El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció propuestas para modificar la justicia transicional que surgió tras el acuerdo de paz con la exguerrilla de las Farc. El mandatario objetó así seis artículos de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. El anuncio fue rechazado por más de cien personas defensoras del acuerdo de paz, quienes enviaron una carta al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, expresando su preocupación.
“He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, declaró Duque en una discurso televisado el domingo por la noche. La llamada ley estatutaria de la JEP, aprobada por el Congreso en noviembre de 2017 y enviada el pasado 11 de febrero a la presidencia para su sanción o objeción, es parte del modelo de justicia acordado en La Habana entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla Farc.
Los reparos del mandatario tienen que ver con el futuro de los excombatientes reincidentes en delitos después de la firma del acuerdo de paz, la posibilidad de que la fiscalía avance en diligencias mientras la justicia de paz toma decisiones, el tratamiento de los delitos de lesa humanidad y la extradición de personas por conductas delictivas posteriores a la firma del Acuerdo Final. En este último aspecto entra el exjefe de las Farc Jesús Santrich, detenido en Bogotá desde el pasado 9 de abril y pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico, un delito que según la Fiscalía cometió después de la firma de la paz, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2016.
Por otro lado, Duque anunció que presentará una reforma constitucional que excluya de la JEP las causas por delitos sexuales contra menores de edad, la pérdida de beneficios para quienes reincidan en actividades delictivas y la competencia de la fiscalía frente a los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose. Ya desde la campaña presidencial que lo llevó al poder el pasado agosto, Duque -así como su padrino político, el ex presidente Álvaro Uribe- se ha mostrado contrario al acuerdo alcanzado por Santos. No obstante, el mandatario de derecha aseguró que las objeciones buscan corregir el texto acordado sin ánimo de polarizar. La Jurisdicción Especial para la Paz se encuentra funcionando de hecho desde principios de 2018 y ha abierto hasta el momento siete grandes procesos. Entre ellos, un caso contra la cúpula de las ex Farc por secuestros y uno sobre los asesinatos de civiles presentados como bajas en combate por parte del Ejército Colombiano. Tras el anuncio de Duque, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró en un video que la entidad seguirá funcionando plenamente, ejerciendo cabalmente todas y cada una de sus competencias y funciones, en espera de una decisión definitiva sobre la ley.
Por su parte, el líder máximo de la ex guerrilla, Rodrigo Londoño, respondió minutos después en su cuenta de la red social Twitter. “El llamado más que nunca es a defender el acuerdo de Paz, nuestro compromiso es con cada colombiano en cada lugar del país”, escribió.
La preocupación por el futuro de la JEP y el Acuerdo de Paz también fue transmitida ayer a Guterres, mediante una carta firmada por más de cien personalidades. Entre los firmantes se encontraban integrantes de las delegaciones tanto del gobierno de Colombia como de las guerrillas que elaboraron el pacto -como el jefe negociador de Santos, Humberto de la Calle, y de las Farc, Londoño-, el ex candidato presidencial de izquierda Gustavo Petro, y el ex candidato de centro, Sergio Fajardo; legisladores; ex funcionarios de gobierno; víctimas del conflicto; dirigentes de organizaciones de la sociedad civil; académicos e intelectuales, entre otros. “Quienes suscribimos esa comunicación le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”, escribieron.
