En Diputados se presentaron dos proyectos de resolución para que el Ejecutivo informe los motivos y fundamentos del convenio entre las carteras de Desarrollo Social y Salud, con la Fundación Vida en Familia, que junto con distintas organizaciones evangélicas acordó un 0800 antiderechos. Se trata del convenio denominado “Acompañamiento de situaciones de embarazo no intencional en la adolescencia”, para el que se han destinado fondos por 1.430.000 pesos. Uno de los proyectos, firmado por Analía Rach Quiroga y María Cristina Alvarez Rodriguez, del FPV, se pide que informen sobre “cuál ha sido el proceso de selección” y cómo se estableció el proceso de rendición de fondos y de informes técnicos.
También se quiere saber las razones por las que se dispuso habilitar una línea 0800 que derivará a más de 200 centros a las personas que se contacten con la línea para recibir asistencia. Se solicita al Ejecutivo que de a conocer la lista completa de quienes dirigen y trabajan en esos centros de atención, los motivos por los que “se solapan y duplican esfuerzos considerando que el Plan Nacional Embarazo no intencional en la adolescencia (Plan ENIA) tiene los mismos objetivos” que los citados en el convenio con los evangélicos.
El otro pedido de informes, suscripto por Victoria Donda, Cecilia Moreau y otros legisladorxs, hace preguntas similares y señala que detrás del acuerdo está Aciera (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas), una organización antiderechos que se opone a la legalización del aborto.
