La denuncia inicial por la extorsión del falso abogado Marcelo D’Alessio contra el empresario Pedro Etchebest en nombre del fiscal Carlos Stornelli para no involucrarlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos generó un sinnúmero de repercusiones judiciales, políticas y hasta mediáticas. El caso puso sobre la mesa con más pruebas que nunca el submundo mafioso en el que se mezclan servicios locales e internacionales con fiscales, jueces, operadores disfrazados de periodistas y otros personajes de la peor calaña. A fin de ordenar la información dispersa producida desde se conoció la denuncia, PáginaI12 presenta una cronología con los hechos y derivaciones más importantes:

  • Viernes 8 de febrero, Página/12 informó en detalle que Marcelo D’Alessio, agente de la DEA y sobrino del escribano general de gobierno, había extorsionado al empresario Pedro Etchebest en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli para no detenerlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Tras acumular audios, filmaciones, fotos y capturas de pantalla, el empresario lo había denunciado el 28 de enero en Dolores, jurisdicción donde presenció un encuentro entre espía y fiscal. Un día después del primer allanamiento a D’Alessio y horas antes de la publicación, la diputada Elisa Carrió anunció que “Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli”.
  • Lunes 11 de febrero. Carrió se presentó a la justicia para sugerir que la denuncia era una confabulación de presos ligados al kirchnerismo para acusar a Stornelli. Como prueba presentó escuchas que dijo haber recibido en un sobre anónimo. Eran grabaciones tomadas en la causa al “rey de la efedrina” Mario Segovia, que además de no revelar ninguna operación debían haber sido destruidas porque no tenían relación con el objeto de esa investigación. Ese día la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó que D’Alessio trabajara para ella. El espía había dicho que el ministerio le pagaba por defender al financista Leonardo Fariña. “Lo he visto una vez, me parece una persona que tiene algún tipo de problemas”, dijo Bullrich.
  • Martes 12 de febrero. Con cinco días de atraso, Stornelli denunció a D’Alessio por defraudación. Lejos de su primera reacción, cuando dijo que todo era “una operación política” y que sólo había visto a D’Alessio dos veces, admitió que era un habitué de su fiscalía involucrado en diversos delitos. Como al pasar, dijo que la extorsión se pagó en Puerto Madero, la jugada para quitarle la causa a Ramos Padilla. Poco después se sorteó el expediente y recayó en Julián Ercolini, juez amigo del gobierno y de Stornelli. Completo la jugada el abogado de D’Alessio, Claudio Fogar, al pedir que interviniera Ercolini. Ese mismo día el abogado José Manuel Ubeira pidió apartar a Stornelli de la causa de las fotocopias, tras denunciar que de los chats recibidos por Etchebest surgía que D’Alessio había acordado con el fiscal hacerle una cámara oculta. El objetivo era insinuar que formaba parte de una maniobra extorsiva contra el fiscal. Ubeira representa a Oscar Thomas, ex director de Yacyretá, quien no aceptó ser “arrepentido” en la causa de las fotocopias.
  • Miércoles 13 de febrero. Por orden de Ramos Padilla y de su par de Lomas de Zamora, Federico Villena (en una causa por lavado de dinero del narcotráfico), se allana la mansión de D’Alessio en el country Saint Thomas. Se encuentran con una fortuna descomunal (diez autos de lujo, un yate), con armas de última generación, placas de la DEA y abundantes pruebas sobre las actividades de inteligencia que desarrollaba. En la madrugada del jueves D’Alessio se presenta en un juzgado penal para presentar un hábeas corpus. Allí declara que el pedido de plata a Etchebest fue en el marco de una investigación que hacía para dos agentes orgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. El propio imputado pone en el centro de la escena al Poder Ejecutivo, del que depende la AFI, que conduce el amigo del presidente, Gustavo Arribas.
  • Viernes 15 de febrero. Un hijo de Ricardo Barreiro, ex secretario de la ex presidenta Cristina Kirchner que había estado detenido en la causa de las fotocopias, denunció ante Ramos Padilla que D’Alessio intentó extorsionarlo para que liberen a su padre y no detengan a su hermano. El mismo dato le había hecho conocer su padre a Stornelli al declarar en su fiscalía el 8 de octubre.
  • Lunes 18 de febrero. Ramos Padilla indaga a D’Alessio, ya detenido, quien niega ser el “cajero” de Stornelli y sugiere que fue engañado por el gobierno a través de la AFI, en especial de Bogoliuk. Le implora al juez que le permita volver a su casa, aunque sea con una tobillera electrónica.
  • El mismo día el juez le pide al juez Ercolini copia de la causa que instruye y a Stornelli los intercambios de WhatsApp con D’Alessio, para confrontarlo con los que aportó Etchebest. El fiscal se niega a enviarlos, mientras avanza la maniobra para quitarle la causa a Ramos Padilla. Ercolini, sin haber visto una sola foja de la causa por extorsión, le pide que le remita el expediente a su juzgado en Comodoro Py. El cuestionamiento a su competencia obliga al juez de Dolores a levantar el secreto de sumario para pedirle opinión a todas las partes.
  • Lunes 25 de febrero. Ramos Padilla procesa a D’Alessio como miembro de una asociación ilícita dedicada a realizar “ablandes, carpetazos, operaciones de inteligencia y producir pánico” en personas luego extorsionadas para que “se volvieran arrepentidos o entregaran dinero”. Esa noche pide la detención de los dos ex comisarios.
  • El mismo día, los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade y el senador Marcelo Fuentes la piden al titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, el radical Juan Carlos Marino, que cite a Ramos Padilla para responder sobre “la actividad de agentes de inteligencia -orgánicos o inorgánicos- que están llevando adelante operaciones ilícitas vinculadas con la actividad del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal”, que mencionó en el procesamiento.
  • Miércoles 27 de febrero. Los ex comisarios se niegan a declarar ante Ramos Padilla. D’Alessio hace lo propio ante el juez Luis Rodríguez, que desempolvó una denuncia de fines de 2016 por la extorsión a un comerciante llamado Gabriel Traficante, a quien intentó sacarle 90.000 dólares para supuestamente aliviar su situación en el fuero penal económico.
  • Jueves 28 de febrero. Ramos Padilla cita a indagatoria a Stornelli para el 7 de marzo. “Las distintas investigaciones y espionajes que le reclamaba el fiscal a D’Alessio, a quien consideraba un servicio de inteligencia de los Estados Unidos y a quien le pedía ‘merca’ (información), le solicitaba ‘investigaciones paralelas’ o ‘extraoficiales’ y hasta operaciones de espionaje para perjudicar a abogados que lo incomodaban. Como ya se ha dicho, D’Alessio no era un simple extorsionador u operador judicial que habría girado a un fiscal descuidado, sino alguien que se presentaba como agente de la DEA y se ponía al servicio del fiscal para realizar tareas de investigación y espionaje”, destaca. Notificado sobre la indagatoria, el procurador interino Eduardo Casal abre un expediente disciplinario contra Stornelli. El mismo día, el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, le pide sorpresivamente a Ramos Padilla que decline su competencia y mande la causa al juzgado de Ercolini.
  • Viernes 1º de marzo. Ramos Padilla envía un informe a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso y se ofrece a concurrir personalmente. Envía además una caja con elementos de prueba y 943 páginas de transcripciones y fotocopias, que no es recibida por asueto del Congreso.