Pocas veces, en la historia de este país, tuvo lugar en el Congreso Nacional un encuentro de Comisión tan relevante y tan decisivo para las instituciones y para la vida real y concreta de los ciudadanos de este país. La información que revelaba allí en la tarde del miércoles el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, constaba de miles de piezas escalofriantes que involucraban en una red de espionaje ilegal a funcionarios de los tres poderes del Estado. Y a ellos, se sumaba el que fuera el “cuarto poder” por su supuesta capacidad de contrapeso, y que ahora es nada más que una pata de la infamia: los grandes medios. 

Si uno tuviera que elegir una sola palabra para describir el escenario que iba conformando ese puzzle de informes de inteligencia, extorsiones, aprietes, carpetazos, insinuaciones de desaparición de personas, causas fabricadas a través de una larga cadena de delitos que tenían por objeto el encarcelamiento de opositores, en fin, todo que venimos escuchando, optaría por la palabra “inseguridad”. Porque si esa red no se desarticula, si la cima del Poder Judicial opta por hacerse la ciega cuando el Servicio Penitenciario no le responde a un juez federal y por no otorgarle garantías ni a las presuntas víctimas ni al juez que lleva la causa, eso es inseguridad. No sólo jurídica. Hay vidas en juego y quizá algunxs ya hayan pagado con ella. Si la burda operación de otro juez para abortar esa investigación con un pedido irregular no es objetada, si hay indicios de que la campaña electoral del partido de gobierno está siendo planificada por asesores de un gobierno extranjero, si el agente inorgánico que paseó por todas las pantallas la información de inteligencia que llevaba membretes de agencias de inteligencia de otros países, si algunos de los audios no reflejaran con precisión lo que venimos observando hace años (esto es: que son los medios a los que les es filtrada información surgida del espionaje los que han trocado la noción de “primicia” por el hecho de tener firmas que participan activamente de esas operaciones), todos estamos en peligro. Nuestras vidas no valen nada porque por necesidad ideológica o política, que a su vez surge siempre de una necesidad económica, cualquiera que no se convierta en potus o no sea macrista, puede terminar en la cárcel o muerto. 

“Quiero gente presa” fue una de las primeras frases que esos mismos medios cercanos al off de record recogieron de boca del Presidente apenas asumió. Lo publicaron como un alarde de poder, como un rasgo delirante de autoridad o como se saborea un caramelo del gusto favorito. Y pocos días después, Milagro Sala era detenida en su casa de Cuyaya hace más de tres años, por orden de un gobernador que hace poco autorizó la siembra de canabbis para uso medicinal pero con marca comercial y en tierras de su propio hijo. Así es todo, así es la pesadilla. Estamos indefensos frente a un aparato delictivo del que el oficialismo no quiso saber nada y al que le rindió el tributo del mutis por el foro, tal como hicieron algunos legisladores que aunque se digan opositores ya está claro lo que son. Este es un límite y uno de los más macabros y siniestros que han tajeado a este país.

Macri asumió ya imputado por escuchas ilegales. Esas escuchas ilegales comandadas por quien después fuera su primer jefe de policía –imputado y luego absuelto por esa misma rama del Poder Judicial en la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA– constituyeron una causa que durmió hasta la previsible absoluciones: es que sabemos de antemano quién será absuelto y quién condenado, y no importa qué haya hecho. Sin garantías constitucionales no se puede hablar de democracia, y no la hay ahora que Ramos Padilla relata lo que encontró en la casa o en el teléfono de D’alessio. Desde el minuto uno no las hubo. Y la canalla mediática bancó. Incluso los periodistas que al parecer fueron víctimas del espionaje ilegal bancaron. Piden solidaridad pero bancaron, justificaron, legitimaron que otros fueran víctimas del mismo aparato que después los apretó a ellos. 

¿Quién está a salvo hoy? ¿Los maestros, los jubilados, los desempleados, los artesanos, los estudiantes que son reprimidos por agentes policiales que evidencian la necesidad de análisis toxicológicos? No. ¿Los periodistas o los medios opositores? No. ¿Los discapacitados o los enfermos? No. ¿Los vecinos de los barrios asaltados por ladrones o ratas, el personal de las escuelas que se derrumban o se electrifican? No. ¿Las mujeres? No. ¿Los hombres? No. Nada es seguro. Nada nos hace sentir amparados o escuchados o valorados por un Estado que ya no es nuestro y que está siendo despedazado para beneficio económico de una pequeña elite. La seguridad, que usaron y seguirán usando como estandarte, no existe. En un país normal aunque con mil dificultades, si a uno lo asalta un chorro puede llamar a la policía. Pero si es el propio Estado el que delinque de mil modos distintos, ¿a quién le pedimos protección? Eso, exactamente, es un estado de excepción. 

Ningún legislador que haya favorecido con su ausencia el silencio sobre la causa del juzgado de Dolores merece ser reelecto. Ya no se trata de cuestiones políticas o ideológicas sino de estar o no a Derecho. Si es el Estado el que no está a Derecho y a algunos legisladores no les importa, lo que están haciendo es desproteger de un modo ruin a cada uno que lo votó para que ocupe ese lugar. 

De alguna manera, a pesar del escalofrío, los datos que ahora circulan como demonios entre nuestros cuerpos y nuestras mentes reestablecen nuestro contacto con la realidad. Uno puede sorprenderse del tono de impunidad bestial, asqueroso que surge de esas voces que hablan de “quebrados” o de montos en dólares para extorsionarlos a cambio de acusaciones falsas contra terceros elegidos para no molestar entre rejas. Pero por otra parte, la confusión a la que nos han sometido estos años esos diarios que crecieron de la mano del terrorismo de Estado, y todos sus medios satélites, fue desgarrada por la confirmación de lo que ya sabíamos. No lo conocíamos a D’alessio, pero existía algo así como él, que hacía posible que en una suite de un hotel cualquiera (pero de cinco estrellas) un fiscal diseñara una causa para meter preso a un ex ministro.

Esta semana volvieron a procesar a Amado Boudou por un 08. Sería para reírse, si no fuera un dato más de esta tragedia.