A punto de cumplirse tres años del incendio de Iron Mountain, que el 5 de febrero de 2014 destruyó documentación sensible sobre entidades financieras como el HSBC o empresas vinculadas con los Panamá Papers y dejó diez muertos, la fiscal nacional en lo Criminal de Instrucción Número 37, Romina Monteleone, solicitó al juez en lo Criminal de Instrucción, Pablo Ormaechea, la indagatoria de 32 personas involucradas, entre ellas funcionarios del gobierno porteño y de la Superintendencia Federal de Bomberos. El ex titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, actual titular de la Aduana, quien no pudo explicar ante la Legislatura cómo se extravió el expediente de habilitación de la firma, no fue citado.
La medida alcanza a los responsables de la firma y también a empleados de la empresa que instaló el sistema contra incendios, además de al sereno que trabajaba ese día.
La secuencia del hecho comenzó con el derrumbe de una pared que aplastó a los ocho bomberos y dos rescatistas a las 9.04 de la mañana de aquel 5 de febrero. Casi un mes tardó en extinguirse el incendio. Un año demoró el peritaje que confirmó la intencionalidad del origen del fuego y a fines del año pasado otro peritaje de la UTN puso en duda esa conclusión, que el juez debe definir. Hasta 2019 continuará Iron Mountain eximida con el ciento por ciento del pago de Ingresos Brutos en la ciudad. Tampoco pagará el ABL hasta 2029. Según los datos que se conocen, las exenciones totales entre 2009 y 2012 ascendieron a 4.842.030,23 pesos.
Por el presunto delito de lavado de dinero hay otra causa, que investiga el fiscal Claudio Navas Rial. Bancos como el HSBC, BNP Paribas, Patagonia, JP Morgan Chase, Crédit Suisse y Banco General de Negocios perdieron miles de cajas con documentación en el incendio. En 2014, la Procelac denunció un posible hecho de corrupción internacional de la constructora Sideco Americana, del Grupo Macri, que también guardaba cajas en Iron Mountain. La compañía aportó información sobre una caja que tenía el código “KN100010183”, rotulada bajo la leyenda “Perú (Coima Gral. Egesur Electr.)”.
Al solicitar la indagatoria, la fiscal consideró que “en la propagación del incendio han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”.
Monteleone solicitó que citaran a Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nardi, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, ya que el primero estaba obligado a “verificar que el depósito siniestrado reuniera condiciones aceptables de seguridad” y el segundo “tenía el deber legal de recibir los informes y denuncias”. Y fueron citados funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Norberto Leandro Hirsfeld, Jorge Barbieri, Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani, que habían inspeccionado el lugar en distintas oportunidades sin consignar ninguna anomalía.
También se pidió la indagatoria del jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas Luis Alberto Cogo, del director de Industrias y Otros Locales Roberto José Chiesa, de la directora general de Fiscalización y Control Vanesa Ileana Berkowski y de la Jefa del Departamento de Programación Operativa Silvia Miriam Hers. Además, se requirió a los encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control Rafael Mario Roldán, Fabián Conrado Davies y Pierre Louis Chapar, y a Gastón Luis Laugle, Patricia Moroni y Jorge Andrés Salazar, de la Dirección de Administración y Gestión Operativa.
Monteleone también citó al gerente general de Iron Mountain, Guillermo Eduardo Lockhart, y sus directivos, Pedro Meierhold, Gustavo Roberto Álvarez, Rodrigo San Miguel, Ricardo Daniel García y Miguel Carrillo; además del encargado de Seguridad e Higiene Héctor Eduardo García. Y al apoderado Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría, quien –según la fiscal– habría sobornado a funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina para conseguir la habilitación del depósito.
