno no quiere arriesgarse a que caiga: si este prefecto fuera condenado quedaría demostrado el accionar criminal de Prefectura en la comunidad mapuche de Villa Mascardi.

Marcelo Hugo Rocchetti fue hasta mediados de agosto jefe de Gabinete del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Como recordó el periodista Santiago Rey, autor del libro Silenciar la muerte sobre el asesinato de Nahuel, este abogado se vio forzado a renunciar a su cargo luego de ser denunciado por la diputada Elisa Carrió, quien aseguró que integraba una asociación ilícita junto al operador judicial Alfredo "Freddy" Lijo, hermano del juez Ariel Lijo. Antes de defender al cabo Pintos, y aún antes de pasar por la administración de María Eugenia Vidal, fue abogado de Rafael Di Zeo, en una causa por coacción agravada por el uso de armas. El vínculo de Rocchetti con el macrismo le permitió ser responsable de la seguridad de la Legislatura porteña, en 2008, pocos meses después del triunfo de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la asunción de Cristian Ritondo al frente de ese parlamento.

“Esto confirma la connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y la defensa de la doctrina Bullrich, para ellos existe el beneficio de la duda mientras que construyen el enemigo interno y esto es desproporcionado, lo mismo que la cantidad de personas que van a reprimir cuando desapareció Maldonado o mataron a Nahuel, no escatima el Estado recursos”, dijo a Página/12 Sonia Ivanoff, la abogada de los dos compañeros de Nahuel, Fausto Jones Huala y Lautaro González, que bajaron su cuerpo moribundo desde el cerro, y que terminaron procesados en la causa. “La causa tiene demasiados vicios e irregularidades, vemos con preocupación que los dos testigos terminan imputados y estigmatizados, sin su presunción de inocencia a criterio de Casación”, agregó.

En tanto, a la mamá de Nahuel tuvieron que donarle el audífono que necesitaba. Y no para de recorrer despachos oficiales entre Viedma y CABA porque no logra que el Estado nacional le otorgue la pensión por discapacidad. A pesar de las dificultades económicas, ella y la tía del joven mapuche, María Nahuel, no dejan de manifestarse en las calles de Bariloche para exigir justicia. “Nos toca denunciar un hecho tristísimo en democracia”, señaló la semana pasada la abogada de la APDH, Natalia Araya. “Ocurrió el 25 de enero, cuando nos encontrábamos marchando, acompañando a los padres de Rafael en su pedido de justicia, con la participación de las organizaciones sociales, gremios y vecinos. En esas ocasiones mucha gente se acerca a solidarizarse, pero esta vez ocurrió que un hombre se acercó y le dijo a Graciela que si no la cortaba con las marchas y con el expediente judicial iba a terminar igual que su hijo”, relató la letrada de la familia.