Fausto Jones Huala es uno de los testigos clave del asesinato de Rafael Nahuel y se encontraba prófugo fruto de un procesamiento que pesaba en su contra. Sin embargo, ayer se entregó a la Justicia y aunque quedó detenido, podría ampliar, en indagatoria, los detalles sobre cómo el grupo Albatros atacó a la comunidad y mató al joven mapuche.
Rafael Nahuel fue muerto durante una persecución que realizó el grupo Albatros de la Prefectura Nacional el 25 de noviembre de 2017 en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, estaban junto a Rafael Nahuel cuando los Albatros ingresaron al territorio en disputa entre la comunidad mapuche y Parques Nacionales. Ellos fueron quienes, tras la balacera de más de 114 disparos con munición 9 mm por parte de los uniformados, improvisaron una camilla y bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta 40 donde fueron detenidos. “No podíamos dejarlo ahí, Rafita nos pedía que lo dejáramos, pero no podíamos”, había dicho oportunamente Jones Huala a este cronista, al repasar el momento del ataque de los uniformados, y el intento por buscar ayuda para la atención médica. Luego de cuatro días de sucedido el hecho, los dos jóvenes mapuches fueron excarcelados, pero en mayo de 2018 la Cámara de Apelaciones resolvió revocar esa medida, y desde entonces pesaba un pedido de captura. En enero pasado, el juez Leónidas Moldes los procesó por “usurpación y atentado contra la autoridad” y les dictó la prisión preventiva. En esa misma resolución, Moldes procesó a cinco integrantes del grupo Albatros por “homicidio agravado” cometido con “exceso en legítima defensa”. Es decir una figura que da por hecho la existencia de un enfrentamiento, a pesar que en el expediente no existe una pericia o un testimonio –con excepción de los de los propios prefectos– que avalen esta tesis.
Esa teoría fue introducida por los Albatros en unos audios de whatsapp que dejaronantes que les secuestren sus celulares. Allí aparece el relato de las “armas de grueso calibre” en manos de los mapuches. Un día después la ministra Patricia Bullrich, lo repitió como una verdad incuestionable. El cierre de la instrucción y los procesamientos fueron apelados por todas las partes involucradas, y este miércoles se realizó en la Cámara de Apelaciones de General Roca la audiencia de exposición de argumentos de la querella y los abogados de los Albatros. La abogada de la familia Nahuel, Natalia Araya, aseguró que “la valoración que hace (el juez Moldes) es errónea, extraña e ilegal”, y denunció “una injerencia muy fuerte del Ministerio de Seguridad, desde el minuto cero de los hechos”.
