"Le pido a los que nos odian o nos ven como enemigos, que por favor se metan conmigo pero no con ella." No importa quién pronuncie esa frase, si es un dirigente kirchnerista o un macrista, si es radical o peronista. Cuando la política lleva a ese pedido, es que llegó a un punto de inflexión. Es una frase que define a los interpelados, que describe sus propósitos en forma descarnada. No importa de qué lado se pronuncia.

Esa frase acusa al otro lado. La política llega a un punto de no retorno cuando se persigue a los hijos para castigar a los padres, cuando se manipula a la justicia para perseguir a un inocente como una forma de castigar, extorsionar, desanimar o amedrentar a un opositor.

No importa quién lo haga, pero buscar el eslabón familiar más vulnerable para desequilibrarlo con persecución y amenazas para desquiciar o desmoralizar a la madre, no es un mecanismo de la justicia o de la política. Se trata de un manejo mafioso que ha sido naturalizado por la información dirigida con ese fin por las corporaciones mediáticas.

Pueden estar naturalizados y justificados por el odio inducido por esos medios, pero las prácticas mafiosas ensucian al que los ejecuta y se convierten en su retrato, porque lo define. No importa si lo justifican como un medio para combatir un supuesto acto de corrupción, no importa si se lo considera un costo lateral o un mal necesario. Es un proceder mafioso.

Pero peor es disfrutar del dolor. Cuando la ex presidenta colgó el video donde explica el viaje de su hija a Cuba por un problema de salud provocado por la persecución y la hostilidad permanente, las redes se llenaron de mensajes de solidaridad. Pero hubo muchos que se burlaron y otros que lo disfrutaron.

"CFK usa la salud de su hija en un documental melodramático. Los que debieron pensar en no involucrarla en hechos de corrupción son sus padres. Por lo demás, la ley es como es para todos. Ojalá Florencia mejore." Es un mensaje colgado por la periodista de Telefé, Cristina Pérez. Otra persona que colgó mensajes en ese tono fue Amalia Granata.

En una situación normal o ideal, un periodista no tendría nunca que intervenir de esa manera, quedaría descalificado profesionalmente. Pero el mecanismo del lawfare, la guerra jurídica, necesita que los periodistas sean los que más se embanderen, prejuzguen y desprecien la información. Porque esa acción justifica luego la intervención irregular de un fiscal o un juez también parcializado.

La investigación del juez Alejo Ramos Padilla, que ha sido sospechosamente ignorada por estos periodistas, demuestra la participación de periodistas en estas maniobras de extorsión. Una institución de periodistas le acaba de otorgar el premio al periodismo de investigación a un sujeto que lo único que hizo fue reproducir los partes de Gendarmería y los servicios de inteligencia para ensuciar a la familia de Santiago Maldonado y confundir con versiones mentirosas.

Acusar a Florencia Kirchner por hechos que sucedieron cuando tenía doce años es una forma de extorsión sobre su madre. No tiene otra explicación. Ha sido desde el principio un intento de quebrar moralmente a la madre de Florencia sin importarles lo que le estaban generando a ella. 

Los cinco millones de dólares que heredó Florencia Kirchner a los doce años estaban declarados, no era dinero negro y su origen estaba documentado. No es dinero ilegal. Pero el presidente Mauricio Macri dictó una ley para que su hermano y otros familiares blanquearan muchos millones más que estaban en cuentas offshore. Su administración intentó anular una deuda de varias decenas de millones de dólares que tenían sus empresas con el Estado por el Correo. Sin embargo, si un periodista colgara comentarios del tipo de los colgados por las señoras Pérez y Granata sobre Antonia para atacar a su padre tendría que ser igualmente descalificado. Los periodistas no pueden intervenir de esa manera cruel y tan poco profesional a no ser que sean parte de una campaña. Esos periodistas no son los que odian, sino los que inducen el odio.