El espionaje y las extorsiones que investiga el juez federal Alejo Ramos Padilla son obra de “uno o varios grupos que desplegaron actividades de inteligencia prohibidas” y “sólo pueden llevarse a cabo por parte de los organismos públicos habilitados por las leyes vigentes”. La advertencia pertenece a la Comisión por la Memoria bonaerense, de amplia experiencia en la materia por gestionar el ex archivo de la policía provincial, y forman parte del informe preliminar que el organismo le presentó al magistrado de Dolores a partir de las pruebas obtenidas en el allanamiento a la mansión del falso abogado Marcelo D’Alessio. Trabaje o no el extorsionador para una agencia de inteligencia o de seguridad, las prácticas de la asociación ilícita que integra “ponen en peligro el propio sistema democrático”, alerta el organismo que encabeza Adolfo Pérez Esquivel.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en la causa a partir de un pedido formulado el 22 de febrero por Ramos Padilla, que recurrió al organismo a partir de la experiencia técnica que acumula desde hace 18 años por custodiar e investigar los archivos de la ex Dirección de inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba). El relevamiento da cuenta de “prácticas de inteligencia ilegal en Argentina y otros dos países”, precisó la CPM en un comunicado. Consultado en el Congreso sobre esos países, el magistrado mencionó a varios más: recordó el espionaje a directores uruguayos de la petrolera venezolana Pdvsa, a una delegación comercial iraní en Montevideo, mencionó los documentos encontrados en el allanamiento que se adjudican a la embajada de Estados Unidos y al ministerio de Defensa de Israel, y la propia presentación del espía como “agente de la DEA”, como el periodista Daniel Santoro se lo presentó al fiscal federal Carlos Stornelli.
Entre las prácticas ilegales detectadas, la CMP menciona “el acceso a información sensible no pública de organismos estatales, seguimientos a distintas personas sin orden judicial y las denominadas técnicas ‘de ablande’ con el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos”. El destino de ese trabajo sucio no es otro que incorporar los testimonios “en causas judiciales que investigan hechos de corrupción, sin que existiera orden previa y fundada de realizar esos actos conforme manda la ley”, como es evidente en la causa de las fotocopias de los cuadernos extraviados que gestionan el imputado Stornelli y el juez Claudio Bonadío.
A partir del análisis de documentación, la CPM considera que hay “pruebas suficientes que indican que de manera planificada (D’Alessio) recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con enunciados fines tácticos o estratégicos”. Distingue cinco etapas del ciclo de inteligencia: “una planificación, una fase operativa de reunión informativa, un análisis de la información recolectada, su sistematización y la posterior difusión a los destinatarios”. El comunicado no los enumera, sólo señala que las “personas a quienes reportaba” están relacionadas “con agencias de inteligencia nacionales y extranjeras o con actores del Poder Judicial de la Nación”.
Entre otros “indicios” de espionaje ilegal, apunta también “la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos de personas por su opinión política y/o pertenencia partidaria y/o por su actividad lícita” (como sería el caso de la periodista Romina Manguel y de Alejandro Fantino), y actividades de inteligencia “con el objetivo de influir en la vida personal, en la situación institucional, política y económica del país y en su política exterior, así como en la opinión pública a través de los medios de comunicación”. “También se llevaron a cabo la captación de comunicaciones, el acceso al registro de migraciones y el acceso a información estatal y privada reservada, todo esto sin la debida autorización judicial y por lo tanto por fuera de la ley”, agrega.
Los actividades bajo investigación “revisten una enorme gravedad institucional” ya que violan las leyes de Inteligencia, Seguridad Interior y Defensa Nacional. Cualquiera de las hipótesis que se acrediten, léase la pertenencia o no de D’Alessio a alguna agencia estatal de inteligencia o seguridad, “configuran hechos que vulneran la institucionalidad democrática y los principios republicanos del estado de derecho”. “En la primera hipótesis por el accionar de agencias estatales por fuera de la ley. En la segunda, por la absoluta endeblez y negligencia de un sistema que debería haber detectado y alertado sobre tales prácticas”, reza el informe. La Comisión que preside el premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, destaca que “encuadrar legal e institucionalmente el sistema de inteligencia sigue siendo una deuda pendiente de la democracia argentina” y recuerda que “durante estos años se han detectado diferentes situaciones que dieron cuenta de este accionar por fuera del marco legal”. Reclama que se investiguen de manera exhaustiva estos hechos “que no son aislados y en cuyo desarrollo aparecen implicados organismos estatales y judiciales que generan estructuras paralelas a las del Estado”. Concluye con la advertencia de que estas prácticas “ponen en peligro el propio sistema democrático” y llama a los poderes públicos “a adoptar medidas urgentes para revertir esta situación”.
