Un grupo de abogados y médicos de Tucumán presentaron una denuncia por homicidio contra José Gijena y Cecilia Ousset, los médicos que le realizaron la cesárea a la niña de 11 años a quien el gobierno provincial obligó a parir. Tras el fallecimiento de la beba fueron denunciados los únicos profesionales que estuvieron dispuestos a cumplir el deseo de la niña, quien había pedido más de seis veces que le sacaran “lo que el viejo le había puesto en la panza”. Los profesionales esperaban la acción judicial porque el mismo Gijena advirtió días atrás que se había abierto una investigación penal por su accionar.
María Teresa Mockevich, Luciana Collombres, Viviana Matar, Jorge Ramacciotti, Constanza del Carril, Raúl Lezana, Angela Vittini y Ricardo Miguel Auad presentaron la denuncia por “homicidio agravado” contra los dos médicos intervinientes y la abogada Adriana Mónica Mazzone, un delito que contempla una condena que puede llegar hasta la prisión perpetua. Al salir de la Fiscalía Especializada en Homicidios N°1, una de las denunciantes fundamentó su decisión en la supuesta “tortura” que sufrió la beba que falleció en el hospital Eva Perón y desplegó un amplio abanico de interpretaciones personales sobre el Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema, al que calificó “nulo”.
“Hago lo que tengo que hacer”, se atajó Mockevich, quien aseguró que actuaba bajo la sospecha de que “se habría cometido el delito de homicidio”. Al ser consultada sobre la legislación vigente que contempla las causales de los abortos no punibles, la abogada terminó por desestimar el artículo 86 del Código Penal, el fallo del máximo tribunal y hasta las resoluciones de la ONU, que señala que representa una tortura obligar a maternar a una niña violada.
“Tortura es a lo que ha sido sometido la vida de la bebita que ha nacido con 5 meses de gestación, que fue torturada con tubos y con cables para intentar salvar su vida durante 10 días, ella sí ha sido torturada”, subrayó la denunciante. Con el mismo espíritu hizo una particular lectura del padecimiento que atravesó la niña de 11 años, a la que la fiscal Adriana Gianonni y la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, le negaron el derecho al aborto forzándola a continuar con el embarazo en contra de su voluntad. “Tenemos entendido que la niña ha sido contenida y atendida en el hospital, y que en el mes en que ha estado internada jamás se han denunciado torturas”, se atajó Mockevich.
Poco después calificó el fallo FAL como una sentencia con un “fin político y no jurídico”, y consideró que las causales legales de interrupción de embarazos son "dos excusas absolutorias”.
Más adelante la abogada redobló la apuesta al poner en duda también las resoluciones de la ONU. “Uno de sus comités se ha expedido pero eso no es la ONU, es uno de los comités consultivos”, manifestó intentando negar que para la ONU que una nena materne contra su voluntad es tortura.
