El Gobierno avanza con cambios en la votación nacional que incluyen la transferencia de datos con escáners desde las escuelas –para lo que contrató a una empresa internacional que durante más de una década hizo elecciones en Venezuela y que tiene varias acusaciones en otros países–, pero también la votación anticipada de argentinos en el extranjero, de presos y de militares. Desde el Ejecutivo sostuvieron que son cambios pedidos por la Cámara Nacional Electoral. El Partido Justicialista definió en su congreso partidario de la semana pasada que impulsará la nulidad de todos los cambios en la Justicia electoral.

Los cambios, publicados en enero, vienen siendo cuestionado por distintos sectores de la oposición. El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, tuvo reuniones a comienzos del mes con los apoderados de los partidos y con las ONG vinculadas a la temática para intentar conciliar las críticas. También estuvo reunido con los integrantes de la Cámara Nacional Electoral. 

En el centro de la discusión aparecen los cambios en el procedimiento para transmitir la información de la votación al centro de cómputos. Hasta ahora, siempre se trasladaban los telegramas hasta los centros de transmisión del Correo Argentino. Desde el Gobierno argumentan que son muy pocos (unos 400 para 2500 ciudades) y que retrasan el escrutinio provisorio, porque los camiones deben trasladar los telegramas hasta el centro. La decisión del gobierno nacional es que, a partir de esta elección, los resultados se transmitirán desde cada escuela con una notebook y un escáner, a cargo de una empresa privada. 

Se trata de una decisión, aseguran los macristas, que busca agilizar los tiempos del escrutinio provisorio. Es el mismo argumento con el que impulsaron el voto electrónico, una iniciativa que naufragó en el Congreso luego de que todos los especialistas informáticos de las universidades nacionales, además del Conicet, se pronunciaran en contra de ese sistema de votación. Para el sistema de transmisión, el Correo Argentino ya hizo una licitación que ganó la empresa Smartmatic, que recibirá por este nuevo sistema un total de 1.365.232,66 dólares. 

Hay una segunda licitación para todo el escrutinio provisorio, que estará resuelta a fines de abril. Allí también compite Smartmatic, una empresa vinculada durante más de una década a las elecciones en Venezuela y con cuestionamientos en distintas elecciones del mundo. En la Argentina intervino en los comicios en Córdoba, donde fue cuestionada por el ahora ministro de Defensa, Oscar Aguad, por poco confiable (ver recuadro). 

El apoderado del PJ, Jorge Landau, recibió indicaciones del congreso partidario de la semana pasada de avanzar en presentar nulidades de todos los cambios ante la Justicia electoral, donde se terminará dirimiendo. Según indica el documento final, el PJ “rechazó los decretos del PEN y encomendó al cuerpo de apoderados para realizar todas las presentaciones necesarias ante la Justicia electoral para obtener la nulidad de los decretos y de toda otra normativa que no sea ley dictada por el PEN en uso de atribuciones que no le son propias”.

El PJ presentó hace algunas semanas un extenso documento donde cuestiona este sistema y otros cambios que se hacen en el proceso. Sobre la transferencia de datos, el PJ advirtió que impide el control cruzado de los fiscales, dado que modifica el procedimiento de actas de apertura y cierre.

“El propósito del gobierno es suprimir el medio de comunicación en papel que es el telegrama y su sustitución por un acta. Transforman esa acta en el único documento original de la votación ya que a los fiscales sólo se les entrega copia del acta transmitida. Y mantienen abiertas las urnas entre la finalización del escrutinio en la mesa hasta la transmisión de los resultados con la consiguiente inseguridad que eso entraña”, cuestionan. “Practican una política de hechos consumados. Por eso los decretos 45, 54 y 55 fueron publicados en enero en el mayor sigilo y la compra del software se hizo del mismo modo”, advierten.

Desde el Gobierno sostienen que los cambios en los documentos que se disponen en el escrutinio serán, en última instancia, dispuestos por la Cámara Nacional Electoral. Con lo que no tienen previsto dar marcha atrás es con la transmisión desde las escuelas, que ya tiene una partida y una empresa a cargo. Sostienen que con este sistema se evita la disparidad en la carga de los datos, según la distancia de las escuelas al centro de cómputos del Correo. 

“El software a utilizar esta desarrollado por una empresa privada y es de código cerrado. No existe análisis de ninguna institución oficial sobre la conveniencia y confiabilidad de uso”, advierte el documento del PJ. Desde el Gobierno negaron que esto sea así: indicaron que el código es abierto, y que se va a presentar y se va a distribuir a los partidos para que lo auditen cerca de la elección. “El software de transmisión de datos ni se conoce ni ha sido probado nunca localmente. Solo lo conoce el Gobierno”, insisten desde el PJ. Toda la discusión terminará judicializada.