La asociación Justicia Legítima se pronunció a favor del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y pidió a las autoridades que “se brinden los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la investigación” sobre la red inteligencia por la cual está detenido Marcelo D´Alessio. El pronunciamiento, titulado “La independencia judicial en jaque”, se dio en momentos en que el Gobierno avanza contra el magistrado e impulsa su juicio político.
Para el grupo integrado por miembros del Poder Judicial, “en un país democrático, la Justicia, para lograr su cometido constitucional, tutela eficaz de los derechos de la ciudadanía, debe contar con los recursos necesarios”, en relación a las falencias que Ramos Padilla expuso en el Congreso el jueves pasado. En se sentido, Justicia Legítimo consideró que “la inasistencia de los otros poderes del Estado en tal sentido implica conculcar la capacidad de autodeterminación de los Magistrados en su actividad jurisdiccional y en consecuencia su debida independencia”.
Ramos Padilla habló ante la Comisión de Libertad de Expresión, en un encuentro al que no asistieron los diputados del oficialismo y planteó, tal como recordó Justicia Legítima que “no cuenta con elementos informáticos adecuados ni personal experto en esa materia, pese a los pedidos efectuados”; y que “el Servicio Penitenciario no traslada a los imputados detenidos para prestar declaración, con el absurdo e insólito argumento de falta de medios”.
Ayer, el ministerio de Justicia dio a conocer un comunicado en el que informó la voluntad de llevar al juez a juicio político tras su intervención ante los diputados. La iniciativa podría formalizarse este lunes, y desde el arco opositor se ve esto como un intento para obstaculizar la investigación, que afecta al fiscal Carlos Stornelli e involucra a periodistas y dirigentes políticos. La causa se inició por la denuncia de Pedro Etchebest, un empresario a quien el falso abogado D´Alessio le pidió 300 mil dólares de coima para que Stornelli no lo involucrara en la causa de las fotocopias de los cuadernos. A partir de allí surgió el entramado de espionaje, cuyas derivaciones llevaron a Ramos Padilla al Congreso.
Además de pedir que “se zanjen tales dificultades” y se otorguen los medios para afrontar la investigación, Justicia Legítima reclamó que se garantice “la seguridad personal” de Ramos Padilla y sus colaboradores. “La inasistencia de los otros poderes del Estado en tal sentido implica conculcar la capacidad de autodeterminación de los Magistrados en su actividad jurisdiccional y en consecuencia su debida independencia”, cierra el comunicado.
