En vísperas del Tercer Paro Internacional de Mujeres, la CTA de los Trabajadores aprobó por unanimidad un protocolo interno de prevención y acción en casos de discriminación, acoso y violencia de género contra mujeres y personas LGBT+. “Es un día histórico”, destacó su titular, Hugo Yasky, secretario general de la central obrera. En la misma reunión, se aprobó otro protocolo marco con lineamientos para cuando la violencia de género se produce en el ámbito laboral, para que lo puedan incorporar los sindicatos en sus negociaciones colectivas. “Es una manera de formalizar aquellos acompañamientos que veníamos haciendo de manera informal. Y que a veces salen bien pero otras nos llevan a caminos de desaliento, de desencanto, cuando hay compañeras que tienen que apartarse de la organización”, destacó Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA y una de las impulsoras de la iniciativa. Así la CTA de los Trabajadoras se convierte en la primera central sindical del país y de Latinoamérica, que adopta este tipo de protocolos. 

El protocolo interno de la CTA de los Trabajadores define que en 15 días se debe producir un informe que se eleva a la Secretaría General, que será el órgano que indicará las intervenciones que se llevarán adelante, que puede llegar a ser hasta denuncia penal, dependiendo de la gravedad del caso, explicó Díaz. Están previstas también, entre otras medidas, acciones de prevención, sensibilización, diálogos y separación del dirigente del cargo. “Se destacó en la reunión y lo dicen los documentos que no adscribimos al punitivismo como resolución de los cambios culturales. Creemos que si es necesario, hay que promover las demandas judiciales pero que el centro es el cambio de conductas, el cambio cultural y el compromiso político que eso requiere. Para eso sentimos el orgullo, que nos decimos sindicalistas y feministas”, señaló a PáginaI12 la secretaria de Género de la central obrera. 

El protocolo interno fija la conformación de una comisión especializada de intervención, que podrá actuar también a partir del pedido de alguna organización social o sindical, afiliada a la CTA o de una afiliada directa. 

La reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA se celebró el miércoles por la tarde. Durante el tramo en que se pusieron a consideración los protocolos, Yasky le cedió a Estela Díaz la cabecera de la mesa para que liderara discusión. La votación fue coronada con un aplauso ruidoso y la emoción de las referentes sindicales que trabajaron en los últimos meses en la elaboración de los dos instrumentos y que fueron especialmente invitadas al encuentro. Entre ellas, Mónica Ingravidi, de Foetra; Belén Sotelo, de Feduba; Lola Berthet, de Actores; Cristina Echegoyen, de CTA-provincia de Buenos Aires; Karina Nicoletta, de AGTSyP; Mónica Ameneiros, de APA; Alejandra Arlegui, de Sutepa; Carolina Brandariz, de UTE; Yamile Socolovsky, de Conadu; Roxana Rogalsky, de Ctera; Claudia Martínez, de Conat, y las abogadas del equipo de la secretaría de Género de la CTA, Ana Clara Alffie, Cynthia Benzion y Florencia Losio. 

Al menos dos gremios, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) de CABA y el de Prensa de Neuquén, ya tienen protocolos de actuación para casos de violencia machista. Pero en la amplia mayoría de los espacios sindicales todavía no se avanzó con herramientas de estas características, que se han ido aprobando en las universidades, por ejemplo, y en algunos otros organismos como la Auditoria General de la Ciudad. 

Díaz explicó que además se aprobó que el protocolo interno para la CTA se ponga a consideración en el próximo congreso de la central sindical, que tendrá lugar antes de fin de año. “Para que sea incorporado por congreso a nuestras disposiciones generales”, destacó la referente gremial. Y se votó también iniciar el proceso de formación y convocatoria a las conducciones de la CTA de las distintas provincias, y de las conducciones y equipos de los sindicatos de base para que adopten e implementen mecanismos similares, precisó. 

Como antecedente, la CTA había aprobado en 2017 un compromiso sindical para la erradicación de la violencia de género, un documento de lineamientos generales.

Durante la discusión, algunos sindicalistas expresaron dudas y plantearon si no deberían discutirse los protocolos con las bases. Pero fueron otros “compañeros” varones los que les contestaron como Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados, que marcó la urgencia de contar con un dispositivo para los casos de discriminación y violencia machista para el ámbito sindical. Y consideró que era muy importante no dilatar la discusión porque estaban recibiendo “todo el tiempo” denuncias y les iba a ayudar “muchísimo” para poder intervenir.

Claudio Marín, secretario adjunto de Foetra, también planteó que con el equipo de género de su gremio tienen dispositivos que atienden la problemática de la violencia, incluso cuando la trabajadora sufre violencia en el ámbito doméstico. Pero destacó la importancia de que sea sancionado por la central obrera. Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, marcó el carácter político de la decisión. Señaló que llevo meses su redacción, que define mecanismos y marcos de intervención, pero sobre todo es una “decisión política” de dar una respuesta a una problemática que es histórica pero que hoy la sociedad demanda con urgencia. “Nuestra central que fue pionera para crear una secretaría de Género, para integrar la Campaña por el Derecho al Aborto, incluso, teniendo en su seno diferencias en relación al tema, hoy vuelve a ser pionera en relación a esta decisión para la prevención y atención de la violencia”, subrayó Alesso.

Edgardo Llano, secretario general de APA, hizo hincapié en la necesitad de las reformas estatutarias. Contó algunos casos muy fuertes, incluso el de “un compañero” de su sector que cometió un femicidio, quemando a su pareja, situaciones que para ellos fueron muy impactantes, y dijo que es necesario que el protocolo para organizaciones gremiales se ponga en discusión y se apruebe en reformas de estatutos. 

Estuvieron presentes también los dirigentes docentes, Roberto Baradel, secretario general de Suteba y Eduardo López, de UTE, referentes de municipales de Avellaneda, y portuarios, entre otras organizaciones gremiales.

El segundo protocolo, que fija un marco para casos de violencia laboral, plantea la necesidad de que haya equipos interdisciplinarios con perspectiva de género para ocuparse de las denuncias en los sindicatos.