“Es una locura, estos grupos provida tienen una opinión y creen que la pueden imponer sobre leyes que existen desde 1921, y quieren ir para atrás, nos quieren llevar a la Edad Media”, dijo a PáginaI12 José Gijena, el médico ginecólogo que realizó la intervención quirúrgica a Lucía, la niña tucumana de 11 años violada por la pareja de su abuela y obligada por el Estado provincial a extender su embarazo para evitar la interrupción legal del embarazo (ILE). Gijena, su esposa, Cecilia Ousset, también ginecóloga y que lo asistió en la cesárea, y la defensora de menores Adriana Mónica Romano Mazzone, fueron denunciados por homicidio por un grupo de abogados y médicos antiderechos, en una clara persecución e intento de amedrentamiento dirigido a todos los profesionales dispuestos a cumplir con la ley en el caso de una Interrupción Legal del Embarazo. La denuncia por homicidio agravado fue presentada en la fiscalía Especializada en Homicidios N°1, a cargo de Adriana Giannoni, que públicamente adhiere a estos preceptos medievales (ver aparte). 

“Estoy con mucha bronca –relató Gijena en entrevista telefónica–. Me acabo de enterar por amigos que impulsaron una denuncia contra mi esposa, contra mí y contra la defensora de Menores Adriana Romano Mazzone por homicidio calificado”.

Gijena explicó que la presentación fue realizada ante la fiscal Giannoni, quien había tomado partido por la obstaculización de la ILE, a tal punto que la justicia investiga el accionar de Giannoni tras haber sido denunciada penalmente por la diputada nacional tucumana Teresita Villavicencio.

“Se trata de un grupo de abogados y médicos que se declararon ‘provida’ –describió Gijena–. Estos grupos provida que intervinieron activamente para que no salga la aprobación de la Ley de Aborto Seguro y Gratuito que se votaba en el Congreso. Están todos ecolumnados detrás de la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR/Cambiemos)”.

Gijena explicó que la novedad sobre la denuncia no la recibió por medio de una notificación judicial sino que algunos conocidos le hicieron mención de la presentación en su contra. “Es una noticia que tengo hace un par de horas. Venía de llevar a mis hijos al colegio. El colegio es nuevo, empezaron hoy, tuvimos que cambiarlos porque en el otro colegio al que iban recibieron amenazas y agresiones. Son todas las complicaciones que vivimos en esta provincia. Hoy era el primer día de colegio nuevo. Transcurría todo bien hasta que me entero por amigos que fuimos denunciados”.

El especialista sostuvo que no fue notificado judicialmente, “lo sé porque la noticia trascendió en la provincia, y ahora veo que también en la capital, pero todavía no tengo patrocinio letrado”.

–¿Cómo se explica la denuncia si ustedes fueron convocados para la intervención por alguna autoridad del Ejecutivo?

–A mí me convoca por vía telefónica la ministra de Salud, Rossana Chahla, y el viceministro Gustavo Vigliocco, al no tener ningún médico dispuesto a cumplir con la ley, porque de todos los médicos del sistema de salud público ninguno quiso participar, tienen todos objetores. Entonces, sabiendo de nuestra militancia a favor del aborto y sabiendo que no soy objetor de conciencia me llamaron. Actué con absoluta libertad, nadie me presionó. Fuimos directo a la madre y a la niña, ya estábamos en la semana 23, y nos decidimos por la cesárea. Se podría haber hecho con pastillas si tuviéramos una mujer desarrollada, pero someter a esta chiquita a una interrupción medicamentosa hubiera sido someterla a 72 horas de fuertes dolores, sangrado, y de todas maneras íbamos a tener que realizar la cesárea para completar porque sus órganos no iban a poder expulsar completamente el feto de 23 semanas. Las pastillas se hubieran podido utilizar si no hubiesen dilatado”.

–¿Cuando lo llamaron no previó esta situación? 

–Lo teníamos en cuenta, la posicion de los “provida”, cuando ya sabía que tenía la autorización, conociendo a Tucumán, al Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial, se había pronunciado como una provincia “provida”... El Estado tiene la obligación de tutelar a todos los tucumanos, pero se nota que no tiene intención de hacerlo, en la semana 16 se hubiera podido hacer la Interrupción Legal del Embarazo sin complicar a la niña. Estamos hablando de una verdadera locura. Es la opinión de estos grupos antiderechos, y se permiten cuestionar leyes que están vigentes desde 1921 y nos quieren llevar a la Edad Media.

–¿No se siente cubierto por quienes lo llamaron?

–Me hablaron cerca de 7 u 8 veces porque no conseguían a nadie. Ahora estoy esperando que me hablen las autoridades, deberían sentirse responsables.