El pedido de juicio político al juez federal Alejo Ramos Padilla que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri será presentado formalmente en el Consejo de la Magistratura mañana, según adelantaron a PáginaI12 fuentes del oficialismo en ese cuerpo. Lo presentará el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques, quien repetirá en su solicitud los argumentos que el Ministerio de Justicia hizo públicos en el comunicado que difundió ayer: que Ramos Padilla tuvo supuestamente una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”. Una vez hecho el pedido, el tema quedará en manos de la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, donde al Gobierno deberá sortear varios obstáculos para lograr avanzar contra el juez que investiga la red de espionaje y extorsión política, mediática y judicial que quedó al descubierto a partir de la denuncia contra el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Comprometido por la investigación que involucra a sectores del oficialismo, la Casa Rosada decidió avanzar a fondo contra Ramos Padilla. El Gobierno le recrimina al juez su presentación ante el Congreso, donde expuso sobre el caso que involucra al fiscal Carlos Stornelli, a quien el viernes volvió a citar a indagatoria. Allí, Ramos Padilla reveló que “también hay diputados que utilizaban la red de espionaje” y mencionó a la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, y su principal espada judicial, la diputada Paula Oliveto.

La voz oficial corrió por cuenta del consejero y diputado del PRO Pablo Tonelli. “Nosotros creemos que el juez Ramos Padilla se ha excedido. Si pedimos una investigación es justamente para asegurar la independencia de la Justicia”, se justificó. Tonelli sostuvo que el juez incurrió en “varias irregularidades”. “Hay un reglamento de la Justicia que establece que ningún juez puede presentarse ante otro poder sin autorización de la Corte Suprema. Por otra parte, también el Código Procesal Penal establece la reserva y el secreto de los sumarios de los jueces y él reveló una gran cantidad de detalles que deberían ser secretos o reservados”, sostuvo en declaraciones al canal del diario La Nación. 

Más allá de eso, al oficialismo no le resultará fácil avanzar. “Son espasmos electorales”, deslizaban ayer entre los integrantes de la comisión de Disciplina y Acusación, que ya comenzaban a plantarse frente a la embestida oficial: “No van a llevar a este Consejo, que investiga con celeridad y ajustado a derecho, a los empujones”. Otros consejeros opositores consultados por este diario prefirieron no opinar públicamente del tema, ya que la denuncia todavía no se había formalizado. De todas maneras, dejaron en claro que no se dejarían presionar. “Por nadie”, remarcaron. 

La comisión de Disciplina y Acusación está presidida por el senador del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto. También la integran la diputada massista Graciela Camaño, Tonelli y la senadora radical Inés Brizuela y Doria, el representante de los abogados Juan Pablo Más Vélez, los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones y el representante de la academia, Diego Molea.

De los nueve integrantes de la Comisión se necesitan seis para emitir dictamen a favor de la destitución, que luego debe ser evaluado por el pleno del Consejo y posteriormente elevado al Jury de Enjuiciamiento. Si bien tres responden obedientemente al Ejecutivo (Mahiques, Tonelli y Brizuela), en el Consejo consideran poco probable que los jueces Lugones y Culotta, por más que son cercanos al oficialismo, estén dispuestos a avanzar contra un par. “Tiene que ser una acusación muy, muy fuerte”, revelaban anoche. Tampoco será fácil que Molea, cercano al peronismo, acompañe la embestida. Habrá que ver qué actitud adopta Más Vélez, de cuna radical, pero cuyo voto no alcanzaría para conseguir el objetivo del macrismo.

Si bien el Consejo suele reunirse cada 15 días, y ya se reunió la semana pasada, fuentes del organismo no descartaban que dada la sensibilidad del tema se adelante la convocatoria. Una vez presentada la denuncia debe sortearse un “consejero instructor” que deberá llevar adelante la investigación y preparar el dictamen. Como ya existen otras tres causas contra Ramos Padilla, los consejeros deberán votar si deciden o no la acumulación de los expedientes en un mismo consejero instructor. Una las denuncias la instruye Graciela Camaño, las otras dos las tiene Tonelli.

En este marco, Ramos Padilla tiene previsto ir al Consejo de la Magistratura el 25 de marzo, pero por otro asunto: está concursando para ser juez federal de La Plata, un juzgado clave porque es el que tiene la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Si bien hasta ahora está primero en el orden de mérito provisorio de los candidatos que el Consejo debe elevar al Ejecutivo, está más que claro que Macri no seleccionará para enviar al Senado el pliego de un juez al que pretende destituir.