@ Alfredo Arrillaga, el jefe militar encargado de recuperar el cuartel de La Tablada en la represión del 23 de enero de 1989, habló ante el tribunal que lo juzga por la desaparición de José Díaz, uno de los integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que había tomado el regimiento. Fue la primera vez en treinta años que se escuchó la voz del militar ante los jueces. No hizo una defensa política pero sí reivindicó su actuación como el hombre encargado de “recuperar” el cuartel. Negó de manera sistemática los hechos por lo que se lo acusa –“no hubo fusilamiento”– y buscó criminalizar a las víctimas. En ese sentido, se preocupó en sostener todas las pistas falsas que sembró para justificar el relato oficial de lo sucedido pero que el juicio desacreditó.
Arrillaga no aceptó preguntas y se limitó a explicar de manera conveniente su rol en “el combate de La Tablada” al que caracterizó como “una gran desprolijidad” pero no por su culpa sino que responsabilizó a la Policía bonaerense e incluso afirmó que los integrantes del MTP contaban con mejor calidad de armamentos que el Ejército.
El militar purga cinco condenas a perpetua por su desempeño en Mar del Plata durante la última dictadura y ahora enfrenta a la Justicia por una de las cuatro desapariciones ocurridas tras la rendición del MTP. Ante el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, Arrillaga trató de relativizar lo ocurrido en la “recuperación militar”, como llamó a lo sucedido en el cuartel, donde “no hubo fusilamientos ni cosas raras”, según sus palabras. Las cosas raras vendrían a ser los desaparecidos que provocó el ataque del Ejército.
El MTP copó el Regimiento 3 de La Tablada bajo el argumento de que lo hacía para frenar un golpe de estado contra el gobierno de Raúl Alfonsín, que casi dos meses antes había afrontado en Villa Martelli el tercer alzamiento carapintada. En los hechos de La Tablada murieron 32 miembros del MTP, nueve militares y dos policías. Fotografías tomadas luego de la rendición de los atacantes mostraron vivos a integrantes del MTP que continúan desaparecidos: José Díaz, Francisco Provenzano, Iván Ruiz y Carlos Samojedny. El juicio busca establecer la responsabilidad de Arrillaga en el caso de Díaz.
El militar adujo que la “desprolijidad” se produjo por factores como “la sorpresa ganada por los terroristas al iniciar el ataque” y “el accionar desprolijo de la policía”, además de remarcar que el copamiento ocurrió “durante la licencia del Ejército y coincidiendo con el cambio de guardia en la unidad”. También dijo que los atacantes tenían “armamento más moderno” que el Ejército.
En otro pasaje de su declaración, Arrillaga sostuvo que careció de comunicaciones. “Llegamos al punto crítico de la falta total de comunicaciones que impedía una conducción centralizada”, manifestó. A raíz de ello se produjo “la falla de la conducción centralizadas”, porque no podía saber “lo que estaba pasando del otro lado del cuartel”.
Un viejo vocablo de la jerga militar volvió a escena: “aniquilar”. Arrillaga sostuvo que para el Ejército hay dos acepciones: “aniquilamiento físico del adversario o quebrar su voluntad de lucha”, y que lo que quiso hacer en La Tablada fue lo segundo. “Lo que sucedió, fue la rendición de La Tablada”, manifestó como forma de deslindar responsabilidad en lo sucedido. Y fue más allá: “Acá no hubo fusilamientos ni cosas raras”.
Arrillaga también relató el momento en que se produjo la rendición del 24 de enero. “A la mañana se intima la rendición, se ve que salen los terroristas a un lugar abierto para tener la posibilidad de ser filmados. Cuento unos 13 y una mujer herida, que va a fallecer luego, desconozco el lugar, pero será luego recogida por la Policía bonaerense en alguna parte del cuartel”, expresó en relación a Berta Calvo. La querella sostiene que entre los rendidos estaban Samojedny y Provenzano, y que el Ejército no los contabilizó entre los sobrevivientes. El militar no aludió a eso ni se refirió a Díaz, el caso por el que está sentado en el banquillo.
Más adelante, habló de la visita de Raúl Alfonsín al cuartel recuperado, horas después de la demostración de fuerza de los militares y pretendió contar con el apoyo del entonces presidente, quien “observa a los detenidos, cómo se les da apoyo médico, a uno se le coloca suero por la deshidratación de más de 30 horas de combate, observa el trato que si bien es duro es correcto”. Arrillaga estimó que “si mi proceder hubiera sido errado respecto de los detenidos, el señor presidente hubiera reaccionado ante un acto perjudicatorio a los detenidos, y hubiera aplicado el máximo rigor de inmediato ante la ley”. Lo cual no se condice con los testimonios de sobrevivientes encapuchados, que fueron torturados y escucharon cuando el mandatario ingresó al regimiento.
“¿Cuáles fueron mis errores? ¿Haber sido designado general de brigada durante un gobierno institucional, haber jurado a la bandera ofreciendo nuestra vida, jurar subordinación y valor para defender la patria?”, se despegó Arrillaga, quien llegó a decir que se enfrentó a Seineldín en el alzamiento carapintada de 1988 y que por eso algunos subordinados podrían no haber obedecido sus órdenes en La Tablada.
En su defensa, nombró a todos a los militares muertos durante los sucesos de La Tablada y no mencionó el nombre del sargento Ricardo Esquivel, a quien la versión oficial dio por muerto a manos de Ruiz y Díaz antes de una supuesta fuga. Los testimonios en el juicio dejaron claro que Esquivel murió antes de las detenciones. Arrillaga no incluyó entonces el nombre del sargento en el listado de bajas.
