Desde Londres 

Nadie sabe si el Reino Unido va a dejar la Unión Europea sin acuerdo y mucho menos qué ocurrirá en caso que suceda esto. La fecha de salida es el 29 de marzo, pero esto podría ser renegociado con la UE esta semana. Abundan los pronósticos catástrofe, dignos de alguna futura película de Hollywood o serie de Netflix. Entre los más alarmistas, curiosamente, están las del mismo gobierno. 

El gobierno lanzó el pasado agosto su “No Deal Guidance Notes”, una guía tema por tema, respecto a qué esperar y cómo prevenirse para los peores efectos de una salida intempestiva. A la fecha hay más de 100 “Guidance Notes” que cubren desde los viajes al continente hasta los medicamentos, desde la industria al sector financiero, desde el medio ambiente hasta la inmigración. 

Ni los más entusiastas eurófobos que impulsan un Brexit duro (ruptura de cualquier vínculo especial con la UE), dejan de admitir que habrá un impacto económico. La evaluación gubernamental es que la caída del PIB podría ser del 10,7 por ciento en los próximos 15 años. El Banco Central de Inglaterra señala que la libra bajará en un 25 por ciento y se duplicará el desempleo. Las industrias farmacéuticas y automotriz serían las más afectadas: una pérdida del 20 por ciento.

Los consumidores percibirán este impacto muy rápidamente por dos vías: posible escasez de algunos productos esenciales y aumento de los precios. El Reino Unido importa la mitad de sus alimentos: un 90 por ciento de la lechuga, un 80 de los tomates, un 43 de sus zanahorias. Un 30 por ciento de esta importación proviene de la UE. 

En las reglas actuales del comercio mundial, a falta de un acuerdo (tratado de libre comercio, por ejemplo), imperan las reglas arancelarias y paraarancelarias de la Organización Mundial del Comercio. El cálculo es que los productos que importa el Reino Unido de la UE podrían tener un incremento automático arancelario de hasta el 38 por ciento.

Los comerciantes británicos admiten que no van a poder trasladar estos aranceles enteramente a los precios, pero descartan una inevitable dosis de aumentos con el consiguiente impacto inflacionario en un contexto de salarios estancados desde que comenzó el programa de austeridad conservador, allá por el 2010. El peor de los escenarios que calculó el director del Banco de Inglaterra, Mark Carney es un incremento del 10 por ciento del precio de compra de supermercado. 

En el caso más dramático de los medicamentos, el gobierno ha apelado a una medida de emergencia: el almacenamiento de hasta 60 días de remedios esenciales. Aún así, la primer ministro Theresa May y el titular de la cartera de Salud, Matt Hancock, se negaron a ofrecer plenas garantías para la provisión de remedios esenciales. 

El Reino Unido y la Unión Europea no conocieron fronteras en las últimas décadas. A falta de un acuerdo, se erigirán automáticamente los controles fronterizos. En este momento los controles se limitan a verificación de identidad y chequeo de seguridad, una situación que cambiará radicalmente porque los camiones con destino al continente y viceversa tendrán que completar una declaración aduanera y en el caso de muchos productos, se necesitarán chequeos personalizados. 

En el puerto de Calais, que concentra un 17 por ciento del comercio entre el bloque y el Reino Unido, se calcula que una demora adicional de dos minutos en los trámites aduaneros puede crear colas de camiones de más de 20 kilómetros. Según la Asociación de Transporte por Carretera del Reino Unido (RHA en las siglas en inglés), los camiones tendrán que rellenar un formulario con 40 secciones diferentes: el cálculo es que cada formulario toma unos 10 minutos. 

El impacto alcanzará a los costos de producción. “En el caso de un comerciante que tenga ocho mil envíos para procesar, se necesitarán 170 personas que trabajen ocho horas para un vehículo”, señala el CEO de la RHA, Richard Burnett. 

El temor a una situación similar en los aeropuertos parecería haber sido neutralizado con el anuncio el 7 de marzo de que ambas partes habían adoptado medidas para que no se produzca uno de los escenarios más temidos: una parálisis de los vuelos. Unos 164 millones de pasajeros vuelan anualmente entre el Reino Unido y la UE. El tema de los visados para los millones de británicos que van de vacaciones al continente quedó pospuesto hasta 2021 cuando entraría a regir una visa de siete euros a menos de que se llegue a un acuerdo específico al respecto. Lo que no se podrá cambiar es la caída de la libra, que se depreció en un 19 por ciento desde el referendo de 2016, y que, según los pronósticos seguirá cayendo, afectando las finanzas de los turistas británicos que viajen al continente.

La lista de avatares es más larga que la publicada por el gobierno británico. Entre los pro-Brexit, señalan que es todo un “Project fear”, un intento de generar miedo para evitar una salida del Reino Unido de la UE. Señalan que en el caso de alimentos, el Reino Unido podría eliminar unilateralmente los aranceles de importación. Esta semana el gobierno anunció que estaba contemplando una medida de este tipo para una amplia gama de productos. 

Es una política que puede aplicarse sin mayores problemas para ciertos productos –aluminio, acero, maquinaria, calzado, madera– pero sería mucho más complicado para otros que requieren una mayor dosis de proteccionismo: la industria automotriz, el campo, especialmente para la carne y los productos lácteos. Estas políticas sectoriales harían más complicado llegar a acuerdos de libre comercio con otros países, uno de los grandes objetivos de los pro-Brexit, que opinan que la salida de la UE sin acuerdo será, más allá de algunas complicaciones iniciales, una liberación de las fuerzas productivas.