Transcurrido un año del asesinato político de Marielle Franco y más allá de que el estado brasileño divulgue su pretendido esclarecimiento, existe un contexto criminal que lo hizo posible. En él se tornan omnipresentes las denominadas milicias de Río de Janeiro. Grupos de policías militares, penitenciarios y hasta bomberos que toman el control en determinado territorio e imponen su propia ley a muerte, extorsión y rapiña. Los vínculos del clan Bolsonaro - básicamente los hijos que son funcionarios - con estas mafias están más que probados. Flavio tuvo de asesor al chofer Élcio Queiroz acusado de conducir el auto en que viajaba Ronaldo Lessa, el presunto autor material de la ejecución de la militante feminista y concejala del PSOL. Otro dato: Adriano Magalhães da Nóbrega, hoy prófugo por el homicidio y jefe de las milicias de Río das Pedras, fue homenajeado por el senador e hijo mayor del presidente en la Asamblea Legislativa de Río en 2003. También le concedió la medalla Tiradentes, máxima condecoración de aquel poder estadual. Además, Queiroz contrató mientras trabajaba para Bolsonaro (h) a familiares del policía militar fugitivo con sueldos altísimos.
El fenómeno de las llamadas milicias se consolidó en Río de Janeiro a mediados de la década pasada y saltó a los medios. En 2006 ya eran ostensibles en las favelas. Hoy dominarían unas noventa, según académicos que publicaron trabajos sobre estas bandas criminales. Uno de ellos se titula “No sapatinho (en zapatillas), la evolución de las milicias en Río 2008-2011”. Sus autores, Ignacio Cano y Thais Duarte, realizaron la investigación con el apoyo de la fundación alemana Heinrich Böll.
Arribaron a la conclusión de que estas mafias reúnen cinco características que les son afines a todas: el dominio territorial y poblacional de áreas reducidas por parte de grupos armados irregulares; la coacción, en alguna medida, contra los vecinos y los comerciantes; la motivación del beneficio individual como elemento central; un discurso de legitimación relativo a la liberación del tráfico de drogas más la instauración de un orden protector y la participación pública de agentes armados del Estado en posiciones de mando.
El trabajo publicado en 2012 que compartió con PáginaI12 el militante por los derechos humanos brasileño Jair Krischke, menciona que “estos grupos de ex policías constituyen el mismo fenómeno conocido como grupo de exterminio en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en la Bajada Fluminense y en la Zona Oeste de la ciudad de Río de Janeiro. La novedad de las milicias sólo estaría en la ampliación de los negocios con la ‘venta’ de productos y servicios. Esta característica también estuvo presente en el inicio de las mafias italiana y norteamericana”.
Krischke apunta una coincidencia notable entre el crimen político de Franco y el homicidio de la jueza Patricia Lourival Acioli en agosto de 2011, quien era implacable con los grupos paramilitares del municipio de Sâo Gonçalo, uno de los más populosos de Río. Llevó a prisión a unos 60 policías y la mataron de 21 tiros en la puerta de su casa. “El jefe de Lessa en la 9º Brigada de la Policía Militar era hace años el teniente coronel Claudio Luiz Silva de Oliveira, el uniformado que recibió la pena más alta por la muerte de la magistrada: 36 años de prisión”, recuerda.
Las milicias obtienen recursos de la política, de los asesinatos por encargo, de las zonas que disputan con el narcotráfico o en alianza con éste, de los chantajes que cometen contra empresarios, comerciantes y vecinos a cambio de protección. Incluso manejan hasta las conexiones truchas de la TV por cable o Internet en las favelas o el servicio de transporte ilegal. Pero también recaudan de actividades legales como la venta de gas envasado. Son un emporio mafioso que se instaló como tema cotidiano en los medios desde el 14 de mayo de 2008. Ese día, periodistas del diario carioca O Día fueron secuestrados por integrantes de las milicias en la favela de Batan, en la zona oeste de Río.
El informe de 151 páginas de Cano y Duarte que tomó el período de 2008-2011 detalla que los cronistas “fueron sometidos durante horas a formas extremas de abuso físico y psicológico. Ellos estaban realizando una pesquisa en sigilo para hacer una nota sobre la actuación de la milicia…” El dominio de estos grupos en las favelas había dejado de ser novedoso. Ya operaban en la periferia de la capital carioca y en la Bajada Fluminense, donde los asesinatos se cuentan de a miles por año. Pero el secuestro de los periodistas desembocó en la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. La misma donde Flavio Bolsonaro distinguió una y otra vez a integrantes de estas mafias.
Las milicias suelen estar representadas en un poder del Estado. Tienen diputados y concejales, incluso miembros de la Justicia que les dan cobertura y hasta influencias sobre los poderes ejecutivos estaduales. Para Krischke hay una clara diferencia por eso con los temidos escuadrones de la muerte de la dictadura brasileña. Señala que son dos cosas distintas.
Marcelo Freixo, diputado federal en Río por el PSOL describió a este fenómeno estructural por otra de sus características: “Si la milicia sabe que va a entrar el ejército en una favela, el ejército entrará y no encontrará un solo miembro de la milicia. Además, habrá miembros de la milicia entrando al lado de los militares. La lógica de guerra contra ellas no es eficaz. Con la milicia hace falta información confidencial, investigación, porque los jefes de las milicias están dentro de las fuerzas de seguridad. La milicia tiene una cabeza para los negocios y otra para la política. Transforma el dominio del territorio en dominio electoral. La milicia elige no solo a su propia gente, también elige a los senadores, diputados y al gobernador”. Freixo fue el mismo que en febrero de 2007 pidió que se creara la comisión investigadora para seguir a estos grupos en la Legislatura carioca. Con ella se creó una línea para recibir denuncias anónimas a la que se llamó Dizque milicia.