Con un argumento que construye peligrosamente a las organizaciones sociales como “estructuras de poder” en la línea con la que se piensa el rol de las Fuerzas Armadas en dictadura, el Tribunal Oral Federal de Jujuy dio a conocer los fundamentos de la condena a Milagro Sala por el escrache de los huevos. Una protesta social, de 2009, en la que ella no estuvo presente. Además de condenar a Milagro Sala a tres años de prisión en suspenso como instigadora de daños agravados, el TOF condenó a Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra. Los fundamentos toman como agravante la condición de líderes sociales de Milagro Sala y Graciela López e invierten la condición de la protesta para trasformarla en una “manifestación” violenta, coordinada, en lo que presentan como un “pelotón militar”. Las 148 páginas son sobre todo un colección de enormes esfuerzos para sostener a toda costa al único testigo de cargo sobre Milagro Sala: el Cochinillo René Arellano, actual funcionario del gobierno de Gerardo Morales.

“El fallo tiene dos tipos de problemas muy graves, técnicos y políticos”, señala la abogada de Milagro Sala Elizabeth Gómez Alcorta. “Los fundamentos llegan a decir que la red de organizaciones sociales son una estructura de poder en una línea que la vincula a la teoría de los aparatos organizados de poder, y en una lógica que invierte la lógica política porque las organizaciones sociales no son el Estado. La estructura de poder acá es la UCR, la Auditoría General de la Nación, es Gerardo Morales. Esa teoría corre el rol del Estado y de los funcionarios para colocarlos como víctimas-minorías y deja en el lugar del poder-Estado a las organizaciones sociales”.

 La gran prueba de la “instigación” de Milagro Sala es la declaración de Arellano. Los fundamentos muestran la voluntad de los jueces Mario Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Díaz de salvar como sea ese único testigo de cargo. Es la única persona que dice de forma directa que Milagro Sala hizo la reunión en su casa antes de la protesta. Que lo mandó a golpear a Morales. Y que ofreció los huevos. Durante el juicio, el equipo de abogados de la Tupac Amaru marcó sus muchas contradicciones, por ejemplo, el contacto con el abogado de Morales, hecho que él contó de una manera y su esposa de otro. Además, problemas con sus custodios, que huyeron al comprobar que traficaba drogas y andaba con armas y las mentiras de una denuncia contra Milagro Sala por amenazas en una causa en la que ella fue sobreseída. Y finalmente, cuando mintió sobre su condición de empleado del estado provincial. Las defensoras le preguntaron más de una vez si trabajó o trabajaba para el Estado. Siempre dijo que no. Un informe de Veraz confirmado por el gobierno comprobó que se desempeña como coordinador del área de cooperativas del gobierno de Jujuy desde septiembre de 2016.

  En sus ansias para sostener su declaración los jueces tomaron como prueba, por ejemplo, declaraciones de él y de su esposa en la instrucción. No respondieron las objeciones de las defensas, salvo en dos puntos: el abogado de Morales y el tema del trabajo. Sobre el primero, dijeron que no importan las contradicciones de Arellano y su esposa sobre cómo lo conocieron. Y sobre el trabajo dijeron que las defensas preguntaron mal. Además, que él pudo haber entendido mal las preguntas. Que dijo que trabajaba en cooperativas y que ser coordinador de cooperativas del Estado o trabajar en cooperativas es casi lo mismo.

“El primer error tremendo es que usen la declaración de Arellano en instrucción porque eso está prohibido”, dice Gómez Alcorta. “Además, tuvieron que reconocer las contradicciones pero dijeron que no es grave. Es decir, admitieron que hubo una mentira pero dijeron que no es grave. Y sobre el tema del trabajo, dicen que nosotras no fuimos claras con las preguntas y debíamos haber profundizado, pero yo me acuerdo que el presidente del tribunal me impidió seguir preguntando”. Aún así, continúa, “lo que no explican en ningún lugar del fundamento es cuál es la relación que existe entre la supuesta instigación y la rotura de los vidrios. Es decir, en qué lugar de las palabras de Milagro que le hacen decir por medio de Arellano, aparece que ella instigó a la rotura del edificio. En términos técnicos todo esto es muy grave”.

  Los jueces también tuvieron problemas para construir la acusación sobre Salvatierra y López. Dice Gómez Alcorta: “Como no tienen un sólo testimonio que pruebe que ellos cometieron alguno de los daños, dicen: infundieron con su presencia confianza y seguridad para que los ocupantes del espacio cumplan con los cometidos dañinos. Esa acción que le adjudican no existe. Esto es técnicamente una monstruosidad”. Allí también señala el problema de las penas: cómo tomaron la condición de líderes sociales de Milagro Sala y de Graciela López como agravantes para la acusación. Además, en los fundamentos dicen que incentivaron por medio de la violencia a atemorizar a los disertantes. Y en eso consisten las amenazas. Pero ellos le prescribieron las amenazas, ahora no se las pueden terminar reprochando”.

 Los jueces no quisieron atacar aparentemente el derecho a la protesta, pero para evitarlo convirtieron a las organizaciones en un “pelotón militar” que avanzó contra los derechos de lo que llaman una “minoría”.

“No se trató de una manifestación de la libertad de expresión, como alegara la defensa –dicen– sino en contra de la libertad de expresión del representante de una entonces minoría. Fue un acto de intolerancia hacia una minoría”. Los jueces señalan que los acusados “prevaliéndose del amparo que les brindaba el hecho de estar asociados, afiliados, agremiados, etc, en una estructura de poder, como son las organizaciones sociales -especialmente la Tupac Amaru-, buscaron y lograron exceder amplia y grotescamente los límites de la legítima protesta social.”

  Otro hito es sobre el rol de un comisario llamado Fabio Zerpa, quien admitió espionaje ilegal en las manifestaciones. Las defensas pidieron abrir una investigación. Los jueces dijeron que, pese a que no había orden judicial para hacerlo, Zerpa hizo todo en el marco de sus atribuciones.

Así es Jujuy. En 2012 la Corte Suprema de Justicia declaró la emergencia judicial por las resistencias de los jueces a avanzar con las causas por crímenes de lesa humanidad.