Más de 300 adjudicatarios de viviendas sociales en la Villa Olímpica se concentraron para definir un plan de lucha ante la pesadilla en que se transformó el pago de las cuotas en UVAs.

Con un aumento promedio del 44 por ciento en sólo seis meses, los beneficiarios pasaron de soñar con la casa propia a estar en un infierno del que no saben cómo salir y le reclaman al Gobierno porteño nuevas alternativas para afrontar los pagos.

“Que el sueño olímpico no se transforme en una pesadilla olímpica” reclamaron con pancartas frente a la Casa de Gobierno de la Ciudad, ubicada en Parque Patricios.

Como si fuera poco, los departamentos aún no fueron entregados porque están siendo refaccionados.

“Comencé pagando 13.000 pesos y este mes la cuota subió a 17.500. Esa cifra que supera el 50 por ciento de mis ingresos. Sólo quiero poder darle un techo a mis hijos”, dice Analía, docente de nivel inicial.

“Mi salario subió 22 por ciento y la UVA 47”, calcula Grecia, cuyo ingreso equivale a 3 salarios mínimos, piso salarial para ingresar al plan. “Es imposible seguir así, vivo con mis papás y mí nena de 9 años. Como no llego a fin de mes mi mamá me paga la Sube”, relata y agrega: “Si el Instituto de la Vivienda no colabora y ayuda en la financiación, voy a seguir viviendo hacinada en la Villa 20.”

“No nos dieron opción de elegir. Nos adjudicaron un 3 ambientes de 89 metros cuadrados. Depositamos la primera cuota el 3 de enero con la UVA a 31,06 pesos y en dos meses subió a 33,27. Estamos pagando cuotas de 28.000 pesos, equivalen a la mitad de nuestros ingresos. Vivimos con mis suegros, somos tres personas en una pieza de 4x4”, cuenta Johanna.

Hace menos de un año el plan era presentado como panacea para la clase media baja porteña: promocionado como el crédito hipotecario más bajo del mercado, ofrecía cuotas que equivalían al pago de cualquier alquiler en Capital.

Por un monoambiente prometían cuotas que rondaban entre los 6000 a 7500 pesos. Para un departamento de dos ambientes se podían pagar hasta 10.000 pesos y por uno más grande el monto alcanzaba los 14000 pesos mensuales. La realidad es otra.

Por la vivienda más chica hay quienes que pagan hasta 17.167 pesos, por un dos ambientes 19.600 y por tres, 24.979. La diferencia es casi el doble entre lo prometido y lo abonado.

El Programa Barrio Olímpico es supervisado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). La selección (o scoring) de los beneficiarios fue realizada por la institución en cuestión y luego el Banco Ciudad procedió con su propio preacuerdo financiero. El crédito consiste en ahorrar el 6 por ciento de la propiedad en nueve plazos fijos. Este programa se destinó tanto para familias con ingresos formales como  también mixtos e informales. El IVC otorgaría el 14 por ciento del valor de la propiedad como subsidio. El monto restante podía pagarse en 10, 20 y hasta 30 años.

En las 49 hectáreas del predio de la Villa Olímpica fueron emplazados los 31 edificios con más de 1000 departamentos destinados, principalmente, a familias de la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), empleados de la Policía de la Ciudad y docentes.

“Me gustó el crédito porque yo podía aplicar con ingreso informal, eso es lo que me imposibilitó siempre tener mi vivienda. Además los importes que se manejaban eran otros”, confiesa Analía. 

“La ley del Barrio Olímpico (BO) se ha convertido en letra muerta porque no asegura las condiciones que se enuncian. El crédito UVA no figuraba en lo votado por la Legislatura, fue elegido por el Poder Ejecutivo”, explica el legislador del PO Gabriel Solano.

La UVA (o Unidad de Valor Adquisitivo) valía el 31 de diciembre 31,06 pesos. A comienzos de 2018, el valor era de $21,15. Es decir, subió 46,9 por ciento en línea con la inflación y la devaluación. Por su parte el índice salarial del Indec aumentó sólo 30,4 por ciento anual.

“La norma establecía tasas preferenciales pero en verdad son de 5,4 por ciento y 6,4 en UVA. Está claro que eso no es un valor preferencial y se volvió inaccesible para quienes fueron adjudicados”, señala el legislador de Unidad Porteña Mariano Recalde.

Los vecinos organizados vía Facebook y Whatsapp vienen reuniéndose con las autoridades del IVC y mantuvieron una serie de encuentros que hasta ahora no han llevado a ningún resultado. “La respuesta solo fue que el crédito así como está es lo mejor que nos pueden dar. Hay diálogo constante pero no existe espacio de negociación”, cuenta Agostina Palas, otra adjudicataria.

Ante la negativa oficial, acudieron a los legisladores opositores. “Haremos una gestión ante la Legislatura y el IVC para que se encuentre una solución. Planteamos un techo del 30 por ciento de los ingresos para las cuotas y que el resto lo pague el Estado”, sostiene Solano.