Después de 17 años fueron identificados los policías que atacaron a las Madres de Plaza de Mayo y las corrieron con caballos durante la represión de 2001, ordenada por el entonces gobierno de la Alianza. Se trata de cinco efectivos de la Federal que habían sido indagados en la primera etapa de la investigación, pero recibieron la falta de mérito debido a que no se les había podido endilgar ningún hecho en particular de aquel violento ataque a las manifestaciones populares que culminaron con la renuncia de Fernando de la Rúa. Tras ser identificados como quienes agredieron a Hebe de Bonafini y un grupo de Madres en las inmediaciones de Plaza de Mayo, el fiscal Franco Picardi solicitó su procesamiento. Aún hoy, los efectivos continúan en funciones.

Se trata de cinco policías. Cuatro de ellos –los principales José Luis González y Fernando Héctor Villegas; el cabo Luis Oscar Rodríguez y el cabo 1° Ramón Feliciano Vargas– eran funcionarios del Departamento Policía Montada del Cuerpo de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA). Para ellos, el titular de la Fiscalía Federal número 5 pidió el procesamiento por su presunta autoría directa en las “vejaciones” sufridas por Bonafini y otros manifestantes en la mañana del 20 de diciembre de 2001. Para el quinto, Ernesto Weber, solicitó el procesamiento como autor mediato de los mismos hechos: entonces, Weber era subcomisario y estaba a cargo de la Policía Montada. Es decir, les daba órdenes. 

Los efectivos fueron inmortalizados en numerosas filmaciones de medios televisivos y registros de reporteros gráficos. Poco antes de aquel mediodía, los efectivos de la Montada desalojaron con amenazas y golpes la Plaza de Mayo, que estaba colmada de manifestantes reunidos de manera pacífica. Entre ellos, se encontraban las Madres de Plaza de Mayo. 

Según la resolución de Picardi, aquél día una unidad del entonces Cuerpo de Operaciones Federales de la PFA avanzó contra “las personas que se encontraban manifestando en la Plaza de Mayo, habiendo mostrado en su proceder dicha unidad policial un comportamiento de violencia física excesivo, causante de distintas lesiones y vejaciones en las personas afectadas”. Alrededor de las 11.30 el subcomisario Francisco Santos Miglino intimó a los manifestantes a abandonar la plaza, orden que nadie acató. Unos 15 minutos después “varios policías montados a caballo aparecieron en el lugar y comenzaron a perseguir y golpear a todo aquel que se encontraba en el lugar llevando adelante una brutal represión”, detalló la fiscalía en su pedido de procesamiento. 

Las protestas se sucedían y se expresaban en huelgas, manifestaciones de ahorristas en las puertas de los bancos para reclamar por sus ahorros congelados por el corralito implementado por Domingo Cavallo e incluso se produjeron saqueos en distintos puntos del Conurbano bonaerense y el resto del país que “fueron ensanchándose hasta provocar el estallido social acontecido el 19 y 20 de diciembre de 2001”, contextualizó Picardi en su dictamen. Allí, además, sostiene que las protestas fueron “particularmente enervadas a partir de la represión que sufrieron las Madres de Plaza de Mayo, como símbolo de protesta social y de activismo pacífico por los Derechos Humanos” ese 20 de diciembre. 

Así, el fiscal argumenta el pedido de procesamiento a los policías desde la protección constitucional al derecho a la protesta social. Según el fiscal, la represión a esas movilizaciones “deben enmarcarse en ese mandato constitucional de protección”, apuntó, con énfasis especial en el carácter “pacífico” de aquellas protestas.   

El Juzgado Federal número 11 deberá definir si acepta o no la medida. Los hechos en cuestión fueron corroborados por el Tribunal oral Federal número 6 en el juicio oral por los asesinatos de cinco manifestantes sucedidos en el marco de la represión desatada aquel día en la Ciudad de Buenos Aires y que en mayo de 2016 culminó con los responsables de la conducción de la Policía brevemente condenados. Sin embargo, la agresión a las Madres no había sido especialmente tratada hasta ahora. Según consta en la solicitud de Picardi, recién hace poco más de un año existen elementos suficientes para ubicar en tiempo y espacio a estos cinco policías. Los delitos, no obstante, no prescribieron debido a que los efectivos implicados aún son funcionarios de la fuerza. La identificación se logró a partir de declaraciones, transcripciones de comunicaciones policiales y una pericia llevada a cabo por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), de la Procuración General de la Nación, que fue vital. Su labor fue individualizar e identificar a efectivos que participaron de la represión a partir de las imágenes fotográficas y fílmicas que habían ordenado y clasificado profesionales del Departamento de Física Forense del Instituto Balseiro, de la Gendarmería Nacional y del Departamento de Criminalística de la Prefectura Naval. Todo el material estuvo en manos de la Justicia desde el principio de la causa aunque no fueron debidamente analizados. Así, los efectivos a punto ahora de ser procesados habían sido indagados en su momento y luego desligados de los hechos a partir de la falta de mérito: no se los había logrado vincular con ningún hecho represivo en particular.