Organizaciones y movimientos sociales que nuclean a los migrantes en el país se concentraron esta mañana frente a la Dirección Nacional de Migraciones y marcharon hacia Plaza de Mayo para repudiar las medidas del gobierno de Mauricio Macri contra la comunidad de extranjeros, que tiende a vincular la inmigración con la delincuencia. En el marco del tercer “Migrantazo” en defensa de sus derechos, el colectivo entregó un petitorio a la entidad estatal para que anule el decreto que endureció la condiciones migratorias, para que se modifique el sistema por el que se emiten los turnos vía online y para reclamar que el Gobierno salde la “arbitrariedad” que cometió contra Vanesa Gómez Cuevas, la ciudadana peruana que fue expulsada del país y separada de sus dos hijos.
En concreto, piden que Macri ponga un freno a la “criminalización contra los migrantes”. La principal bandera que levantan es contra el DNU 70/2017 que amplía el abanico de personas que pueden ser expulsadas y establece un trámite express para esos casos, luego reforzado por la medida que los obliga a presentar un certificado de 10 años sin antecedentes penales. “Es una criminalización al migrante trabajador/a, porque ante cualquier multa de derecho administrativo ya no se puede salir ni entrar a la Argentina. Es un retroceso en derechos humanos”, manifestó a Página/12 Alexander, miembro de la campaña "Migrar no es delito".
Por otro lado, también quieren respuestas para el caso de Vanesa, quien fue subida a la fuerza a un avión a principios de febrero para mandarla a su país junto a su hijo de dos años, dejando a sus otros dos hijos de 5 y 14 años en Villa Lugano. “Están violando un derecho constitucional separándola de sus hijos y echando al otro, que es ciudadano argentino. También violaron el derecho a la reunificación familiar, más allá de que toda la situación es inconstitucional. Nunca se ha visto que el mismo gobierno nacional expulse a un connacional”, resaltó Alexander,
Desde el colectivo afirmaron que el caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que esperan llevarlo hasta la ONU hasta obtener respuesta. “Hay que darle visibilización porque es una violación a los derechos humanos”, explicó, al asegurar que no sabe “cómo va a responder el Gobierno a una arbitrariedad de esas”.
Otra de las demandas tiene que ver con los nuevos obstáculos que se implementaron en los últimos años a los trámites administrativos para ingresar al país. “Antes se llegaba al país y se sacaba un turno, pero ahora se tiene que hacer online y nunca notifican cuando los turnos se cayeron. Además, sólo se hace por Internet y la mayoría de los migrantes no tienen acceso a Internet. Nos están discriminando”, puntualizó.
Al momento de anunciar las nuevas medidas contra los migrantes, el ministro del Interior Rogelio Frigerio afirmó que su “deber es protegerlos a ellos y por supuesto a todos los argentinos con acciones y políticas que los cuiden para que se sientan tranquilos”, vinculando a la inmigración con la delincuencia. Las estadísticas desmienten categóricamente sus apreciaciones: menos del uno por ciento de las personas migrantes tuvo conflictos con el sistema penal y el porcentaje de personas extranjeras encarceladas ronda entre el 4,9 y el 6 por ciento de acuerdo a los registros.
